El gobierno subasta la red 5G en medio de quejas de la oposición y las empresas

Se trata de tres bloques, uno de los cuales será para Antel. Compiten Movistar y Claro. Dedicado podría judicializar la adjudicación.

La subasta de la red 5G en Uruguay finalmente se llevará a cabo el 9 de mayo.

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El gobierno de Luis Lacalle Pou nacional se encuentra ultimando detalles para lo que será la polémica subasta de los tres bloques en el espectro de la red 5G, este martes. En los últimos días, las empresas de telecomunicaciones asistieron a la Comisión de Industria del Senado para tratar los cuestionamientos al proceso competitivo del gobierno que todavía mantienen.

Las empresas privadas, Claro, Movistar, y Dedicado, habían presentado distintos recursos en contra de las condiciones impuestas para el proceso competitivo, sin embargo, el gobierno confirmó la fecha de subasta y ahora la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) tiene vía libre para avanzar con la licitación.

Con la exclusión en la puja de Dedicado, serán Movistar y Claro las únicas empresas privadas que podrán participar de la instancia final de la adjudicación, quedando así el tercer bloque reservado para Antel, tal y como está establecido en el decreto oficial.

De esta forma, y más allá de las quejas iniciales, no se espera que haya una gran puja competitiva, debido a la asignación de los tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz para las tres empresas que participarán del proceso. Por su parte, si alguno de los bloques para las empresas privadas no fuera adjudicado, es posible que la compañía estatal de telefonía intente adquirirlo también.

Movistar acusó ventajas para Antel en la subasta del 5G

Pese a contar con participación, desde Movistar habían presentado un documento en el cual sostienen que "no se trata simplemente de subastar frecuencias radioeléctricas", lo cual sería solo "el primer paso", sino de establecer condiciones "para que se puedan desarrollar las redes para proveer esta tecnología". En ese sentido, advierten que "las condiciones actuales no facilitan dicho despliegue a los operadores privados".

Esta es una queja que la empresa de telefonía que opera en Uruguay elevó desde el primer momento en que se conoció el pliego con las bases y condiciones para la subasta, y por la cual presentó un recurso administrativo que, finalmente, fue levantado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Otro punto cuestionado por Movistar en el documento que presentó en el Parlamento, pero que, una vez más, elevó desde el primer momento, es la cuestión de "las ventajas que se le confieren al operador estatal" en el proceso competitivo, en referencia al bloque reservado para Antel.

Según la empresa transnacional, las condiciones de la subasta de 5G "son violatorias de los tratados de protección a las inversiones extranjeras" suscriptos por Uruguay. "Solo asegurando una fecha común de lanzamiento de 5G a nivel de la industria podría compensarse en parte la ventaja competitiva que se le ha otorgado a Antel", apuntaba el texto.

Dedicado y Claro mostraron su molestia por el proceso de adjudicación del 5G

También las delegaciones de Claro y Dedicado tuvieron su oportunidad de expresar sus quejas frente a los legisladores de la Comisión de Industria.

Por parte de la empresa privada uruguaya, compareció el CEO, Arturo Vergas, y volvió a poner sobre la mesa la "discriminación" expresa que suponen las condiciones para participar del proceso competitivo para desarrollar la tecnología 5G en el país.

A este punto, el titular del MIEM, Omar Paganini, había explicado previamente, frente a la misma comisión parlamentaria, que la decisión de incluir la experiencia previa en el sector de la telefonía celular como requisito fue "porque se entiende sumamente razonable que, para un servicio de la importancia de la telefonía móvil, quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias", remarcó.

Por otro lado, los representantes de Claro, que también habían presentado un recurso administrativo desestimado por el MIEM, comparecieron por videoconferencia, objetando una vez más sobre el precio base de 28 millones de dólares por cada bloque fijado por el gobierno.

Esta cuestión también había sido tratada por Paganini, quien señaló que el precio era resultado de un estudio comparativo de los valores en 27 países por parte de la Ursec. "A algunos de los interesados en participar les parece que este número es excesivo. Es entendible que así suceda, pero nosotros pensamos que es el valor que realmente tiene", expresó el ministro días atrás.