La presión sobre el gobierno de Yamandú Orsi para avanzar en una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de personas físicas volvió a ganar visibilidad esta semana, esta vez desde adentro del oficialismo, ya que el senador del Partido Socialista (PS) e integrante del Frente Amplio (FA), Gustavo González, respaldó nuevamente la propuesta, que también apoya el PIT-CNT, de agregar un 1% al impuesto al patrimonio más rico del país, y estimó que la medida podría recaudar alrededor de 600 millones de dólares.
"Yo creo que es mucho para este país y sería muy importante", afirmó González, en una entrevista para Canal 5 y luego sumó: "No es un nuevo impuesto, es agregar a ese 1% de personas, un 1% de su patrimonio activo. Estamos en una situación delicada desde el punto de vista económico del país, y nosotros creemos que esto ayudaría mucho a nuestro gobierno".
La iniciativa no crea un impuesto nuevo, sino que propone una sobretasa progresiva sobre el Impuesto al Patrimonio ya existente, que desde la reforma tributaria de 2009 quedó, según el propio titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala, "como un impuesto casi referencial, del 0,1%". El 1% afectado serían personas físicas que poseen patrimonios de un 1 millón de dólares o más (unas 25.000 personas), con alcance sobre inmuebles, tierra y capital financiero.
La propuesta plantea tres esquemas posibles de sobretasa y aclara que el patrimonio gravado se determinará por la diferencia entre el activo y el pasivo, fiscalmente determinados, abarcando todos los activos situados o utilizados económicamente en Uruguay, así como los activos de residentes fiscales uruguayos en el exterior. La estimación de recaudación va desde los 600 millones de dólares que maneja González hasta los 800 millones de dólares que señala el propio Abdala, equivalentes a alrededor del 1% del PIB.
El diagnóstico que sustenta la propuesta es contundente: el 1% de mayores ingresos percibe el 15% del ingreso total del país y posee entre el 37% y el 39% del patrimonio total de Uruguay. El PIT-CNT ancla moralmente la propuesta en otro dato: uno de cada tres niños uruguayos vive bajo la línea de pobreza, y la central sindical entiende que el crecimiento económico proyectado para 2026, entre 1% y 1,7%, no alcanzará para mover ese indicador de forma significativa. En ese marco, la sobretasa aparece como la única fuente adicional de financiamiento que no requiere endeudamiento. González fue en la misma línea al afirmar que las propuestas del movimiento sindical "lejos de debilitar al gobierno, lo afirman, le dan una mano y plantean soluciones".
El gobierno cerró la puerta, pero el FA tiene su propia agenda tributaria
La posición del Poder Ejecutivo ha sido, hasta ahora, de rechazo sistemático. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, rechazó la idea en varias oportunidades: primero ante la propuesta directa del PIT-CNT y luego al responderle a la Unidad Temática de Economía del FA, dejando en claro que "la agenda del gobierno" no incluye el impuesto.
Sin embargo, la grieta dentro del campo oficialista es real. El intendente de Montevideo y exministro del MEF, Mario Bergara, calificó la iniciativa de "razonable". La propia Unidad Temática de Economía del FA fue más lejos y planteó "mejorar la progresividad" del Impuesto al Patrimonio y "lograr un mayor aporte fiscal sobre los muy altos patrimonios netos no productivos de los sectores que concentran la riqueza", lo que se vincula directamente a la propuesta del PIT-CNT.
Para el sector financiero y empresarial, la persistencia de la propuesta, ahora con voz legislativa dentro del oficialismo, es una señal de alerta que va más allá del debate coyuntural. El impuesto alcanzaría a un universo que incluye no solo a los grandes propietarios rurales y urbanos, sino también a empresarios medianos y grandes, inversores con activos financieros locales y extranjeros, y titulares de carteras inmobiliarias de mediana escala.
La propuesta de incluir activos en el exterior entre los gravados agrega un componente que históricamente ha generado comportamientos de deslocalización o subfacturación patrimonial en otros países donde se implementaron esquemas similares.
