El proyecto de notificación previa para los despidos que busca impulsar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) puede generar “un preconflicto permanente” y además funcionar como “un incentivo para acelerar” las desvinculaciones, según advirtió un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).
"Genera un preconflicto permanente y es un incentivo para acelerar despidos", cuestionan expertos sobre el proyecto del MTSS
La iniciativa que busca impulsar el Ejecutivo dificultará la creación de empleo y avanzará en su destrucción, según aseguran desde el CED.
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El CED alertó por el impacto laboral del proyecto para que las empresas tengan que avisar al gobierno antes de anunciar despidos.
Desde el CED calificaron a la iniciativa como “contraproducente”, al considerar que puede tener efectos jurídicos, al tiempo que va a dificultar la creación de empleo y acelerar su destrucción, en línea con la postura del sector privado.
El CED anticipó que legislar la obligación de las empresas a comunicar previamente cuando decidan despedir a un trabajador, “resultará contraproducente para el fin planteado, que es preservar los puestos de trabajo”, al recoger la preocupación por el cierre de empresas o su salida del país.
Regulaciones y rigideces de Uruguay
Los analistas plantearon que “la evidencia internacional muestra que las regulaciones que aumentan la incertidumbre o el costo asociado a la contratación y el despido de personas desincentivan la creación de empleo”, de manera que concluyeron que “dificultar el despido de trabajadores también es dificultar la contratación”.
En ese sentido, indicaron que el país ya cuenta con un conjunto amplio de mecanismos de protección, entre los que enumeró causal de despido, procesos disciplinarios, fueros especiales, negociación colectiva y seguro de desempleo. “Este entramado regulatorio brinda protección, pero también genera rigideces que afectan el dinamismo del empleo”, advirtió el CED.
A la par, el informe mencionó entre las rigideces “los costos laborales elevados, una estructura de categorizaciones muy detallada y una negociación colectiva excesivamente centralizada”, recogiendo el dato de que Uruguay aparece quinto en la tabla de “Impuesto efectivo al trabajo”, es decir la diferencia entre el costo laboral y el salario líquido, siendo superado solo por Francia, Argentina, Brasil y Alemania.
Incluso, precisó que la medida que impulsa el MTSS se encuentra alineada con el Convenio 158 de la OIT. “Uruguay no lo ha ratificado y solo 35 países han asumido plenamente dicho convenio, lo que refleja la ausencia de consenso internacional sobre este tipo de regulaciones debido a sus impactos sobre la formalidad y el empleo”, argumentó.
Posibles efectos jurídicos, afectación del empleo y conflictividad
Por otra parte, el CED recogió los datos de la matriz de transición laboral del INE, que muestran que 22.900 personas en promedio por mes pasaron del empleo al desempleo hasta octubre. “Ante esta magnitud de movimientos, resulta pertinente preguntarse si el MTSS cuenta con la capacidad institucional para recibir, procesar y fiscalizar decenas de miles de avisos mensuales”, observó.
El centro, que preside Hernán Bonilla y tiene a Agustín Iturralde como director ejecutivo, cuestionó además que “tampoco se han clarificado los posibles efectos jurídicos” y contrapuso: “¿Habrá sanciones para las empresas que no realicen el aviso? Si no existen, la norma se vuelve inocua. Si existen, se genera un incentivo perverso para acelerar despidos, incrementar la litigiosidad y elevar la conflictividad laboral”.
“La medida podría tensionar las relaciones laborales al introducir un mecanismo que, en la práctica, puede funcionar como un ‘preconflicto’ permanente”, sostuvo el relevamiento en un contexto de creciente conflictividad laboral y anticipó que eso “afectaría la previsibilidad de las decisiones empresariales y generaría desincentivos muy importantes para nuevas contrataciones, especialmente en pymes”.
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