La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la nota de deuda de Uruguay en BBB con perspectiva estable, tras la primera revisión en la nueva gestión del Frente Amplio (FA), encabezada por Yamandú Orsi.
La agencia calificadora ratificó la nota de deuda aunque advirtió sobre los limitantes en relación al crecimiento moderado y las restricciones fiscales.
Fitch mantuvo la calificación BBB con perspectiva estable para Uruguay.
La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la nota de deuda de Uruguay en BBB con perspectiva estable, tras la primera revisión en la nueva gestión del Frente Amplio (FA), encabezada por Yamandú Orsi.
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Fitch era la última de las tres principales agencias calificadoras que restaba resolver su decisión respecto de la nota crediticia del país, y en el equipo económico del gobierno había incertidumbre debido a la conocida exigencia que tiene el organismo —al punto que es la única de las "tres grandes" (junto con Moody's y Standard & Poors) que mantiene a Uruguay apenas un escalón por encima del grado inversor, en lugar de dos—; y por el complejo escenario fiscal que caracteriza la coyuntura local.
La buena noticia llegó el viernes, con la ratificación de la nota BBB con perspectiva estable que, según Fitch, "se sustenta en un PIB per cápita relativamente alto, sólidos indicadores de gobernanza y sólidas finanzas externas".
Sin embargo, la institución fue firme al enumerar los factores que limitaron las posibilidades de mejora en la calificación: perspectivas de crecimiento moderadas, una carga de deuda pública que supera la mediana de la calificación "BBB" y que es sensible a las fluctuaciones del tipo de cambio, un largo historial de alta inflación —aunque reconoció las mejoras actuales en ese sentido—, y una flexibilidad política limitada por la dolarización, la indexación y la escasa profundidad financiera.
Uno de los principales factores que contempló Fitch para mantener la nota de deuda uruguaya fue la "continuidad política general tras las elecciones", una cuestión que, previo a noviembre pasado, generaba incertidumbre también en el plano económico, pero que fue despejándose a partir de los diferentes anuncios y lineamientos del gobierno frenteamplista.
Respecto de las elecciones presidenciales, el organismo hizo la salvaguarda de que "las plataformas de los candidatos no mostraron diferencias políticas marcadas"; y luego señaló que "el nuevo gobierno no ha anunciado planes para implementar reformas audaces, sino que priorizará los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico y la competitividad, así como para aumentar el gasto en protección social y seguridad pública".
En ese sentido, Fitch coincidió con el déficit proyectado en el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal del 4,1% del PIB en 2026; pero pronosticó que la consolidación fiscal gradual —que comenzará en 2027— será más lenta que la prevista por el gobierno "dado con crecimiento más lento" que el planteado por las autoridades y "menores aumentos de las medidas de recaudación".
Entre los aspectos positivos, asimismo, la agencia calificadora destacó los "riesgos externos contenidos", así como los "avances en la reducción estructural de la inflación y la mejora de la credibilidad de la política monetaria", reflejados en la consolidación del IPC dentro del rango de tolerancia y en torno a la meta del 4,5%, y en la convergencia progresiva de las expectativas empresariales y del mercado. "Mantener una inflación baja facilitaría otros objetivos, como contener el impacto de la indexación salarial, reducir la dolarización y mejorar la transmisión de la política monetaria", consideró.
En contrapartida, Fitch fue contundente al advertir sobre que "las restricciones fiscales representan un desafío para la agenda", partiendo de las perspectivas de crecimiento moderado —en torno al 2,5%, según sus pronósticos, para este año—; las dificultades que supondrá la "debilidad demográfica" a mediano plazo en este sentido; y los déficits presupuestarios superiores a lo previsto.
La "trayectoria creciente de la deuda pública" también fue presentada como un aspecto de preocupación, en tanto la colocó en el 67% del PIB a fines de 2024, en parte debido a la fuerte depreciación del peso. "Prevemos que la deuda pública bruta aumentará a mediano plazo debido a la ampliación de los déficits fiscales y a la indexación de la mayor parte de la deuda en moneda local (es decir, los intereses devengados por la inflación y la deuda indexada a los salarios, pero no reflejada en las cifras fiscales generales), y alcanzará el 69% del PIB para 2027, por encima de la mediana de la calificación 'BBB' del 60%", pronosticó el organismo.
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