23 de abril 2024 - 09:17

Detrás del plebiscito de la seguridad social

La iniciativa del PIT-CNT impondría parámetros financieros insostenibles y puede llevar al Estado uruguayo a un grave retroceso.

Buena parte de lasjubilaciones se financian hoy con impuestos que recauda la DGI
Buena parte de las jubilaciones se financian hoy con impuestos que recauda la DGI

En pocos días se sabrá si el PIT-CNT logra alcanzar las firmas suficientes para convocar un plebiscito que propone derogar -con modificación a la Constitución- no solo las recientes transformaciones en el sistema de seguridad social que impulsó la coalición gobernante, sino eliminar pilares clave del sistema que venía funcionando antes, que -según puede apreciarse- contaba con un amplio consenso, en la medida que estuvo vigente desde el año 1996 hasta ahora, sin que los gobiernos de las diferentes partidos le hicieran mayores cambios.

De llegarse a las firmas se abrirá una discusión política intensa y profunda, si es que se dicen las cosas como son. La primera es que, obviamente, derogar la reforma actual como propone la iniciativa sindical implicaría beneficios para muchos uruguayos en el corto plazo. Sin ir más lejos, aquellos ciudadanos que por la reforma implementada ahora están obligados a extender su vida laboral hasta los 65 años, pueden verse beneficiados con una jubilación más temprana (más allá de que la implementación del régimen actual es muy gradual). Algunos -una minoría- pueden argumentar que han aportado lo suficiente para acceder a una jubilación a los 60 años y gozar de sus años de pasividad. Son excepciones que confirman la regla: en el global, el aporte que hacen los trabajadores y empresarios, los aportes jubilatorios totales, no alcanza ni de cerca para cubrir todo el gasto en jubilaciones y pensiones.

De manera que los beneficios de corto y mediano plazo a los que puedan llegar determinados ciudadanos por la derogación del actual sistema serán financiados por las generaciones que vienen, en particular los niños y adolescentes que hoy no votan y deberán, con sus aportes o sus impuestos, su trabajo o sus empresas, financiar las jubilaciones aumentadas que propone la derogación. Desde la central sindical se argumenta -sin mucho detalle- que esto se podría subsanar con más impuestos. Es lo mismo: serán las futuras empresas, sus empleados y empresarios, las que solventen la maniobra. La idea de desviar la discusión de una contraposición generacional a una contraposición entre capital y trabajo pierde pie apenas sale de la orilla: sea como sea, serán las generaciones futuras las perjudicadas.

Para evitar una contraposición entre generaciones tiene que actuar la buena política, asumiendo costos de corto plazo para tener logros en el futuro; y lo ha hecho con la reciente reforma, más allá de las discusiones y enfoques diversos que las distintas ideas motivan. Reconocido por propios y opositores, el presidente Luis Lacalle Pou decidió -a pesar de los golpes de la pandemia y otras dificultades- ir adelante con una reforma de la seguridad social imprescindible. Lo hizo con las limitaciones que la coalición gobernante tiene, con intrincadas negociaciones internas y con buen asesoramiento de varios grupos técnicos, liderados por Rodolfo Saldain. El Frente Amplio no acompañó, pero en público y en privado no han planteado una oposición cerril sino algunas discrepancias o diferencias de estrategia política. Al FA le ha implicado muchas más dificultades la iniciativa del PIT-CNT, dividiendo su interna.

El ahorro individual

La iniciativa plebiscitaria apunta con especial énfasis a eliminar el ahorro individual. Aún tengo dudas sobre cuál de los dos vocablos le resulta más negativo a quienes la promueven; pero es claro que el camino es, justamente, el contrario.

Que una economía debe tener buenos niveles de ahorro es básico y el componente de ahorro en el actual sistema mixto de seguridad social de Uruguay, ha sido muy importante para promoverlo, al establecer las cuentas individuales en las Afaps, que -a su vez- son fuente de inversión y financiamiento para el Estado y las empresas. Esta virtud la destaca, incluso mejor que los voceros oficialistas, el informe que divulgó AEBU (el sindicato bancario), rechazando la iniciativa del PIT-CNT.

