Se siguen agregando capítulos al conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau), que anunció que llevaría a cabo un recurso de revocación al decreto de esencialidad que firmó el Ejecutivo para que continúen con sus laborales, dejando de lado las medidas gremiales.
Conflicto aéreo: controladores irán con recurso de revocación al decreto de esencialidad
El sindicato acatará la medida, pese a considerarla inconstitucional ya que su labor no pone en riesgo la continuidad de los servicios.
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Esta semana el sindicato de controlares aéreos había prometido medidas de fuerza acompañadas por un cese de actividades en horarios determinados. Sin embargo, el gobierno firmó un decreto donde se establece la esencialidad de esta actividad, lo que obligó al gremio a suspender el paro.
Frente a esto, desde Actau llevaron a cabo una conferencia de prensa donde aseguraron la esencialidad es inconstitucional ya que les prohíbe llevar a cabo su derecho a huelga. “La asociación siempre tuvo presente que es un servicio esencial, es control de tránsito aéreo por lo que cada vez que se adoptaron medidas de corte gremial se tomaron los recaudos necesarios para poder llevar adelante esas medidas”, explicó Juan Pablo Decía, asesor legal del sindicato.
En este sentido, confirmaron que llevarán a cabo un recurso de revocación contra la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como así también contra el Ministerio de Defensa frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tambien presentarán un recurso de amparo que el jueza de la oficina estatal suspenda el decreto de esencialidad.
Por otro lado, reafirmaron sus intenciones de elevar el caso a organizaciones internacionales como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también nacionales, acudiendo al Pit-Cnt.
El reclamo sigue en pie
Actau reclama una "remuneración acorde" a las "habilitaciones vigentes", dos artículos en la Rendición de Cuentas que presupuesten una igualdad de pago ante una misma función y cobrar "por instrucción", así como también un pago a los instructores.
Si bien habían llegado a cierto acuerdo con los ministerio de Trabajo y Defensa —razón que evitó las medidas de fuerza previstas para el 1° de julio—, el sindicato entendió que el gobierno “no logró comprometer una solución para el cumplimiento del convenio colectivo”, debido a que "el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y balance presupuestal de 2022 ya ha sido enviado al Parlamento", tal y como explicaron en un comunicado.
En el proyecto de ley, los artículos acordados fueron incluidos, pero “con montos muy inferiores a lo que se necesita para resolver los problemas”, e incluso menores a los que Defensa había informado, señalaron los controladores aéreos al momento de anunciar las nuevas medidas de fuerza que, finalmente, no se llevarán a cabo.
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