La eventual aprobación del plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social traería “al menos diez consecuencias negativas” para la economía uruguaya, según alertó el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo.
Los 10 riesgos detrás del plebiscito del PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social
El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, mencionó las consecuencias negativas de una eventual aprobación para la economía uruguaya.
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La convocatoria del plebiscito del PIT-CNT logró más de 150.000 firmas
Ignacio Munyo alertó sobre las consecuencias del plebiscito del PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social.
Foto: PixabayLa campaña del PIT-CNT, que ya lleva recolectadas más de 150.000 firmas, deberá superar las 270.000 para que la propuesta sea puesta a prueba en un plebiscito el 27 de octubre, en conjunto con las elecciones 2024.
Ante este escenario, Munyo cuestionó por medio de su cuenta de X (exTwitter) que una aprobación del texto dejaría sin validez las reformas de 1996 y 2023, “con reconocimiento global”, mientras llamó a observar “el espejo argentino del kirchnerismo”, que en 2008 avanzó con un modelo similar.
Incluso, calificó a la iniciativa como “tan populista como retrógrada” y cuestionó que suma “argumentos emotivos de interés inmediato, que chocan con el día después”. Por eso, pidió “evitar la tentación populista” de firmar la papeleta.
Suba del gasto por mayores pasividades y baja edad de retiro
La primera de las consecuencias negativas sobre las que advirtió el CEO de Ceres es la suba del gasto por mayores pasividades. El economista alertó que “se necesitarían más de 1.100 millones de dólares extras por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional”, argumentando que son recursos que el país no posee y que son equivalentes al 1,5 del PIB.
En segundo lugar mencionó un incremento del gasto por bajar la edad de retiro a 60 años, algo que supone una suba del gasto estimado en el entorno de los 3.000 millones de dólares, incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, equivalente al 4% del PIB.
Juicios al Estado y aumento de impuestos
Para Munyo, la tercera consecuencia negativa está vinculada a potenciales juicios al Estado y así lo graficó: “Es factible que afiliados inicien demandas por la confiscación del ahorro administrado por las AFAP (22.000 millones de dólares)”. Incluso, anticipó que “las AFAP podrían hacer lo mismo, reclamando lucro cesante por las comisiones previstas hasta el retiro de los afiliados”.
En paralelo, el texto plantea subir impuestos ante los costos extras. “La iniciativa sindical presupone un aumento de IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas de IRPF”, destacó, algo que consideró que traería “serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”.
Pérdida del grado inversor y de la seguridad jurídica
Munyo señaló meses atrás que una medida como la del PIT-CNT pone en riesgo el grado inversor del país. Recordó que “Uruguay lo obtuvo luego de la reforma previsional de 1997, lo perdió con la crisis de 2002, lo recuperó una década después y los solidificó recién ahora gracias a la reforma previsional en marcha”, por lo cual es un proceso complejo.
A su vez, manifestó que traería aparejado un perjuicio a la seguridad jurídica, clave a nivel internacional. Al respecto, dijo que la iniciativa “deja abierta a la interpretación la exclusividad del Estado en la gestión de servicios en todas las áreas vinculadas al sistema de seguridad social, como, por ejemplo, la salud”.
En la misma línea, planteó que marcaría “un retroceso en la agenda de desarrollo en la que debe avanzar el país”, al calificarlo como “un frenazo para Uruguay y un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países que les fue peor”.
Reducción del ahorro privado y complicaciones en la distribución del ingreso
Por otra parte, el director de Ceres consideró que la aprobación del plebiscito, que fue firmado por Carolina Cosse, generaría una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. “Las personas de mayores ingresos buscarán alternativas en el exterior, tal como lo demuestra la evidencia internacional”, anticipó.
En paralelo, representaría efectos regresivos en la distribución del ingreso, ya que “los aportantes de mayores ingresos tendrán incentivos para reducir sus aportes y beneficiarse de las prestaciones mínimas del nuevo sistema de manera desproporcionada”.
Munyo indicó que la propuesta reintroduce además “inequidades” al sistema. “Se da marcha atrás en la unificación de subsistemas (Cajas) con prestaciones diferentes para similares aportes, lo que fue un avance de la última reforma jubilatoria”, sostuvo.
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