El gobierno monitorea las elecciones en Venezuela y advierte sobre la persecución a opositores

Hay atención regional ante la amenaza del presidente Maduro de un "baño de sangre" si pierde.

El presidente Nicolás Maduro amenazó con un "baño de sangre" en caso de perder la re-reelección.

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El gobierno, a través de la Cancillería, están atentos a cómo se desarrollan los días previos a las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela, un proceso frente al que ha liderado las voces regionales que exigieron transparencia y libre participación de la oposición.

“Es el momento de defender la democracia en Venezuela, defender la democracia es defender la libertad y que la gente pueda elegir libremente su gobierno y se respete su resultado y voluntad", señaló el lunes el canciller Omar Paganini.

"Vemos que permanece la persecución a personas de la oposición, los arrestos que no deberían y el hostigamiento. Sin embargo, el pueblo venezolano tiene una oportunidad de cambio y se nota en las encuestas", agregó.

El presidente venezolano, el izquierdista Nicolás Maduro, y quien gobierno desde 2013, planteó las elecciones como una elección entre "paz y guerra", y dijo que una victoria opositora se traduciría en un "baño de sangre", declaración que desató alarmas en la región.

Su principal rival es Edmundo González Urrutia, quien representa a la líder opositora María Corina Machado, impedida de postularse debido a una inhabilitación política. Junto a ella, promete "reconciliación" y la vuelta de millones de migrantes que huyeron de la crisis económica y humanitaria.

En total hay 10 candidatos: Maduro, González y otros ocho minoritarios. Pero la incertidumbre reina. Hay incluso quien duda de que se celebren los comicios o de que González, de 74 años, figure en la boleta.

La líder opositora María Corina Machado y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia.

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"Cuando el CNE (Consejo Nacional Electoral) proclame la victoria del presidente Maduro nos vamos a la calle a defender la paz", dijo su jefe de campaña, el parlamentario Jorge Rodríguez, al dar por descontada la reelección.

La semana pasada, Uruguay junto a los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala y Paraguay, emitió un comunicado exigiendo el fin del “hostigamiento y persecución” contra dirigentes de la oposición en pleno proceso electoral.

“Exigimos el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos”, indicó Cancillería.

Y prosiguió: “Exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas”.

Unos 21 de los 30 millones de venezolanos están en el padrón electoral, aunque se estima que solo podrían votar 17 millones que siguen en Venezuela y no han migrado.

El domingo será clave la postura que asuma el aparato de seguridad, hasta ahora principal sostén del gobierno de Maduro. El presidente ha dicho que la Fuerza Armada está de su lado y asomó la posibilidad de un alzamiento militar si gana la oposición. González Urrutia por su parte ha pedido a los militares "respetar y hacer respetar" el resultado.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, se mostró el lunes asustado con la advertencia de Maduro del "baño de sangre". "Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas (en el poder). Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", aclaró.

El país petrolero, durante mucho tiempo uno de los más ricos de América Latina, está hundido en la crisis. La producción de crudo se desplomó de 3,5 millones de barriles por día en 2008 a 400.000 en 2020, y hoy recuperó terreno a un millón diarios. El PIB se redujo 80% en 10 años, con cuatro años de hiperinflación que llevaron a una dolarización parcial de la economía.

Unos siete millones de venezolanos huyeron del país en la última década, según la ONU, de los cuales 33.000 se encuentran en Uruguay. Los sistemas de salud y educación están en total ruina.