La iniciativa en la que trabaja el gobierno para establecer por ley que las empresas tengan que avisar con anticipación decisiones de despidos masivos o cierres definitivos ya comenzó a generar críticas entre economistas y dirigentes de la oposición: advierten que podría ir en contra del empleo y la inversión.
Impacto en el empleo y la inversión: fuertes críticas al proyecto del gobierno para que las empresas preavisen despidos o cierres
Dirigentes de la oposición y economistas rechazaron el anuncio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y advirtieron sobre un aumento en los costos.
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El gobierno impulsa una ley para obligar a las empresas a avisar al Estado antes de despedir trabajadores
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El mercado laboral mantiene su dinamismo y la demanda de empleo se consolida en sus niveles más altos
La oposición y economistas cuestionan el proyecto del gobierno para que las empresas preavisen despidos o cierres.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) prepara un proyecto de ley para exigir que las empresas notifiquen con anticipación cuando planeen realizar despidos masivos o cerrar sus operaciones en Uruguay, con el objetivo de dar tiempo al gobierno y a los trabajadores para buscar alternativas. Sin embargo, la iniciativa, que es apenas un anuncio —todavía no se presentó ningún proyecto formal en el Parlamento—, ya despertó fuertes críticas.
Uno de los que se expresó en contra fue el exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres. "Es una cosa que realmente va a contrapelo", manifestó en diálogo con Telenoche.
“Nosotros tenemos reglas laborales muy fuertes, muy firmes y muy claras, las indemnizaciones por despido, los niveles de formalidad que son los más altos de América Latina. Inventar en este sentido es jugar con fuego, es jugar con la estabilidad laboral de la gente, porque si estas son las reglas, seguramente antes de contratar cualquier empresa va a pensarlo dos veces, va en contra del aumento del empleo. Y por otro lado para empresas que piensan instalarse o que pretenden permanecer en el país”, explicó.
Impacto en el empleo y las inversiones
Según Mieres, la prioridad del gobierno debería ser el por qué las empresas deciden irse del país y apuntar al "problema de la competitividad", en lugar de caer en lo que calificó como un "razonamiento infantil".
"Sorprendente y extremadamente preocupante. Evidentemente no se dan cuenta que con estas medidas van a afectar el empleo y las inversiones", había expresado el exministro en sus redes sociales.
Por su parte, la senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, dijo no estar sorprendida por el anuncio ya que se trata del "secretario histórico del Partido Comunista (PCU)", en referencia al titular del MTSS, Juan Castillo. "Él piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología y nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos", sostuvo a la prensa.
Consultada sobre la posibilidad que brindaría la iniciativa en términos de "ganar tiempo" recapacitar trabajadores y "auxiliar" a las firmas —según explicó el senador oficialista Eduardo Brenta—, Bianchi insistió en que "las empresas no deben ser auxiliadas por el Estado", y que los impuestos son "para sostener los servicios públicos" y no para el "salvataje o el compás de espera de las empresas".
Salida de empresas y "dos rumbos económicos"
Otro que cuestionó el anuncio realizado por Castillo fue el senador, también del PN, Sebastián Da Silva: "Las empresas tienen la libertad de tomar y despedir empleados de acuerdo a su etapa empresarial. Lo que tienen que hacer las empresas es cumplir con sus obligaciones", expresó.
Asimismo, señaló que "una normativa de estas características sólo hará que se vayan a otro país donde la ley de gravedad se entienda"; y lanzó una crítica directa al Movimiento de Participación Popular (MPP), la fuerza mayoritaria dentro del Frente Amplio (FA): "Habría que empezar por casa y no hacer lo de M24".
Desde el Partido Independiente también criticó el diputado Gerardo Sotelo, para quine "es evidente que el gobierno tiene dos rumbos económicos: Juan Castillo y el MTSS, y Gabriel Oddone y el MEF". "El problema es que el primero rivaliza con el segundo. Y con la realidad”, consideró.
Entre los economistas, en tanto, José Licandro recordó que el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve la iniciativa que persigue el gobierno, pero que "solo 36 países" lo llevan a cabo. "Hay bastante evidencia que 'proteger' empleos incrementa costos de contratación, afecta inversión y la innovación", advirtió.
"¿Vamos a seguir empedrando de buenas intenciones el camino hacia el infierno? Países con este tipo de medidas tienen más informalidad y desempleo juvenil... ¡justo a la medida de nuestro mercado de trabajo!", planteó el economista.
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