Por otra parte, es natural la inquietud individual por el retiro, en especial a medida que avanzan los años. Los sistemas modernos hacen al aporte jubilatorio compulsivo, pero incluir un componente individual le da mayor sostenibilidad y justicia al sistema, en especial en la medida que la esperanza de vida aumenta significativamente. Vivir más es buena noticia, pero eso conlleva un costo obvio que es injusto cargarlo a las próximas generaciones. El ahorro individual es un componente lógico de cualquier sistema previsional, a pesar de que por décadas estuvo excluido en el Uruguay. Así nos fue.

Sostenerse únicamente en el ahorro individual tampoco es viable porque es bien sabido que miles de trabajadores tendrían retiros exiguos. Allí es donde el Estado subsidia y apoya, con esquemas que la reciente reforma ha mejorado, apuntando a los más necesitados. Por eso el Uruguay tiene un sistema mixto con muchas virtudes; la reciente reforma hizo obligatorio el pilar de ahorro individual, aunque lo redujo en monto (a mi juicio un retroceso).

El ahorro individual puede establecerse de muy diversas formas. En Uruguay se han establecido administradoras de fondos (Afaps) que captan esos ahorros y lo disponen en cuentas individuales. Cobran por eso una comisión que ha sido discutida y modificada, y bajó con el tiempo; es un sistema mejorable, por ejemplo en cómo está articulado ese mercado, cómo opera la Afap estatal, etc.. Pero es virtuoso. En otros países simplemente hay un fondo general de cuentas de ahorro individual para el retiro, que es gestionado por el Estado. Hay otros ejemplos.

De eso no se habla

La discusión para aprobar la última reforma fue amplia y se reconoció que, a pesar de los avances, se requerirán nuevos ajustes a mediano plazo, en particular si las tendencias demográficas (más esperanza de vida y menos nacimientos) continúan.

En el último anuario del BPS (Banco de Previsión Social) se presenta la evolución de ingresos y egresos por pasividades, con un enorme déficit ya conocido, pero no por eso menos impactante (gráfica). En 2022, el déficit del componente jubilatorio (jubilaciones y pensiones pagadas, menos aportes de empleados y empresas) fue de U$S 2.030 millones (más de 3% del PIB).

Jubilaciones BPS ingresos y egresos.jpg
Jubilaciones BPS ingresos y egresos.

Jubilaciones BPS ingresos y egresos.

Para financiarlo, hay determinados “impuestos afectados”: 7 puntos del IVA van directo al BPS (U$S 1.950 millones en 2022); también va para el BPS todo el IASS que pagan los jubilados, sean del BPS o de otras cajas (U$S 392 millones). No en vano, desde la Caja Profesional -que está con sus propios y serios problemas- han planteado que el IASS de sus jubilados quede en esa Caja, lo que parecería lógico. Pero dada la magnitud del déficit en el BPS, la idea es poco viable. Cabe agregar que el déficit del sistema de seguridad social también implica gastos por prestaciones sociales (seguro de enfermedad, subsidios por desempleo, etc.) (cuadro).

Recursos y erogaciones globales del BPS.jpg
Recursos y erogaciones globales del BPS

Recursos y erogaciones globales del BPS

Parte de los “impuestos afectados” se establecieron en tiempos donde -para darle competitividad de corto plazo a la economía- se hacían exoneraciones de aportes (a costa del BPS). Parte de esas exoneraciones se revirtieron junto con la Reforma Tributaria de 2007, que impulsó el FA. Seguir revisando eso y haciendo modificaciones sensatas debería estar también en la agenda, como parte de una estrategia de formalización y mejoramiento del empleo. Siempre teniendo claro, obviamente, que el salario no es solo el líquido, sino que incluye los aportes.

Tener parte de la recaudación pre asignada -como los siete puntos de IVA- no solo ilustran el gigantesco volumen del déficit sino que restringe la capacidad de maniobra del Estado y los gobiernos para implementar otras políticas, y ese es el asunto de fondo: en la campaña electoral escucharemos iniciativas de diversa índole, con las mejores intenciones, pero que requieren presupuesto: sistema de cuidados, educación, más policías, etc.. Pero si buena parte de la recaudación se la llevan las jubilaciones, la posibilidad de cumplir esas promesas es muy acotada. Y si se aprueba el plebiscito del PIT-CNT, el problema se agudizará, para perjuicio de toda la economía, y en especial de las próximas generaciones.

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