La campaña electoral ya está lanzada a pleno y con ella las visiones partidarias sobre la realidad, que es una sola, pero tiene varias lecturas.
Datos, recortes y relatos
En año electoral cada partido elige la parte de la realidad que le conviene. Es comprensible, pero no hay que exagerar: si eso se exacerba, pierde la ciudadanía y gana la grieta.
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Empleo, salario real e inversión extranjera: Lacalle Pou resaltó los logros económicos
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Arbeleche defendió las cifras del gobierno ante las críticas: "No es una evaluación política, son datos"
Tabaré Vázquez coloca la banda presidencial a Luis Lacalle Pou.
En el plano de la economía, se comienzan a blandir logros y acusaciones para un lado y para otro. Muchas veces - lamentablemente- con datos inexactos y, en los peores casos, con datos incorrectos. Y no se analizan los hechos con el suficiente fundamento y una mínima honestidad intelectual. Esto es preocupante para un país como Uruguay el cual - si bien ha avanzado- tiene aún muchas cuentas pendientes y, por su tamaño y sus circunstancias, está expuesto a riesgos a los que otros países más grandes y con más recursos no lo están.
Tomemos el caso del empleo. Uruguay ha tenido históricamente serios problemas en el mercado laboral, con tasas de desempleo que rondaban el 10%. La crisis de 1999-2002 llevó el asunto a un extremo triste, con la tasa de desempleo superando el 15% y más de 30.000 uruguayos que dejaron el país, buscando mejor suerte en otros lugares.
La crisis fue gravísima y tuvo causas propias (en parte adjudicables a los gobiernos de la época) y externas. La recuperación fue más rápida de lo esperado, por el propio efecto “rebote”, algunas medidas políticas para retomar el crecimiento y -principalmente- por el inicio de un ciclo de demanda internacional notoriamente más favorable para Uruguay, que perduró hasta 2014. También incidió positivamente que -a pesar de la crisis- el sistema político uruguayo garantizara la institucionalidad y se renovara, con el Frente Amplio llegando al gobierno por mandato de las urnas. De tal forma que Uruguay sorteó la crisis global de 2008 sin consecuencias graves, lo cual fue todo un logro.
Ya a partir del año 2006 y notoriamente desde 2010 la demanda global por productos uruguayos - liderada por China- llegó a niveles récord. A su vez, el gobierno del FA de aquel momento implementaba -como era su compromiso electoral- una política salarial y de ingresos tendiente a aumentar el salario real. Asimismo, comenzaron a concretarse las inversiones que planteaba el plan de desarrollo forestal, establecido 20 años antes, con la construcción de las primeras plantas de celulosa. Además, eran años en que Argentina crecía fuerte, beneficiando al turismo y a otros sectores de la economía uruguaya.
Así, Uruguay tuvo entre 2008 y 2014 un boom económico como no había tenido en 100 años, con la tasa de empleo llegando a niveles récord (en torno a 60%). Como es habitual, un ciclo de gran expansión hace que la economía también incorpore costos y problemas de competitividad; cuando el ciclo terminó -con la caída de los precios internacionales en 2015-, comenzaron a aflorar los problemas.
Allí iniciaba su segundo mandato Tabaré Vázquez y -lamentablemente- no se pudo sostener el nivel de empleo de los años previos, cayendo año a año el número de puestos de trabajo. La cuenta para el periodo - en números gruesos- fue de unos 50.000 puestos de trabajo menos. Pero decir que “el gobierno del FA destruyó 50.000 puestos de trabajo”, no es honesto. Parte de la caída era esperable sea cual sea el gobierno de turno; después del récord alcanzado, era muy difícil mantenerse. Sí es de recibo plantear que el empleo siguió cayendo en simultáneo con aumentos salariales que -dadas las circunstancias de aquellos años- no parecían sostenibles. Y que se siguieron perdiendo puestos de trabajo más allá de la razonable baja post-boom. Esa sí - desde mi punto de vista- es una crítica fundamentada; pero no el latiguillo de que “se destruyeron 50.000 empleos”, así nomás.
Ya en 2020, arranca el gobierno actual (Coalición Republicana) y a los pocos días irrumpe una pandemia que sacudió el mundo, con consecuencias que aún se viven hoy. De manera que cualquier análisis de la economía de aquellos años que no incluya la palabra pandemia, arranca mal. No se trata de que la pandemia sea excusa para todo, pero es insoslayable.
El gobierno de Luis Lacalle Pou -legítimamente electo y con su enfoque- buscó sobrellevarla apuntando a mantener lo más posible la actividad. “Los motores de la economía van a seguir andando”, decía la ministra Azucena Arbeleche. Se decidió priorizar el empleo, para lo cual se definieron ajustes salariales modestos -acordados con la central sindical- lo cual (con el aumento en la inflación que se dio por aquellos meses), derivó en una caída del salario real del 3% entre 2019 y 2022. Fue una caída importante y particularmente dura para aquellos con ingresos bajos; pero lejos estuvo de un derrumbe o una crisis salarial. Aquí también vale razonar de manera similar a lo que planteamos para el empleo durante la segunda administración del doctor Vázquez: se partía de un récord salarial de 2019 que -con la irrupción de la pandemia- era difícil de sostener, sea cual fuera el gobierno.
Luego de la mencionada caída, el salario tuvo una fuerte recuperación en 2023, por el compromiso del gobierno de no perder salario al final del período, llegándose a nuevos récords históricos. Hoy el desafío es sostenerlos con productividad y sin afectar el empleo, que también ha mejorado llegando a los niveles del año 2016.
Un asunto insoslayable en la dinámica del empleo de los últimos años fue la concreción de la segunda planta de UPM, construida en el gobierno de Lacalle Pou, pero pactada con la empresa finlandesa por el presidente Vázquez en la administración previa. Bastante distinto hubiera sido el escenario pandémico de empleo sin haber contado con esa iniciativa -tan criticada en su momento- que resultó ser providencial para mantener la actividad en la construcción, en plena pandemia.
De lo cual surgen algunos conceptos obvios que -sin embargo, en el fragor de las campañas electorales- se suelen olvidar. Primero, que no todo lo que pasa durante un gobierno es responsabilidad de ese gobierno (para bien o para mal). Segundo, que lo que sucede durante un gobierno muchas veces tiene que ver con decisiones del gobierno anterior o anteriores, tanto positivas pero con efecto de mediano plazo (como una decisión de inversión) o decisiones que tienen costo político en el momento pero derivan en beneficios de mediano plazo (como la reforma de la seguridad social). Tercero, que mucho de lo que sucede en Uruguay es consecuencia de eventos externos, de Argentina, Brasil, China o EEUU. Esto no quiere decir que no seamos dueños de nuestro propio destino, pero los de afuera no son de palo y nuestra capacidad de maniobra es acotada. Por esto, cuanto más sana sea la discusión política mejor; pero los síntomas recientes no son buenos: intentar imponer un relato, recortando de la realidad lo que conviene, alimenta la grieta y socava la racionalidad y la convivencia. Es lo que comenzó a suceder en Argentina años atrás y terminó muy mal. Que no pase lo mismo aquí.



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