"Gatillo laboral", fondo de reconversión y valor agregado, la propuesta sindical ante el acuerdo Mercosur-UE

Los gremios plantean activar salvaguardas si cae el empleo en una rama, además de promover la industria nacional y blindar compras públicas para pymes.

Sindicatos piden salvaguardas automáticas ante el acuerdo Mercosur-UE.

Los sindicatos industriales insisten en la incorporación de salvaguardas específicas en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para proteger el empleo y la producción local, y advierten que, sin mecanismos preventivos similares a los previstos por el bloque europeo, el país quedará en una posición asimétrica frente a la apertura comercial.

La Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, que nuclea a más de 130.000 trabajadores, presentó cinco propuestas con el objetivo de “equiparar la cancha” y evitar impactos negativos sobre el empleo, el tejido productivo y la soberanía económica. Su presidente, Danilo Dárdano, sostuvo que el país no puede limitarse a abrir mercados sin contar con instrumentos que amortigüen eventuales shocks sectoriales.

Uno de los planteos centrales es la creación de un “gatillo laboral” como cláusula de salvaguarda. Tal y como explicó en diálogo con Radio Monte Carlo, la idea es que, si en una rama industrial se verifica una caída del 3% de cotizantes al Banco de Previsión Social (BPS) o un aumento superior al 10% en el seguro de paro en un semestre, se activen automáticamente medidas de protección transitoria. Según los sindicatos, se trata de un mecanismo comparable a las cláusulas agrícolas que la UE definió para resguardar a sus productores.

Otra propuesta apunta a blindar la reserva de mercado para pymes y cooperativas en las compras de empresas públicas, con el fin de sostener el entramado productivo nacional. También reclaman políticas que promuevan el valor agregado, en particular en sectores intensivos en mano de obra como el frigorífico y el autopartista, para evitar una reprimarización de la economía.

El paquete incluye además la creación de un fondo de reconversión industrial, apoyado en una banca de desarrollo de carácter tripartito —Estado, empresarios y trabajadores— que planifique a largo plazo y articule con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) la formación necesaria para una “industria de nuevo tipo”. Finalmente, proponen incentivar la compra de insumos nacionales por parte de grandes exportadores que hoy reciben beneficios fiscales, promoviendo una lógica de “economía circular” que derrame hacia otros sectores.

Economía no está pensando en subsidios

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, la mirada es distinta. El ministro Gabriel Oddone afirmó que el acuerdo ha sido estudiado durante años por equipos técnicos y que el efecto neto "será positivo" en el largo plazo. Si bien aseguró que el gobierno manejará herramientas para facilitar transiciones, aclaró que no están "pensando en subsidios” porque no se han identificado aún necesidades concretas.

Oddone señaló que, de ser necesario financiar procesos de adaptación, probablemente ocurra en futuros períodos de gobierno. En la misma línea, el director de Política Comercial, Juan Labraga, relativizó la pertinencia de las salvaguardas al considerar que para un país del tamaño de Uruguay cerrar el mercado sería más relevante en términos políticos que económicos.

Para el ministro, plantear la prohibición de ingreso de productos europeos sería “ridículo” en el contexto de un acuerdo que, proyectado a 15 años, puede marcar “un antes y un después” para el país.