El proyecto de ley de Empleo Integral tuvo luz verde en Diputados, pero vuelve al Senado

La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la iniciativa que destina u$s 10 millones para estimular la contratación de trabajadores de grupos vulnerables.

El proyecto de ley de Empleo Integral tuvo luz verde en Diputados, pero vuelve a la Cámara alta.

La Cámara de Diputados aprobó el martes por unanimidad el proyecto de ley de Empleo Integral que el gobierno envió al Parlamento a mediados de marzo, una iniciativa que contempla una inversión de 10 millones de dólares para reducir el desempleo en sectores vulnerables y generar puestos de trabajo de calidad.

La totalidad de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación dio luz verde al proyecto de ley de Empleo Integral, que ya había logrado la media sanción en el Senado días después del 1° de mayo. Sin embargo, la iniciativa regresará a la Cámara alta antes de lograr la aprobación definitiva, ya que los legisladores incorporaron algunas modificaciones en la redacción del texto que deberán ser refrendadas.

Según expresó la diputada del Frente Amplio (FA), Sol Maneiro, al momento de la votación, el proyecto fuertemente trabajado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es el resultado "de años de experiencia acumulada, de políticas que funcionaron y de otras que no llegaron a quienes más las necesitaban”, así como de “escuchar a trabajadoras y trabajadores, a organizaciones, a técnicos, a empresas”. Asimismo, se apoya en "la convicción de que el trabajo es un derecho, no un privilegio".

¿De qué se trata el proyecto de ley de Empleo Integral?

El proyecto del Poder Ejecutivo consiste en un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores dentro de determinados grupos poblacionales por parte de las empresas. El presupuesto para el mismo es de 10 millones de dólares anuales —unos 407 millones de pesos para lo que resta del período—, y será gestionado, en mayor parte, a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El objetivo central es que el Estado y el sector privado articulen soluciones para aquellas poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo, como jóvenes sin experiencia, mujeres con hijos a cargo, personas trans, afrodescendientes, personas con discapacidad, liberados del sistema penitenciario y adultos mayores de 50 años con dificultades de reinserción. Los subsidios sobre el salario y las cargas sociales —es decir, la porción del costo de contratación del cual se haría cargo el Estado según el proyecto en cuestión— varían según el grupo considerado, y es mayor en todos los casos que la contratación sea de una mujer.

Desde el gobierno explicaron que no se ha fijado un cupo de beneficiarios, sino que se trabajará en función del fondo asignado hasta agotar los recursos. La normativa tendrá vigencia durante todo el período de gobierno y permitirá contratos subsidiados por un máximo de 12 meses.

Una ley que apunta generar empleo de calidad

Por su parte, Maneiro apuntó que “los incentivos económicos solos no alcanzan” y, en ese sentido, destacó que el proyecto también contiene “dos medidas que son tan importantes como el subsidio”, y que apuntan a que el empleo generado sea también de calidad y de apertura de oportunidades para garantizar la continuidad en el mercado laboral a largo plazo.

Una de estas medidas es la prohibición de “los horarios rotativos para jóvenes contratados bajo este régimen”, cuyo propósito es “reconocer que un joven que estudia no puede aceptar un trabajo que le cambie el turno cada semana”. La otra disposición establece que “los menores de 18 años tienen un tope de 20 horas semanales”, porque “el trabajo no puede competir con la educación”.

Asimismo, la legisladora oficialista resaltó que el proyecto, pensado como "política de alcance nacional", “incorpora una perspectiva territorial concreta” mediante la habilitación de “contratos de hasta tres meses para actividades zafrales o de temporada estival”.

“Esta ley no resuelve todo. El desempleo estructural de ciertos colectivos no desaparece con una sola norma, pero lo que sí hace es poner en marcha un conjunto de instrumentos claros, accesibles y con respaldo presupuestal concreto. Da un paso, y en política social los pasos importan porque se construye sobre ellos. Y lo hacemos con la certeza de que cuando el Estado actúa con claridad y decisión política, las cosas cambian”, concluyó Maneiro.