Se trata de uno de los juicios internacional que heredó la administración de Yamandú Orsi, en la que los accionistas reclaman u$s 600 millones.
El gobierno acordó con Montecon suspender el arbitraje internacional por Terminal Cuenca del Plata.
El gobierno y Montecon alcanzaron un acuerdo para suspender durante 180 días el arbitraje internacional que la firma inició contra el Estado uruguayo a partir de la concesión a la multinacional belga Katoen-Natie, socio mayoritario de Terminal Cuenca del Plata (TPC), para operar el Puerto de Montevideo.
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La denuncia presentada por los accionistas de Montecon ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el año pasado es uno de los juicios internacionales que el gobierno de Yamandú Orsi asumió junto con el Poder Ejecutivo el pasado 1° de marzo. El motivo de dicha denuncia fue la concesión por 80 años que la gestión de Luis Lacalle Pou le otorgó a Katoen-Natie para operar TCP.
Ahora, según informó El País, el arbitraje internacional quedó en suspenso luego de que las partes llegaran a un acuerdo por 180 días para continuar negociando al margen del litigio, en busca de una solución definitiva que evite la demanda por 600 millones de dólares iniciada por la empresa.
El Ciadi aceptó llevar a cabo la demanda de Montecon contra el Estado uruguayo ya en mayo del año pasado en relación con el contrato firmado en 2021, en el que el gobierno de Lacalle Pou extendió la concesión por 80 años a TCP, cuyo socio mayoritario (80%) es Katoen-Natie —mientras que el otro 20% pertenece a la Administración Nacional de Puertos (ANP).
En el marco de ese litigio, la empresa chilena Neltume Ports, propietaria de Montecon y cuyos accionistas son de la chilena Ultramar y la canadiense Atco, solicitó un resarcimiento de 600 millones de dólares de parte de Uruguay en concepto de “pérdidas y daños”, al considerar que existieron “prácticas anticompetitivas” en el Puerto de Montevideo, a raíz del acuerdo en cuestión. La cifra resulta de una estimación del perjuicio en su contra por la operativa en la terminal portuaria desde la extensión del contrato en favor de TCP.
Los accionistas sostienen que el Estado uruguayo "violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá".
Asimismo, desde Montecon consideraron en una denuncia donde Defensa de la Competencia falló a favor del Ejecutivo que “la participación de la ANP como socia de TCP ha sido determinante para que el Estado tomara medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios"; y apuntaron que "el Estado es juez y parte”.
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