Las propuestas del Diálogo Social recogidas por el gobierno que impulsan cambios en la gestión de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y una baja de la edad jubilatoria en los sectores de menores ingresos generaron el rechazo del sector privado, con advertencias sobre una señal negativa para el mercado luego del rechazo al plebiscito sobre la seguridad social de 2024.
Los cambios en el sistema previsional siembran dudas en el mercado por su impacto fiscal
La discusión que instaló el Diálogo Social genera alertas en el sector privado, que advierte por la sostenibilidad y un posible incremento del riesgo país.
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Los cambios en el sistema previsional pueden presionar el déficit fiscal y afectar a largo plazo la nota crediticia de Uruguay.
La posibilidad de que un organismo público se ocupe de centralizar la administración de las cuentas de las AFAP sembró dudas en el sector financiero sobre “una estatización de hecho”, punto que rechazaron enfáticamente tanto el presidente Yamandú Orsi como el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, mientras las cámaras empresariales acusan que sus aportes al documento no fueron valorados.
Desde el oficialismo argumentan que se busca asegurar niveles de ingreso adecuados a los sectores más vulnerables, así como introducir una mayor flexibilidad en el acceso a las jubilaciones, a pesar del contexto de envejecimiento demográfico. Al mismo tiempo, plantea un aumento en las transferencias y prestaciones sociales para reducir la pobreza y fortalecer el Sistema de Cuidados.
De todas maneras, las iniciativas están sujetas a la aprobación del Parlamento y se espera un intenso debate para los puntos más álgidos, con lo cual el tratamiento podría extenderse incluso más allá de este año.
Cambios en AFAP: dudas por la eficiencia y los costos
En una mirada que parece sintetizar las sensaciones del mercado, el analista y exgerente de Política Monetaria y Programación Macroeconómica del Banco Central del Uruguay (BCU), José Antonio Licandro, le manifestó a Ámbito que las modificaciones en el régimen de AFAP resultan “innecesarias y poco justificadas”, mientras resaltó que las comisiones actuales “son de las más bajas de la región” y citó al economista Aldo Lema al estimar que “estarían cercanas a 0,3% en términos promedio y del capital administrado”
Licandro indicó que la administración de las cuentas personales y las fuerzas de venta “representan un margen menor”, mientras cuestionó una eventual baja de los costos con un ente estatal. “Parece poco realista si nos atenemos a la experiencia generalizada de organismos públicos poco eficientes, sobre todo cuando no hay incentivos para la competencia, ya que sería monopólico”, advirtió.
A la vez, aclaró que “introducir más competencia en las comisiones mediante licitaciones por cohortes de trabajadores no requiere que las AFAP dejen de administrar las cuentas personales”, al desmentir que sea un requisito obligatorio y planteó: “El caso chileno es un ejemplo contundente. Ahí se licitan y el que gana hace la gestión de las cuentas personales y de las inversiones”.
Al criticar la justificación del cambio en que hay trabajadores que no tienen información o formación suficiente para elegir según su conveniencia, contrapuso que la regulación actual ya está velando por esos casos y apuntó: “La opción de cambiarse de administradora ha estado siempre. Y, si el trabajador no elige una AFAP cuando comienza su etapa laboral, se le asigna aquella que cobra la menor comisión y, si sigue sin expresar su voluntad de elegir, reasigna hacia la que ha tenido la mejor rentabilidad neta durante los últimos años”.
El economista aseguró que el cambio “lo pagará el contribuyente con impuestos” y se refirió a la percepción del mercado sobre la intervención del Estado: “Esto puede ser visto como un paso hacia la estatización de la gestión de los fondos. El riesgo existe, lo dicen los propios enemigos del sistema de AFAP”.
La presión sobre el déficit fiscal
Al analizar las iniciativas del Diálogo Social, la eventual creación de una causal de retiro anticipado a los 60 años también genera reparos en el sistema previsional, a pesar de que el gobierno argumentó que no afectará la sostenibilidad financiera.
Licandro se hizo eco de que se compensaría con menores tasas de reemplazo (relación entre jubilación y salario en actividad), pero contrapuso que a los quintiles de menores ingresos se les asegurará la tasa actual, estimándolos en el 30% de las personas. “Ese costo seguramente es importante. Esto debería generar cierta alarma para las cuentas fiscales porque sabemos que todo déficit del BPS se tiene que cubrir con Rentas Generales”, alertó.
A esto le sumó el incremento de la asistencia a los sectores de menos ingresos. “Los mayores gastos que se prometen incorporar en la Rendición de Cuentas comenzarían a regir a partir de 2027, serían permanentes y no tienen financiamiento. Por lo tanto, serán 100% con impacto sobre el déficit fiscal”, explicó el analista y recordó que la situación demográfica “se está comportando peor que lo que se previó en la reforma de 2023, con un impacto que augura cuentas fiscales peores”.
El mercado financiero observa con atención
Al analizar la posible reacción del sector financiero, el socio director de Gastón Bengochea & Cia. Corredor de Bolsa, Diego Rodríguez, recordó a este medio que las propuestas que emergen del Diálogo Social “deberán pasar por Parlamento, ser aprobadas por el Poder Ejecutivo y reglamentadas oportunamente” y opinó: “Parte del mercado puede descontar que lo incluido en el borrador será aprobado e implementado sin modificaciones, pero no creo que ese sea el escenario de mayor probabilidad”.
Para Rodríguez, “los activos financieros responden a expectativas y cualquier anuncio que introduzca incertidumbre en las variables financieras se va a ver reflejado en la cotización de la deuda soberana (bonos) y en el comportamiento del dólar ”.
En este contexto, el asesor financiero llamó a “actuar con prudencia” y anticipó que no aguarda un escenario similar al de la previa a la votación del plebiscito sobre la seguridad social, con una fuerte suba del tipo de cambio —hoy levemente por encima de los 40 pesos— y un repunte del riesgo país.
En cambio, para Licandro, el esperable deterioro fiscal “puede impactar en la percepción de riesgo para los inversores que normalmente compran bonos del Estado uruguayo”, para luego advertir que, de consolidarse el panorama en la próxima Rendición de Cuentas, “no sería de extrañar que veamos en el futuro aumentos del riesgo país”.
¿Puede haber un impacto en la reputación de Uruguay?
Sobre un posible avance en esa dirección, el economista consideró que puede derivar además en “eventuales reacciones negativas de las calificadoras de riesgo, que comenzarían con un outlook negativo y podrían llevar a alguna rebaja de calificación si el deterioro fiscal se concreta en el tiempo”, lo que afectaría uno de los principales activos de Uruguay.
“¿Cómo hará el gobierno para cumplir con la regla fiscal si no hay recortes de gasto?”, se preguntó Licandro y señaló que esa opción no está planteada, de manera que “la alternativa sería ir por más impuestos”, lo que, a su entender, derivaría en “un costo reputacional importante” para Orsi, por su promesa de campaña de no aumentar la presión impositiva.
Finalmente, consideró que ese escenario derivaría en un deterioro de la capacidad de ahorro e inversión del país, afectando la competitividad y el crecimiento. “Podríamos entrar en un círculo vicioso económico y político de difícil resolución. El panorama no luce nada alentador”, concluyó.
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