Vibrantz, subsidiaria de una compañía estadounidense, cerró su planta en Montevideo y los trabajadores denuncian un desalojo violento de las instalaciones.
El cierre de otra empresa extranjera reaviva el debate por el preaviso obligatorio de despidos.
Una nueva empresa extranjera cerró sus puertas en Uruguay y dejó, en esta ocasión, a 20 trabajadores sin sus empleos, de forma intempestiva, lo que reabrió el debate por el proyecto de preaviso obligatorio que busca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y que es reclamado por los sectores sindicales.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La empresa Vibrantz Colors Solutions SA, subsidiaria de una corporación global con sede en Houston, Estados Unidos, resolvió retirar su producción de Uruguay y cerró intempestivamente su planta en Montevideo, dejando a 20 personas sin trabajo. De este modo, se suma a otras tantas compañías de capitales extranjeros que, entre este año y el año pasado, cerraron sus puertas en el país: Yazaki, IKG, Verizon y Alorica; o que redujeron sus operaciones, como Oracle y BASF.
Este escenario que refleja las dificultades que atraviesa la industria nacional —que en este caso, además, está complejizado por la denuncia de los despedidos de haber sido desalojados de forma violenta de las instalaciones productivas—, volvió a poner en el centro de la atención el debate por el preaviso obligatorio que impulsa el gobierno desde el MTSS, y que es apoyado y reclamado por el sector sindical.
En ese sentido, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, expresó su preocupación por el cierre de la planta de la empresa química, debido a la evidencia de que, cuando una empresa multinacional decide retirarse del país, hay muy pocas posibilidades de revertir esa decisión. Por ello, volvió a reclamar una normativa que obligue a las empresas a comunicar con anticipación la resolución de cerrar sus puertas, al menos para poder alcanzar una salida ordenada que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y contemple mejores condiciones para los trabajadores afectados.
Este proyecto, impulsado desde el MTSS, busca "que el gobierno pueda tener alguna incidencia" en términos de propuestas y soluciones ante los conflictos y situaciones que llevan al cierre de una empresa, como reiteró el titular de la cartera, Juan Castillo.
Asimismo, señaló que, mientras la iniciativa del ministerio se encuentra en estudio de Presidencia, se analiza en paralelo una propuesta legislativa que habilite el mecanismo de preaviso para aquellas compañías que vienen a invertir al país o que ya están establecidas. "El objetivo es avisar a los trabajadores y trabajadoras para que se prepares, porque un fin de semana o de un día para el otro decirles que no tienen trabajo, y encima tratarlos de la manera en que nos dicen que los trataron, no deberían ser las formas ni los mecanismos en las relaciones laborales", apuntó.
También el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química exigió, mediante un comunicado, "la intervención urgente del Estado para defender las fuentes de trabajo, preservar la industria nacional y evitar que continúe profundizándose una historia de cierres de plantas industriales, pérdida de empleo y deterioro del aparato productivo del país”.