La campaña por las elecciones 2024 llega a su fin con algunos interrogantes abiertos y varias certezas, entre ellas, que la política no ha logrado despabilar a una sociedad apática que ve cada vez más lejano el devenir electoralista de su vida cotidiana.
Elecciones 2024: últimas horas de una campaña sin vértigo político, pero con incertidumbre económica
Orsi llega con tranquilidad al domingo, sabiendo que la batalla la dará en noviembre. La puja entre Delgado y Ojeda será hasta el último minuto. La discusión sobre la seguridad social trasciende al plebiscito del PIT-CNT.
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Elecciones 2024: Después de votar, seguirán los desafíos de crecimiento de la economía
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Elecciones 2024: El Frente Amplio lidera la intención de voto, pero sin alcanzar el triunfo en primera vuelta
Ello aun cuando el domingo, entre las cosas que se juegan, está el futuro del sistema de seguridad socialy la estabilidad económica e institucional atada a él, como consecuencia del plebiscito impulsado por la central sindical PIT-CNT.
Los candidatos presidenciales son once, pero la atención se posa sobre tres. Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA); Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN); y Andrés Ojeda, del Partido Colorado (PC).
La coyuntura en que cada uno de ellos llega a la primera vuelta -es unánime la proyección de que habrá balotaje el 24 de noviembre- es disímil. Orsi ha liderado la intención de voto para este domingo incluso antes de ser elegido el candidato frenteamplista. Aunque sufrió vaivenes en el caudal de apoyo, está consolidado por encima del 40%, el piso habitual de su fuerza.
El recorrido de Delgado no ha sido el mismo. Aupado con más del 60% de los votos en la interna blanca, su intención de voto ha ido cayendo consistentemente a lo largo de la campaña. Hay quienes ven en esa baja las consecuencias de algunos escándalos de dirigentes del PN y el efecto de la selección de una compañera de fórmula, Valeria Ripoll, que se sumó a las filas nacionalistas desde el Partido Comunista.
Mientras el ex secretario de la Presidencia veía bajar su apoyo, Ojeda, que se quedó con la nominación colorada contra varios pronósticos, mejoraba su performance. El abogado, basado en una campaña no tradicional para los estándares del Uruguay, fue el único candidato que creció en intención de voto a lo largo de la campaña.
Todo ello ocurrió a la sombra de un electorado que mantiene un alto grado de apatía e indecisión. Una frase muy repetida en la campaña ha sido la misma: “los indecisos serán clave”.
A la conquista de ellos va el Frente Amplio para lograr una mayoría parlamentaria. Ojeda los seduce para dar el batacazo e ingresar al balotaje. Delgado los necesita.
También son la llave para el futuro de los plebiscitos, el de allanamientos nocturnos, que si bien goza de consenso social en un país donde la inseguridad es la mayor preocupación (53%) no llegaría a ser aprobado; y el de reforma constitucional de la seguridad social, promovido por el PIT-CNT.
Sobre este último cabe destacar que, transcurridos casi 4 meses de campaña, con todos los candidatos presidenciales, economistas de a cientos y empresarios alertando sobre sus riesgos para la estabilidad del Uruguay e, incluso, con la masiva difusión de la central sindical de su proyecto, el nivel de desconocimiento es elevado. La sociedad uruguaya se divide casi en partes iguales entre quienes lo apoyan, lo rechazan y lo desconocen.
“La apatía es lo que nos va a salvar de que sea aprobado”, dijo Ojeda a Ámbito días atrás. La lectura es compartida por jefes de cámaras empresarias y analistas de opinión pública. Pero no obstante, su mera existencia entre las papeletas disponibles el domingo y la posibilidad aunque lejana de que se apruebe causó movimientos inauditos en el mercado uruguayo hace un mes.
El dólar saltó por encima de los 42 pesos e inversores extranjeros se desprendieron de bonos soberanos en pesos por el equivalente a al menos 700 millones de dólares.
Detrás estuvo la inquietud de que los peores presagio se hagan realidad. Estudios independientes y de organismos gubernamentales coinciden en que la aprobación del plebiscito de la seguridad social elevaría el déficit fiscal en 4%, dispararía el riesgo país, obligaría al gobierno a aumentar impuestos y enfrentaría al Estado a juicios millonarios por la confiscación de ahorros y el incumplimiento de contratos con las AFAP. Eso solo por mencionar algunos efectos.
Incluso cuando el plebiscito del PIT-CNT, que propone bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo y eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, no sea aprobado (para ello necesita el 50% + 1 de los votos), dejará la cuestión previsional instalada en la agenda política.
JP Morgan lo alertaba en un informe a sus clientes a inicios de setiembre. Un rechazo, pero con un nivel de apoyo elevado condicionará al próximo gobierno en materia de política jubilatoria.
El debate parece haber comenzado antes. El senador y jefe de campaña del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, habló de nacionalizar las AFAP -que gestionan fondos por unos 23.000 millones de dólares y son compradoras de emisiones del Estado- y desató una tormenta.
Aunque aclaró luego que sus dichos fueron irónicos y descontextualizados, Delgado y Ojeda no lo dejaron pasar y arremetieron. Señalan las posturas heterogéneas en el seno del Frente como un problema que limitaría el poder de decisión de Orsi.
No obstante y desde que la actual reforma de la seguridad social fue aprobada por el Parlamento el año pasado, puertas adentro asesores económicos y expertos señalan que es cuestión de tiempo para volver a tocar un sistema con numerosos puntos débiles, como consecuencia del envejecimiento poblacional y del menor número de jóvenes con empleo formal. Simplemente las cuentas no darán. Lo importante será entonces las condiciones en las que la política pueda dar ese debate.
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