El Partido Nacional considera que el preaviso de despidos "puede ser contraproducente"

Senadores blancos cuestionaron el proyecto y señalaron que el Estado debe priorizar condiciones que impulsen nuevas fuentes laborales.

El Partido Nacional reclama que el foco sea la generación de empleo.

Depositphotos

En medio de una seguidilla de cierres y reestructuras empresariales, el proyecto del gobierno para obligar a las empresas a avisos previos de despidos masivos abrió una fuerte polémica, con cuestionamientos que se replican desde la oposición y desde el sector empresarial, mientras el Ministerio de Trabajo defiende la iniciativa como una herramienta para anticipar crisis y proteger el empleo.

El senador blanco, Martín Lema, apuntó directamente contra el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y sostuvo que “el ministro debería estar preocupado por generar fuentes de trabajo”. A su juicio, la propuesta puede resultar “contraproducente" para la concreción de empleo, más allá de su impacto mediático. De todos modos, aclaró que el Partido Nacional (PN) aguarda los informes de sus legisladores en la Comisión de Legislación de Trabajo antes de fijar una posición definitiva.

Por su parte Graciela Bianchi, también senadora por el Partido Nacional, sostuvo que Castillo debe actuar como “fiel de la balanza” y no inclinarse hacia trabajadores o empresarios, cuestionando su rol político. Según Bianchi, el ministro "no entendió que tiene que alejarse de su condición de secretario general del Partido Comunista".

La defensa del Ministerio de Trabajo

Desde el oficialismo, Castillo ha defendido reiteradamente la necesidad de contar con un instrumento que obligue a las empresas a notificar al Estado y a los sindicatos cuando prevean cierres, despidos colectivos o ceses de actividad. El ministro argumenta que, ante la reiteración de anuncios sin aviso previo, el gobierno necesita margen de maniobra para evaluar alternativas que atenúen el impacto laboral.

El caso más reciente es el de la tecnológica estadounidense Sabre, que anunció una reestructuración global con la desvinculación de entre 150 y 200 trabajadores en su sede de Zonamérica, cifra que podría ampliarse. Según relató Castillo, los empleados se enteraron a través de un video enviado por el CEO desde la casa matriz en Dallas y no hubo comunicación formal previa al Ministerio.

A este episodio se sumaron recortes de la multinacional química BASF y otros movimientos empresariales ocurridos a fines del año pasado y comienzos de 2025, que reforzaron la preocupación oficial.

Además de dirigentes políticos, desde el sector empresarial se pronunciaron sobre la inciativa. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) fue una de las que se manifestaron y cuestionaron con dureza el proyecto. Su presidente, Amílcar Perea, afirmó que la obligatoriedad del preaviso es “apuntar errado” y sostuvo que lo que necesita el país es fortalecer su competitividad y ofrecer reglas de juego claras para atraer y retener inversiones. “No cambia nada que te den un aviso de 30 días”, señaló.