El texto crea incentivos fiscales de hasta el 80% para la contratación de personal para revertir el desempleo en el interior y la baja retención de los puestos.
El proyecto insignia de Yamandú Orsi y Juan Castillo eleva los topes de contratación subsidiada para las planillas del sector privado.
El Senado aprobó el proyecto de Ley de Empleo Integral enviado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo, mediante una votación que fue unánime y que selló el final del trámite parlamentario, por lo tanto, ahora resta que el presidente de la Républica, Yamandú Orsi promulgue la norma.
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El proyecto, presentado en su momento por Orsi junto al ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, reemplaza a la de Empleo Juvenil (19.133), la de Fomento al Empleo (19.689) y la de Promoción del Empleo (19.973, de 2021) y representa para las arcas públicas un compromiso de 10 millones de dólares al año.
El diagnóstico que motivó la reforma combinaba dos problemas, por un lado, una fuerte concentración geográfica de los beneficios, que según había explicado el propio Castillo, llegaban en un 80% a Montevideo y Canelones mientras el resto del país recibía apenas el 20%, en un contexto de desocupación que rondaba el 7% a nivel nacional, pero superaba el 12% en algunos departamentos del interior, sobre todo, los que limitan con Brasil y Argentina. Por otro lado, la propuesta viene a resolver la baja retención de los puestos creados, ya que el director nacional de Empleo, Federico Araya, había señalado durante el trámite en comisión que 3 de cada 10 personas que ingresan al mercado laboral a través del régimen vigente no permanecen más de tres meses en su puesto.
En términos operativos, la nueva ley crea un esquema de subsidios a la contratación que el equipo económico había definido en un rango de entre 25% y 80% de la retribución mensual, según el perfil de vulnerabilidad de cada trabajador. El texto sancionado prevé, por ejemplo, un subsidio de hasta un cuarto del salario para jóvenes de entre 15 y 24 años con más de tres meses de desempleo, que se eleva a un tercio cuando se trata de mujeres. También contempla estímulos para personas afrodescendientes, trans, con discapacidad, privadas de libertad y recientemente liberadas del sistema carcelario.
Al informar sobre los cambios incorporados en la Cámara de Diputados, también votados por unanimidad, el senador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta, explicó que se sumó como colectivo beneficiario a "las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad", por tratarse de "un colectivo vulnerable a la hora de enfrentar su inserción laboral".
Brenta detalló además que Diputados elevó de 15% a 20% la proporción de la plantilla que las empresas de más de 99 trabajadores podrán cubrir con personal contratado bajo el régimen de subsidios. Ese tope varía según el tamaño de la empresa: las que tienen hasta cuatro empleados pueden cubrir con el beneficio hasta el 50% de su plantilla.
Otro cambio fue una garantía salarial explícita para las personas privadas de libertad que sean contratadas: no podrán percibir una remuneración inferior al salario mínimo nacional. Brenta vinculó el ajuste con el Decreto-Ley 14.470, "por el cual las empresas tenían la posibilidad de abonar un medio salario mínimo nacional".
El programa Yo Estudio y Trabajo, destinado a desempleados de entre 15 y 24 años que no hayan cotizado a la seguridad social en los últimos tres meses y que estén estudiando o inscriptos para hacerlo, también fue ajustado, ya que para el sector privado se fijó el sorteo como mecanismo de selección, junto con los porcentajes de subsidio a los que pueden acceder las empresas contratantes.
A pedido de la oposición se incorporó, además, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá controlar los laudos y la carga horaria semanal pactada en los contratos, y que esa cartera, junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), deberá sistematizar la información sobre la aplicación de la ley.
Esa definición fue especialmente valorada por el senador colorado, Robert Silva, quien advirtió: "Si esta ley no le sirve al sector empleador de este país, queda en letra muerta. El gran desafío es ver cómo esta ley impacta, cuán utilizada es, cuán difundida es, y a partir de eso saber que estamos aprobando una ley que impacta en la vida de la gente".
En la misma línea, la senadora nacionalista, Graciela Bianchi, sostuvo que la implementación de la política "es fundamentalmente un tema de gestión", y remarcó la necesidad de que la ley llegue al "Uruguay profundo" y a las pequeñas y medianas empresas: "Tenemos que efectivamente exigir, y nosotros también colaborar, con la información" sobre la normativa vigente, dijo.
Con la sanción del Senado, la firma final queda del lado del Poder Ejecutivo, que deberá promulgar la ley y avanzar en su reglamentación operativa, incluido el esquema de seguimiento conjunto entre la Dirección Nacional de Empleo y el Inefop que el propio gobierno señaló como clave para evitar que se repita la baja retención laboral registrada bajo el régimen anterior.