La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay cuestionó duramente el decreto por su contenido y sus formas, y advirtió sobre el golpe a familias y empresas.
El sector automotor y la oposición apuntan contra el Imesi a autos eléctricos por su impacto en la clase media.
El gobierno definió un cambio en las exoneraciones impositivas sobre los autos eléctricos de mayor valor, y tanto desde el sector del comercio automotor como desde la oposición criticaron la medida como un golpe a las "familias", las "empresas" y la "clase media".
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Con el objetivo de generar mayores ingresos que permitan financiar el aumento del gasto contemplado en la primera Rendición de Cuentas de la gestión —fuertemente presionada tanto por las condiciones económicas internas como por las externas—, el Poder Ejecutivo decretó un ajuste en los incentivos a la movilidad eléctrica y estableció la aplicación del Impuesto Específico Interno (Imesi) para autos eléctricos a partir de enero de 2027. Sin embargo, y mientras el discurso oficial apunta a un aumento progresivo de la carga tributaria para los vehículos de mayor gama, la medida no fue bien recibida en el sector de comercio automotor.
En ese sentido, según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), el decreto constituye "una nueva señal de incertidumbre para el sector" y advirtió que "quienes terminarán soportando el impacto de estas decisiones serán los ciudadanos".
A través de un comunicado oficial, la ACAU expresó su preocupación por la medida definida por el gobierno, que se suma al incremento del costo de la energía en los cargadores de acceso público y al aumento del valor de la patente de rodados para este tipo de vehículos. "Es cierto que la mayor cantidad de vehículos queda por debajo de ese valor y no será gravada, pero aquello de que se iba a gravar solamente la alta gama no es así", señaló por su parte el presidente de la asociación, Ignacio Paz, en diálogo con Telemundo.
Asimismo, la gremial manifestó su "profundo descontento con la forma en que fue conducido este proceso", debido a que no fueron consultados ni informados de antemano pese a la "enorme trascendencia" de la medida, incluso cuando hubo un "compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector sobre las conclusiones alcanzadas antes de su adopción". "Llama especialmente la atención la rapidez con la que se ha impulsado esta medida, sin un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales", apuntó ACAU.
"Entendemos que, si el objetivo fuera revisar el esquema tributario vigente, existen alternativas técnicamente más adecuadas que permiten compatibilizar la recaudación con el estímulo a la eficiencia energética, las menores emisiones y la renovación del parque automotor", continuó el comunicado que, también, puso sobre la mesa el "cambio sustancial" que implica la decisión impositiva respecto de la política de Estado uruguaya de transformación energética; e insistió en que el impacto caerá principalmente sobre familias y empresas que verán dificultado su acceso a "tecnologías más modernas, más seguras, más eficientes y más amigables con el medio ambiente, retrasando la renovación del parque automotor nacional".
Desde la oposición también criticaron duramente la decisión del gobierno de aplicar el Imesi a los autos eléctricos. Uno de dirigente que apuntó contra la medida fue el senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, que se refirió a "la patética obsesión que tiene el Frente Amplio (FA) en seguir exprimiendo a la clase media".
"Es la gran Pinchinatti: se sale, se desfila en un auto eléctrico promoviendo el uso de vehículos que no tengan combustión y en la primera de cambio, sin avisar, aumenta los impuestos. Es otra patética comprobación de que el Frente Amplio miente. Mintió en la campaña electoral y en el gobierno te clava la cabeza", consideró en diálogo con la prensa, recordando el desfile de asunción del presidente Yamandú Orsi, el pasado 1° de marzo; y haciendo una comparación con el personaje interpretado por el humorista Ricardo Espalter durante la campaña electoral de 1989.
Otro opositor que cargó contra el gobierno fue el también senador, pero del Partido Colorado (PC), Robert Silva, que también calificó la decisión como un "gran sablazo a la clase media".
"El gobierno nos volvió a mentir", aseguró, respecto a que "nos vuelven a poner nuevos impuestos", en contra de los compromisos asumidos en esa materia por la administración frenteamplista. Y agregó que la aplicación del Imesi sobre los autos eléctricos puede generar una "situación compleja", por ejemplo, para quienes trabajan como choferes de plataformas y optan por vehículos eléctricos para desarrollar su actividad. Para el senador colorado, hay una necesidad de "hacer caja" y una respuesta "solamente a un afán recaudatorio" por parte del Poder Ejecutivo.
En tanto, el gobierno sigue defendiendo la medida sobre el sector de los autos eléctricos y justificó el cambio en el fuerte crecimiento del gasto tributario asociado a las exoneraciones.
Según el proyecto de Rendición de Cuentas, el costo fiscal por Imesi y aranceles no recaudados alcanzó los 156 millones de dólares en 2025, y se estima que en 2026 superará los 200 millones de dólares, en paralelo a un incremento en las importaciones de vehículos eléctricos, que pasaron de 100 millones de dólares en 2022 a 425 millones de dólares el año pasado. Además, el Poder Ejecutivo argumentó que países como Noruega, Suecia, Alemania y Costa Rica revisaron sus esquemas de incentivos a medida que la movilidad eléctrica fue madurando.
La medida busca, asimismo, financiar el incremento de 31 millones de dólares en transferencias para la primera infancia, señaladas como una prioridad en la Rendición de Cuentas.