El gobierno prepara la defensa frente a la denuncia de Montecon

Los inversores canadienses y chilenos reclaman al gobierno uruguayo un total de 600 millones de dólares.

Montecon solicitó un arbitraje internacional por 600 millones de dólares por el acuerdo con Katoen Natie.

Foto: Katoen Natie

El gobierno de Yamandú Orsi prepara la defensa frente a la demanda por parte de los inversores de Montecon, la empresa que maneja los contenedores en los muelles púbicos del Puerto de Montevideo, y por la cual los demandantes reclaman un total de 600 millones de dólares al Estado.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, aseguró que el gobierno se encuentra preparando la defensa por la demanda de Montecon al Estado ante supuestos incumplimientos. "Estamos recién comenzando, pero estamos trabajando con todo el equipo, con el Estudio en Estados Unidos. La semana próxima tenemos una nueva videoconferencia, ya hemos tenido varias, seguramente también viajen a Uruguay pronto para tener una reunión presencial", adelantó Díaz.

"Ya armamos un equipo de trabajo con los integrantes de las diferentes instituciones o ministerios en Uruguay que están involucrados en el tema, para afrontar o para preparar la mejor defensa que Uruguay se merece en este caso", añadió el prosecretario en rueda de prensa.

La demanda de Montecon

Hace un año, la empresa comunicó que aspira a un resarcimiento de 600 millones de dólares de parte de Uruguay en concepto de “pérdidas y daños”, al considerar que existieron “prácticas anticompetitivas” en el Puerto de Montevideo a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno y Katoen Natie, socio mayoritario de Terminal Cuenta del Plata (TCP) en febrero de 2021.

La empresa chilena Neltume Ports, propietaria de Montecon y cuyos accionistas son de la chilena Ultramar y la canadiense Atco, solicitaron un arbitraje internacional, mientras que para definir el monto de 600 millones de dólares, la firma toma en cuenta una estimación del perjuicio en su contra por la operativa en el puerto desde que el gobierno extendió la concesión por 80 años a TCP.

Desde Montecon consideraron en una denuncia donde Defensa de la Competencia falló a favor del Ejecutivo que “la participación de la Administración Nacional de Puertos (ANP) como socia de TCP ha sido determinante para que el Estado tomara medidas de privilegio a favor de esta compañía, cuando las leyes le exigían trabajar en régimen de libre competencia con los demás operadores portuarios. El Estado es juez y parte”.