El déficit debe afrontar ahora el agregado de la política de fijación de precios de combustibles. Asimismo, el Diálogo Social planteó medidas que podrían implicar más gastos.
El déficit fiscal sigue alto y enfrenta nuevos desafíos como la suba de los combustibles y los cambios del Diálogo Social.
El impacto de la guerra en el Golfo Pérsico llegó finalmente a la economía uruguaya: luego de un muy modesto aumento en el precio de los combustibles en el mes de abril, el gobierno decidió un nuevo incremento agregado de 7% en las naftas y 14% en el gasoil. Esto ya introduce -definitivamente- el efecto Medio Oriente, con una suba de costos directa en el combustible y, a través de él, en el transporte.
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Los Precios de Paridad de Importación (PPI) subieron bastante más: 11% en la nafta y 46% en el gasoil. Sin embargo, los aumentos en el surtidor fueron bastante menores (especialmente en el gasoil) porque el Poder Ejecutivo continúa en su estrategia de moderar el impacto, no llegando a trasladar a los precios todo el aumento en el mercado internacional.
El punto es que esto se hace —obviamente— asumiendo un costo fiscal, en la medida que Ancap no cubrirá los costos. La estrategia ya se había aplicado en el primer aumento de abril, con el cual el gobierno —según la propia información oficial— asumió unos 30 millones de dólares de costo fiscal exclusivamente ese mes.
Ahora sucede lo mismo y, si bien el gobierno no detalló la cuantía de este gasto fiscal agregado, seguramente es millonario. Tomando en cuenta la distancia entre el precio último fijado y el de PPI, el costo para Ancap sería algo menor que los referidos 30 millones de abril, pero seguramente no inferior a 20 millones mensuales. De tal manera que Ancap está recibiendo apoyo financiero, a través de líneas de contingencia y crédito que ya fueron anunciadas por el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, hace un mes.
El nuevo gasto fiscal llega en momentos en que las cuentas públicas están en una situación difícil: el déficit fiscal, según los últimos datos del MEF en el año móvil a marzo, se ubica en 4,1% del PIB para el Gobierno Central + BPS; la cifra es algo superior al estimado en la proyección presupuestal para este año (4%). Pero lo que preocupa es que la economía no da señales de avance: tanto los indicadores mensuales del Banco Central del Uruguay (BCU) como los de centros independientes muestran que el 2026 arrancó sin síntomas de crecimiento, luego de un segundo semestre de 2025 con poco avance. En buena medida la decisión de no subir los combustibles a niveles más cercanos a los costos, tiene que ver con el escaso crecimiento. Es un difícil equilibrio entre actividad económica y situación fiscal.
En Uruguay, las cuentas del Estado son difíciles de gestionar, entre otras cosas, porque hay un importante componente del gasto total que corresponde a las jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas del sistema de seguridad social. Cabe recordar que, del pago total de jubilaciones, solo el 60% se cubre con los aportes obreros y patronales; el resto se cubre con impuestos afectados. Pero, además, el gasto jubilatorio está indexado por la Constitución a la evolución de los salarios. De manera que cuando los salarios de los trabajadores suben, las jubilaciones lo hacen en igual dimensión; el mecanismo -pensado inicialmente para preservar a las jubilaciones de ser licuadas por inflación- hoy es más un problema que una solución.
Agregado a esta situación estructural, en el documento final del Diálogo Social se plantea abrir una nueva posibilidad de causal jubilatoria a los 60 años; la ley vigente —producto de la reforma impulsada en el gobierno anterior— establece una edad mínima jubilatoria de 65, a la que se llega paulatinamente. Ahora, el Diálogo Social propone una causal a los 60 años, pero configurada de manera que estimule una edad de jubilación más tardía, con “tasas de reemplazo” (el nombre técnico que se da a la relación entre la jubilación y el último sueldo) que sean menores y vayan creciendo paulatinamente hasta los 65 años.
Recientemente, referentes del Diálogo Social plantearon que esto no tendría costo fiscal agregado y que —si el trabajador decide jubilarse antes— tendrá una jubilación menor, no solo hasta los 65 años, sino luego. Obviamente, habrá que ver los números y cómo se da la discusión. Los antecedentes de abrir la discusión sobre seguridad social en el Parlamento, muestran que hay un sesgo a aumentar el gasto.
En cualquier caso, la preocupación de fondo en el escenario fiscal es la propia marcha de la economía. La proyección presupuestal ya incorporaba un déficit alto al comienzo de la administración, pero con una reducción paulatina en la medida que la economía tenía un crecimiento razonable. Esto último, por ahora, no se está dando. Cierta reactivación del consumo —por mayores salarios reales— o el impulso que pueda dar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) —si bien su impacto es de mediano plazo— pueden ser fundamentos de optimismo. Pero la economía está aquejada de problemas de competitividad y costos, que están en la base del escaso crecimiento. Y este nuevo “shock” externo por la guerra, no ayuda.