Europa pone nuevas trabas judiciales, ¿peligra el acuerdo Mercosur-UE?

Polonia busca impugnar la aplicación provisoria y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene en sus manos definiciones clave para el futuro del pacto.

Europa pone nuevas trabas judiciales y pone en riesgo el acuerdo Mercosur-UE, clave para Uruguay.

La entrada en vigencia provisoria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) cerró una larga e histórica etapa de negociaciones entre los bloques pero, al mismo tiempo, abrió una nueva que, además de incluir su implementación efectiva y un nuevo panorama para el comercio exterior uruguayo, tiene sobre sí la incertidumbre que genera la judicialización del pacto.

Desde el 1° de mayo, con la aplicación provisional bilateral del Acuerdo Interino de Comercio (ITA) —el pilar comercial del acuerdo Mercosur-UE—, la atención se centró prácticamente en su totalidad sobre las cuotas, las reducciones arancelarias y otras oportunidades que también incluye el capítulo en cuestión. Sin embargo, en paralelo, se presentaba lo que podría ser un nuevo obstáculo para el histórico tratado entre los bloques: Polonia presentó un recurso de nulidad contra la decisión del Consejo Europeo (CE) que habilitó la entrada en vigencia provisoria del pacto.

Es paso judicial se suma, asimismo, a la judicialización del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que el Parlamento Europeo (PE) votó a fines de enero pasado, como forma de demorar —sino frenar— su aplicación ante los insistentes reclamos de los sectores agropecuarios y luego de que el pacto se firmara a nivel ejecutivo. Por lo que el plano judicial aparece como el de mayores dudas para el futuro del tratado: ¿puede estar en riesgo su continuidad?

El reclamo de Polonia, un nuevo signo de pregunta sobre el acuerdo Mercosur-UE

Este fue uno de los temas abordados durante el encuentro "Diversas miradas del acuerdo Mercosur - Unión Europea: impactos esperados", organizado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y al que asistió Ámbito.

Al respecto, el abogado argentino especializado en Derecho Comunitario europeo, Alejandro Perotti, hizo referencia específica a la presentación de Polonia ante el TJUE de un recurso de nulidad contra el acuerdo Mercosur-UE. Estrictamente hablando, la impugnación no fue al tratado mismo, sino a las resoluciones del Consejo Europeo 183/2026 y 185/2026, que habilitaron la firma y aplicación provisoria del ITA y del Acuerdo de Asociación (AA).

Según explicó el experto, el pedido del gobierno polaco apunta a que, en tanto el Tribunal no resuelva el reclamo de fondo —la denuncia del PE, cuyo tratamiento podría demorarse dos años—, emita una medida cautelar que suspenda la aplicación provisional del pacto comercial que "pone en peligro la seguridad alimentaria y la protección del consumidor", en palabras del viceprimer ministro Wadysaw Kosiniak-Kamysz, encargado de hacer el anuncio de oficial.

Esta acción fue bastante relativizada a nivel europeo, en tanto lo ven más como una jugada política interna que como un avance concreto con poder jurídico —de hecho, los argumentos legales detrás de la denuncia no fueron especificados—; además de que hay poca claridad respecto de si el reclamo fue presentado dentro de los plazos límite para ello, que se extienden hasta los dos meses de publicadas las resoluciones en cuestión. Sin embargo, al mismo tiempo abre dos caminos de duda: por un lado, puede animar a que otros Estados miembro opositores o, incluso el Parlamento, avancen por la misma vía; y, por el otro, no se puede descartar que el TJUE dé lugar a la impugnación, en tanto existen diez antecedentes similares que llevaron a la anulación de decisiones ejecutivas, tal y como señalo Perotti.

¿Qué busca el Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la UE?

Mientras tanto, el TJUE tiene en su poder el recurso presentado en enero por el Parlamento Europeo, un hecho poco habitual en sí mismo, más allá de lo que finalmente resuelva: según destacó el abogado, de las 28.263 sentencias de esta corte, solo 30 fueron dictámenes solicitados; y de esos, apenas tres fueron pedidos por el PE, como es el caso actual.

Si bien se espera que la decisión del Tribunal no se demore menos de dos años, el órgano legislativo de la UE solicitó el control de constitucionalidad previo a la aplicación de los tratados, a través de la comparación o el análisis de compatibilidad del pacto con el Mercosur respecto del derecho europeo —acuerdos constitutivos y de funcionamiento de la Unión Europea.

Específicamente, pidió examinar la conformidad de la cláusula de reequilibrio, el principio de precaución y las medidas de auditoría sanitaria y fitosanitaria incluidas en el acuerdo Mercosur-UE. En paralelo, también su cuestionó si la forma de dividir el pacto en dos partes —el comercial y el político y de cooperación— respeta los tratados constitutivos del bloque europeo, aspecto sobre el que también deberá pronunciarse la Justicia.

Los caminos del acuerdo Mercosur-UE en la justicia

¿Qué puede pasar si el TJUE resuelve de forma negativa? En ese caso, explicó Perotti, el acuerdo Mercosur-UE no podrá entrar en vigor, salvo modificación o revisión de los tratados, por lo que también se pondría fin a la aplicación provisional. Este sería el peor escenario posible para el comercio de los países involucrados, sobre todo, para Uruguay y los demás miembros del Mercosur. En contra partida, si dictamina a favor del pacto, éste obtendría un "blindaje jurídico" que facilitaría la aprobación definitiva posterior en el Parlamento Europeo, sin "excusas jurídicas" para rechazarlo.

En el mientras tanto, todavía está presente la posibilidad de que el Tribunal avance con una medida cautelar que ponga en pausa la aplicación provisoria del tratado —tal y como pretende Polonia—; pero este camino no fue adoptado en ninguno de los 30 dictámenes precedentes, por lo que las probabilidades de que ocurra son extremadamente bajas.