El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que agiliza la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable y ahora aguarda únicamente la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor.
Con el aval de todos los partidos, el Estado podrá quedarse con propiedades en ruinas sin desembolsar dinero si las deudas acumuladas cubren el valor del bien.
Desde el oficialismo, legisladores como Sebastián da Silva apoyaron la medida, pero reclamaron que el próximo paso sea activar las "miles de hectáreas" de suelo público que el Estado tiene ociosas.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que agiliza la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable y ahora aguarda únicamente la promulgación del Poder Ejecutivo para entrar en vigor.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La iniciativa fue impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) y tuvo como principal promotor al senador frenteamplista y exdirigente del Sunca, Óscar Andrade, como figura central en los debates sobre vivienda y suelo urbano. Su aprobación en tercera cámara cierra un trámite que ya había pasado por el Senado y por Diputados, donde recibió algunos ajustes, y representa la primera respuesta legislativa concreta del gobierno al problema de los inmuebles abandonados, sin uso y con deudas acumuladas que bloquean su reutilización.
Bajo la normativa vigente, el proceso expropiatorio de inmuebles con deuda compensable, principalmente impuestos municipales impagos, era lento y engorroso, lo que llevaba a las intendencias a desistir o a acumular causas sin resolución durante años.
La nueva ley permite que el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales soliciten medidas provisionales, de seguridad edilicia, salubridad e higiene, de forma simultánea con la solicitud de toma de urgente posesión, sin necesidad de esperar a que el proceso judicial avance. Para eso deberán contar con un informe técnico de profesional competente y notificar al propietario.
Segundo, habilita la toma de posesión del inmueble antes de que se fije la indemnización definitiva, con la condición de que se consigne judicialmente una suma provisoria fijada por el tribunal. Tercero, cuando el inmueble registre deudas con el organismo expropiante, ese monto se imputará directamente a la indemnización provisoria que el Estado debe depositar, compensando la deuda contra el valor del bien. En la práctica, el Estado puede hacerse de un inmueble abandonado sin desembolso neto si la deuda acumulada cubre el valor del bien.
Al momento de la votación, el senador Andrade señaló que el estudio realizado en la Comisión de Vivienda del Senado evidenció que "es pavoroso el retraso que existe en la última década y media, y puedo ir más, en los últimos 30 años, en la utilización de normas que intentan enfrentar el problema de la vacancia urbana". Al mismo tiempo, reconoció que se trata de "un proyecto modesto" que "no agrega mucha cosa a las herramientas que hoy existen", pero que apunta a reducir la fricción burocrática que frenaba su uso.
Para ilustrar el potencial de la herramienta, Andrade citó dos experiencias previas. La Intendencia de Maldonado utilizó mecanismos similares para recuperar "cuatro bocas de pasta base que estaban en el centro de la ciudad" y construir un estacionamiento. Montevideo, por su parte, llevó adelante una experiencia piloto con 60 predios cedidos a una cooperativa de vivienda, con resultados para 1.054 familias y recuperación de 10 millones de dólares en deuda acumulada.
La unanimidad en el Senado no oculta que cada partido llegó al voto desde su propio diagnóstico. El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián da Silva, aprovechó el debate para señalar el problema del suelo público abandonado: mencionó "miles de hectáreas" en escuelas rurales ociosas que pueden llegar a ser un "polo de desarrollo para la nueva economía de emprendimientos". "Estoy desesperado. En el gobierno pasado intenté también, pero pasa aquello insólito del Estado uruguayo que dice 'no, esta botella es mía y me la guardo'", expresó da Silva.
El senador del Partido Colorado (PC), Tabaré Viera reconoció que la iniciativa "tiene directa referencia e incidencia en la política de tierras" y que, si bien "no es la solución para el resto de los problemas que tenemos", sí es "una herramienta más". El senador frenteamplista, Gustavo González, exdirigente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, fue explícito sobre los tres pilares del problema habitacional: recursos estatales, marco legal y cartera disponible de tierras. "Esta ley justamente va por sumar a todas las intendencias del país los inmuebles abandonados que estén en condiciones de pasar a ese instrumento político clave", sostuvo.
La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, que como presidenta del Senado también votó a favor, recordó su experiencia en la Intendencia de Montevideo buscando "los trámites más cortos posibles para lograr, en el entramado urbano, sin necesidad de ir a la periferia, espacios donde poder enriquecer la cartera de tierra".
Andrade anticipó que la agenda legislativa en materia de suelo no termina aquí. Ya se está trabajando en un segundo proyecto orientado a los casos de "suelo urbano público sin utilizar, que es el más vergonzoso". El senador confirmó que ya hubo una reunión entre la Comisión de Vivienda del Senado y las autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para avanzar en esa dirección.
Montevideo concentra miles de inmuebles abandonados o subutilizados en zonas servidas con infraestructura pública pagada por todos los contribuyentes, mientras la mancha urbana sigue expandiéndose hacia la periferia generando costos crecientes para el Estado. La nueva ley es un paso, pero el siguiente, según el propio Andrade, será el más difícil: poner en uso el suelo que el propio Estado lleva décadas guardando sin razón.