El gobierno planea bajar el uso del efectivo en dólares y divide a la oposición

El nuevo esquema fijaría un máximo sustancialmente menor para transacciones en billete físico e incorporaría restricciones adicionales.

El límite actual de 164.000 dólares por transacción en efectivo podría caer a menos de un tercio si prospera la iniciativa.

El Parlamento debate la reforma de más de 30 artículos de la Ley Integral contra el Lavado de Activos con el límite de operaciones en efectivo como uno de los puntos más polémicos que fractura a gran parte de la coalición opositora.

El gobierno actual propone reducir el tope al pago en dólares en billetes para cualquier tipo de transacción, posición que el Partido Colorado (PC) respalda pese a las críticas de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Nacional (PN), sectores que cuestionaron públicamente ese acompañamiento.

La iniciativa, aprobada en diciembre en la Comisión de Diputados tras pasar por el Senado, introduce ajustes procesales, nuevos delitos precedentes del lavado, incorporación de sujetos obligados y cambios en las potestades de organismos de control que concentran la resistencia, principalmente, de blancos y cabildantes.

Efectivo permitido para transacciones

El diputado del Frente Amplio (FA), Joaquín Garlo, explicó el alcance de la reducción acordada: "Hay una reducción de los montos de transacciones en efectivo que se acordó en la Cámara de Senadores y se mantuvo el acuerdo en la Cámara de Diputados que hoy por hoy ronda los 164.000 dólares y hoy pasarían a ser entre 40.000 y 50.000 dólares".

El diputado colorado, Conrado Rodríguez, respaldó la medida: "No es racional que una persona pueda ir con 164.000 dólares en efectivo a hacer una compra-venta. Por lo tanto, que se pueda bajar ese umbral, nos parece que es correcto. En ese marco se agregó un segundo umbral que tiene que ver con las transacciones como compra-ventas con un máximo de un 5% del negocio. Esto implica de que se puede utilizar efectivo hasta 80.000 dólares, algo que nos parece un monto también bastante racional".

El debate sobre el tope para operaciones en efectivo tiene antecedentes directos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) del gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó el límite a 160.000 dólares desde los 6.000 dólares fijados por la ley de Inclusión Financiera durante la administración de José Mujica. Ese tope fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum contra la LUC de 2022.

Cuestionamientos desde el Partido Nacional: "La gente dijo que no"

El diputado del Partido Nacional (PN), Federico Casaretto, criticó duramente al gobierno: "El FA hizo consultar a la población previamente, a ver si estaba de acuerdo en que se bajara el monto de transacción en efectivo y la mayoría de los uruguayos dijeron que no. Pues vuelven a insistir ahora nuevamente con otra ley, tratando de cambiar esto".

La posición de los blancos fracturó la coalición opositora en un punto sensible, considerando que el referéndum de 2022 contra la LUC ratificó el tope de 164.000 dólares que ahora el gobierno con apoyo de los colorados pretende modificar.

Otras modificaciones del proyecto

El proyecto agrega delitos ambientales, fraude en entidades del sistema financiero nacional y ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100.000 unidades indexadas, equivalentes a unos 16.000 dólares, como actividades precedentes del lavado de activos.

También incorpora nuevos sujetos obligados no financieros, entre ellos fiduciarios no financieros y prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que operen para negocios que desarrollen actividades financieras en el exterior de forma "profesional y habitual".