El agro se suma a los cuestionamientos de las obras en Casupá y pide seis más de estudios ambientales

Exhortan al gobierno a actuar con precaución en la búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de agua.

Las obras de Casupá afrontan más cuestionamientos, esta vez por parte del sector rural. 

La Federación Rural (FR) emitió un comunicado en el que cuestiona las obras de la represa en Casupá y pide que se extienda el proceso de estudio de impactos ambientales seis meses más; además, insistieron en que existen alternativas más viables que el proyecto que impulsa el gobierno.

En coincidencia con grupos ambientales y los propios vecinos que verán sus terrenos modificados, la Federación Rural exhortó al gobierno a "actuar con precaución en la búsqueda de soluciones a los problemas de abastecimiento de agua en la zona metropolitana y priorizando además la reducción de las enormes pérdidas de agua potable".

"La represa tal como está planteada no da garantías de una real solución a los problemas de suministro de agua potable. Sigue dependiendo de la cuenca del Santa Lucía y dependiendo de la potabilización exclusivamente en aguas corrientes además de carecer de estudios completos desde el punto de vista técnico, financiero y ambiental derivando en riesgos muy altos", cuestiona la misiva.

Triple impacto

En ese sentido, argumentaron que se deben proteger tres aspectos importantes. El primero es el social, estableciendo que la instalación de Casupá llevaría a la "ruptura del entretejido social construido por las personas de la zona durante generaciones, promoviendo el desarraigo de la familia rural, emprendimientos y cierre de escuelas rurales centenarias aún activas".

En el ámbito ambiental, por su parte, aseguran que "generaría perjuicios significativos contrarios a compromisos internacionales asumidos por el país, incluyendo la pérdida de monte nativo y su ecosistema asociado". Por último, remarcan que el sector productivo "afectaría una extensa zona con diversidad de rubros y actividades con consecuencias económicas para el país y para familias rurales en particular que hoy desarrollan allí su actividad".

Más tiempo de análisis

De esta manera, pidieron que se extienda por seis meses la realización de estudios técnicos y ambientales para poder analizar en profundidad las distintas alternativas disponibles, con el objetivo de garantizar decisiones responsables y sostenibles. "Existen alternativas más viables y modernas que se utilizan en otras partes del mundo que permitirían garantizar el abastecimiento de agua a la sociedad sin generar estos impactos negativos", argumenta el comunicado.

"La Federación Rural mantiene firme posición en defensa de la producción nacional, del medio ambiente, y sobre todo de las familias rurales, que son parte esencial del desarrollo y del futuro del país. Seis meses para encontrar la solución estructural para los próximos 100 años", concluye.