10 de abril 2024 - 08:20

Cinco impactos que tendría la reforma previsional promovida por el PIT-CNT en la economía

Desde su anuncio, jerarcas y economistas vienen advirtiendo de las consecuencias negativas de una reforma constitucional en materia de seguridad social.

El plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT pone en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo.

El plebiscito contra la reforma de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT pone en riesgo la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo.

El PIT-CNT está cada vez más cerca de alcanzar el umbral de las 270.000 firmas necesarias para habilitar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social en Uruguay, con una propuesta que plantea una edad jubilatoria mínima de 60 años, un haber previsional atado al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional.

En este contexto, crecen las preocupaciones tanto desde el gobierno —y el sistema político, en general— como desde los especialistas en seguridad social y economía, que desde un primer momento advierten sobre las consecuencias negativas de una reforma constitucional como la que impulsa la central sindical; sobre todo en en cuanto a la sostenibilidad del sistema previsional, una de las prioridades al momento de avanzar con la ley 20.130.

Suba del gasto público

La primera y más evidente consecuencia de la reforma constitucional que persigue el PIT-CNT a partir de la reducción de la edad jubilatoria —la reforma de la seguridad social aprobada en 2023 la elevó a los 65 años, de manera progresiva— es el aumento del gasto público.

Esto también sucede por el anclaje del haber mínimo previsional al salario mínimo nacional: ambos puntos resultan en mayores pasividades y, por lo tanto, en un fuerte aumento instantáneo del gasto público, tal y como advirtió el socio de Exante, Pablo Rosselli.

En ese sentido, el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, señaló que “se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional”, argumentando que son recursos que el país no posee y que son equivalentes al 1,5 del Producto Bruto Interno (PBI).

Asimismo, bajar la edad de retiro a 60 años supone una suba del gasto estimado en el entorno de los 3.000 millones de dólares, incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, equivalente al 4% del PBI.

“El gasto en jubilaciones y pensiones se va a disparar y no vamos a poder atender la prioridad, que es juventud y niñez”, advirtió al respecto el titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres.

Aumento de impuestos y regresividad

Los economistas coinciden en señalar el carácter regresivo del plebiscito del PIT-CNT, en tanto significaría un aumento de los impuestos como el Impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE), el Impuesto al Patrimonio y las franjas más altas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Si bien se trata de cobrar más a quienes ganan más, para Munyo esto significaría “serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”.

Por su parte, Rosselli señaló que la reforma impulsada por la central sindical “actúa en perjuicio de las generaciones más jóvenes, que son quienes más padecen la pobreza y el desempleo y que deberán soportar una mayor presión tributaria” para sostener un sistema previsional ampliado por la edad mínima jubilatoria de 60 años.

Inseguridad jurídica y juicios al Estado

Otra consecuencia de un inmediato cambio de reglas de tal magnitud como lo sería una reforma constitucional en materia de seguridad social sería la inseguridad jurídica que se provocaría, “no sólo por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAPS sino porque también pone en duda la reforma de 1996”, advirtió Rosselli.

También Mieres señaló que el proyecto del PIT-CNT supondría “dejar de cumplir con sus obligaciones con casi 1,5 millones de uruguayos que tienen cuentas personales a su nombre y se las estarían confiscando de manera indebida e ilegítima”. Esto podría derivar, además, en una enorme cantidad de juicios al Estado.

“Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP (22.000 millones de dólares)”, consideró Munyo, en este sentido. Incluso, anticipó que “las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados”.

Pérdida de la confianza internacional

Todo lo anterior llevaría, indudablemente, a una pérdida de confianza internacional ya que la mayor ventaja de Uruguay frente al mundo es, precisamente, su seguridad jurídica. Además, la insostenibilidad del sistema previsional generaría dudas en la mayoría —sino todos— los potenciales inversores.

Al respecto, el mismo grado inversor del país estaría en riesgo, tal y como advirtió, incluso, Mieres.

Sobre esto, Munyo recordó que “Uruguay lo obtuvo luego de la reforma previsional de 1997, lo perdió con la crisis de 2002, lo recuperó una década después y los solidificó recién ahora gracias a la reforma previsional en marcha”, por lo cual es un proceso complejo.

Reducción del ahorro privado y complicaciones en la distribución del ingreso

La aprobación del plebiscito también llevaría a una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. “Las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional”, anticipó Munyo.

En paralelo, representaría efectos regresivos en la distribución del ingreso, ya que “los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”. También se reintroducen “inequidades” al sistema, con la marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes.

Asimismo, Rosselli consideró que “la indexación de las pasividades mínimas al Salario Mínimo Nacional terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo, como pasaba hasta 2005”. Mientras que “son las personas de mejores carreras y mayores ingresos las que pueden acumular 30 años de servicio a los 60 años de edad”, mientras que “las de menores ingresos deberán trabajar más allá de los 60 años, aunque se apruebe esta reforma.

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