La resolución alcanza a ganadería, lechería, agricultura y granja en Canelones, Maldonado y Montevideo, además de seccionales de otros departamentos.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico durante 90 días para los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja en distintas zonas del país, ante el agravamiento de la sequía.
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La medida rige para todo el territorio de Canelones, Maldonado y Montevideo, y para seccionales policiales específicas de Florida, Lavalleja, Rocha, San José, Treinta y Tres, Durazno y Flores. La declaratoria se concretó luego de semanas en las que el gobierno había adelantado que analizaba una aplicación "por zonas", en función de criterios técnicos. En algunas localidades del sur y del litoral se registraron casi 60 días sin lluvias generales, con impactos crecientes sobre cultivos de soja y maíz y sobre los sistemas ganaderos.
En Dolores, departamento de Soriano, productores reportaron una fuerte reducción del potencial de rinde en soja de primera y de segunda, mientras que el maíz tardío mostró estados comprometidos.
La menor disponibilidad de forraje incrementó la presión sobre la ganadería, que comenzó a apoyarse con mayor intensidad en el uso de granos y corrales para sostener la recría. Si las precipitaciones no se normalizan antes del otoño, técnicos del sector advirtieron que el impacto podría profundizarse por la falta de crecimiento de pasturas en una etapa clave del ciclo forrajero.
La decisión se adoptó tras la recomendación de la Comisión de Emergencias Agropecuarias, integrada por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de constatar el deterioro de los indicadores climáticos monitoreados desde comienzos de año.
En particular, se verificó un agravamiento en el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y en el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo (PAD), parámetros que sustentaron la resolución 0149/2026.
La emergencia abarca la totalidad de Canelones, Maldonado y Montevideo. En Durazno comprende la 9ª sección policial; en Flores la 9ª; en Florida las secciones 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª y 16ª; en Lavalleja las secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª; en Rocha las secciones 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª; en San José las secciones 4ª, 8ª y 9ª; y en Treinta y Tres las secciones 5ª, 6ª y 8ª.
El ministro del MGAP, Alfredo Fratti, afirmó que la medida respondió a un proceso acumulado. "Una lluvia no determina ni corrige lo que se viene acumulando durante meses", sostuvo. Fratti adelantó que técnicos del MGAP recorrerán las zonas afectadas para relevar necesidades productivas y facilitar el acceso a créditos y fletes. También trasladó al ministro del MEF, Gabriel Oddone, la posibilidad de instrumentar garantías a través del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) para productores que hayan perdido cultivos y necesiten replantar.
Días atrás, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se manifestó a favor de aplicar la emergencia por zonas y reconoció que el Fondo Agropecuario de Emergencias no cuenta actualmente con recursos disponibles. Señaló que, de ser necesario, se buscarán partidas alternativas e incluso apoyo del Banco República (BROU).
Durante enero y febrero el MGAP ya había dispuesto medidas preventivas, como la autorización de pastoreo en fajas naturales junto a rutas y caminos rurales, asistencia crediticia del BROU a micro, pequeños y medianos productores y líneas especiales para productores familiares de hasta 100 hectáreas índice Coneat 100, además de préstamos para compra de forraje a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas.
La cartera aclaró que esas herramientas continúan vigentes y que, debido a la naturaleza dinámica del déficit hídrico, se mantendrá un monitoreo permanente para evaluar la incorporación de nuevas seccionales si los datos técnicos así lo indican.
Con la resolución ya firmada, el gobierno pasó de la fase de evaluación técnica a la activación formal de instrumentos extraordinarios, en un escenario en el que la sequía vuelve a tensionar la producción agropecuaria y el financiamiento del sector.
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