El Frente Amplio respalda la cancelación del proyecto Arazatí y destaca "un ahorro de más de u$s 100 millones"

La coalición gobernante consideró que la iniciativa anterior tenía “problemas técnicos, económicos, ambientales y jurídicos”.

El Secretariado del Frente Amplio respaldó la cancelación del proyecto Arazatí.

El Secretariado del Frente Amplio (FA) mostró su respaldo a la cancelación del proyecto Arazatí para impulsar una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, así como otra serie de obras en el área metropolitana y la represa de Casupá.

La coalición que preside Fernando Pereira valoró positivamente el acuerdo con el Consorcio Aguas de Montevideo para dejar sin efecto el proyecto Neptuno al considerar que esto permite “un ahorro de más de 100 millones de dólares”, mientras destacaron que asegura al mismo tiempo “la operación de OSE de las nuevas infraestructuras, en cumplimiento por lo dispuesto en la Constitución”.

Tras una reunión en la Huella de Seregni, encabezada por Pereira; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; y el presidente de OSE, Pablo Ferreri; el FA insistió en su crítica al proyecto Arazatí por considerar que presentaba “problemas técnicos, económicos, ambientales y jurídicos, así como un amplio rechazo de la academia, la sociedad civil, productores y pobladores de la zona”.

Al cuestionar la iniciativa, recordaron que “no garantiza el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana, genera diversos impactos negativos y a la vez afecta seriamente a OSE al tener que asumir un compromiso económico que afecta fuertemente su financiamiento para brindar los servicios necesarios”.

Ahorro de costos y cuestiones técnicas

Desde la fuerza oficialista valoraron que la planta de agua potable en la cuenca del Santa Lucía, próxima a Aguas Corrientes, tendrá “la misma capacidad que la planteada en Arazatí”, de 200.000 metros cúbicos diarios, pero valoraron que “la cercanía con la infraestructura ya existente implica un ahorro de costos que permite encarar obras adicionales”.

A eso le sumaron “obras importantes para asegurar el abastecimiento al Sistema Costa de Oro, acompañando el creciente aumento de la demanda desde el Arroyo Pando a Jaureguiberry”, mientras contrapusieron que Arazatí “suponía la toma de agua bruta con alta concentración de salinidad, en niveles no admitidos para su potabilización durante períodos significativos”.

En ese sentido, el FA puso como ejemplo la crisis del agua de 2023 y apuntó que esa situación “comprobó la necesidad de contar con una reserva de agua bruta como aportará la represa de Casupá y demostró la incapacidad del Río de la Plata de asegurar el abastecimiento de agua en la cantidad y calidad que merece la ciudadanía”.

Por último, el oficialismo ratificó su compromiso con el cumplimiento efectivo del artículo 47 de la Constitución, que deja en manos de una empresa estatal el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, algo que el nuevo acuerdo deja en manos de OSE.