El gobierno rechaza que sea excesivo el impuesto al turismo fluvial

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, estableció que la tasa sería para fomentar un mejor y más moderno servicio.

El gobierno uruguayo cobrará un impuesto de 2,10 dólares más IVA a las personas que entren y salgan del país.

Foto: @AnpComunicacion

Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, se refirió al nuevo impuesto fluvial propuesto por el gobierno que pretende cobrar 2,10 dólares más IVA para quienes ingresen y salgan del país por los puertos uruguayos y aseguró que no le parece exagerado ya que contribuiría a mejorar el servicio.

Según expresa el documento de licitación pública internacional N° 19/2022 aprobada por el presidente Luis Lacalle Pou, el impuesto aportará a sostener el servicio de seguridad. En coincidencia con el documento, Monzeglio aseguró en el programa Arriba Gente en Canal 10 que no le parece exagerado agregar 2 dólares “para sumar un servicio mejor y más moderno"

En este sentido, el subsecretario se refirió al contexto internacional y remarcó que el mundo esta cambiando y que muchos países se encuentran aplicando este tipo de medidas debido a que se están dando un aumento de costos en un marco donde "el turismo masivo, depredador, está de vuelta". El jerarca trajo el ejemplo de la ciudad italiana de Venecia donde se le cobra un impuesto a las personas que la visitan pero que no pasan la noche allí.

Las claves del impuesto

La semana pasada se dio a conocer que el gobierno adjudicó la Licitación Pública Internacional N° 19/2022 convocada para la contratación de una “solución llave en mano”, con el objetivo de instalar un sistema de control fronterizo “para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay”. El consorcio ganador fue la Promesa de Consorcio integrada por las empresas Veridos México Sociedad Anónima de Capital Variable y Veridos GMBH, que operará 10 años el servicio, según informó El País.

Asimismo, la resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, señala que el precio por servicio de seguridad será de 2,10 dólares más IVA, valor que se percibirá de los pasajeros a través de los agentes navieros, que deberán retener y convertir al adjudicatario el monto recaudado. Por lo tanto, la contratación “no generará ingresos o erogaciones a cargo del Ministerio del Interior”.

El nuevo mecanismo habilitará el análisis del nivel de riesgo de las personas que crucen la frontera y la búsqueda en listas de Interpol de ciudadanos uruguayos y extranjeros, lo que optimizará las alertas. Estará activo en los 43 puntos fronterizos del país.

La iniciativa de este proyecto surgió del ámbito privado, ya que fue presentado por Dafiway SA en 2018, empresa que participó de los tres procesos licitatorios —dos de ellos realizados durante administraciones anteriores sin lograr resultados concretos— y que, en este último, también quedó por el camino.

Aunque el Tribunal de Cuentas (TCR) había observado en dos oportunidades las actuaciones del actual gobierno, Lacalle Pou y Heber resolvieron el 5 de setiembre “reiterar el gasto observado, habida cuenta también de la urgencia que existe de contar con el sistema de control fronterizo licitado, a fin de reforzar los mecanismos de fiscalización de pasajeros que ingresan y egresan al país, e implementar los avances tecnológicos que permiten brindar mejores condiciones de seguridad en la frontera”.

Por esto mismo, y si bien el llamado de licitación preveía la puesta en marcha del sistema doce meses después de la firma del contrato, la resolución dispone “dar intervención” nuevamente al Tribunal de Cuentas.

Las objeciones a la tasa

La resolución firmada el 5 de septiembre supuso objeciones tanto por parte de las dos empresas que acudieron al llamado de licitación —objeciones a las ofertas de sus competidores—; como por Buquebus y Colonia Express, las dos firmas de transporte fluvial de pasajeros que operan en el Río de la Plata y que, una vez puesto en marcha el sistema de control fronterizo, deberán cobrar el “servicio de seguridad” por los controles migratorios.

En este sentido, para las compañías fluviales la medida es “discriminatoria”, porque no se grava el transporte aéreo ni el terrestre.

Sin embargo, el presidente y el ministro decidieron avanzar con la adjudicación “de acuerdo a lo sugerido por la Comisión Asesora de Adjudicaciones”, sin hacer lugar en esta instancia a las peticiones formuladas.

Por su parte, el TCR observó en dos ocasiones el proceso: la primera vez, con cuatro objeciones; y las segunda, con tres.