El gobierno evalúa desistir de la propuesta vinculada al régimen de libertad anticipada incluida en su paquete de reforma del sistema penal, en un intento por recalibrar el alcance de los cambios y facilitar su tratamiento parlamentario.
El Poder Ejecutivo prioriza la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incluso a riesgo de ceder terreno en el endurecimiento de las penas.
El oficialismo negocia la letra chica del Código Penal para destrabar la estructura del nuevo Ministerio de Justicia, una institución que la oposición cuestiona y considera innecesaria para sumar al Estado.
El gobierno evalúa desistir de la propuesta vinculada al régimen de libertad anticipada incluida en su paquete de reforma del sistema penal, en un intento por recalibrar el alcance de los cambios y facilitar su tratamiento parlamentario.
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La iniciativa ya fue remitida al Parlamento, por lo que cualquier modificación deberá procesarse durante la discusión legislativa. Esto implica que el oficialismo deberá negociar eventuales ajustes con la oposición en el marco del trámite parlamentario.
La revisión de este punto se da en el contexto de una estrategia más amplia impulsada por el Poder Ejecutivo, que incluye la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cambios en el Código del Proceso Penal (CPP).
El proyecto busca, según el gobierno, modernizar el sistema judicial, reforzar garantías y mejorar herramientas procesales, sin alterar la estructura central del modelo vigente. "Este no es un problema que se resuelva cada cinco años, necesita mirada larga y políticas de Estado", sostuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi al anunciar el envío de la iniciativa.
La discusión sobre la libertad anticipada se inscribe en un clima de alta sensibilidad política en torno a la seguridad pública, tema que el propio gobierno reconoce como crítico.
Orsi, dijo que Uruguay ha sido "asediado por el crimen organizado" en los últimos años, con niveles elevados de violencia y un sistema penitenciario bajo presión. En ese marco, impulsa un enfoque integral que combina cambios normativos, refuerzo de recursos y nuevas infraestructuras.
Entre las medidas anunciadas se incluye la incorporación de hasta 2.000 nuevos efectivos policiales, la reorganización del despliegue territorial y la ampliación del sistema de videovigilancia, que ya supera las 20.000 cámaras.
Además, el plan contempla la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, destinadas a personas consideradas de alto riesgo para la seguridad pública. Estas iniciativas apuntan a fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a delitos cada vez más complejos.
El debate parlamentario se anticipa intenso. Desde la oposición han surgido cuestionamientos tanto al contenido de la reforma como a la estrategia del gobierno en materia de seguridad.
Dirigentes de la Coalición Republicana (CR) han criticado la falta de firmeza del Ejecutivo, mientras que desde el oficialismo se insiste en la necesidad de construir acuerdos de largo plazo.
El llamado del presidente a un "gran acuerdo nacional" busca precisamente generar consensos en torno a políticas sostenidas, aunque persisten diferencias sobre instrumentos concretos como la libertad anticipada.
La eventual retirada de este componente del proyecto refleja la intención del gobierno de ajustar su propuesta antes de su aprobación definitiva, en un escenario donde los equilibrios políticos serán determinantes. La reforma del sistema penal, junto con la creación del Ministerio de Justicia, aparece como uno de los ejes centrales de la agenda del Ejecutivo, en un contexto donde la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones sociales del país.
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