Juan Castillo avanza con una ley de empleo integral que busca ampliar la inserción laboral

El proyecto será enviado al Parlamento en los próximos días y combina instrumentos de promoción del empleo, capacitación y estímulos a la contratación en todo el país.

El gobierno busca reforzar los instrumentos de promoción laboral en un contexto de cambios productivos y posibles impactos en el empleo por nuevos acuerdos comerciales.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), presentó este lunes ante el Consejo de Ministros el proyecto de ley de empleo integral, uno de los anuncios que el presidente Yamandú Orsi había hecho en su discurso ante la Asamblea General.

La redacción final se completará esta semana en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que incorporó sugerencias de otras carteras. "La idea es culminar esa redacción definitiva esta semana, de manera tal que la semana que viene el presidente tenga el proyecto de ley sobre su escritorio", dijo el ministro del MTSS, Juan Castillo, en rueda de prensa.

El proyecto no parte de cero, Castillo explicó que toma herramientas que ya existían y demostraron resultados, como el programa Yo Estudio y Trabajo, la promoción del empleo juvenil y la ley de promoción del empleo de 2021. "Tomamos lo mejor de ellas, como aspectos de la formación y capacitación, algo que demandan tanto empleadores como trabajadores. Pero potenciamos algunas otras que o no habían sido tenidas en cuenta o nos están reclamando mucho en estas recorridas por el interior del país", dijo el ministro.

Uno de los diagnósticos más concretos que motivó la iniciativa es la brecha territorial. Si bien el desempleo nacional ronda el 7% o 7,1%, hay departamentos donde trepa al 11,4% o 12,7%. Y la distribución de los beneficios de la ley actual es aún más desigual: "El 80% de los beneficiarios de la ley actual son de Canelones y Montevideo, y el resto, el 20% solamente para el interior del país, que es donde nos está impactando más a veces esa demanda de trabajo", señaló Castillo.

Afro, trans, liberados y microempresas

El proyecto también apunta a corregir brechas de acceso por colectivos que históricamente quedaron fuera del sistema. El ministro mencionó expresamente a las poblaciones afro, trans y a los liberados de cárceles, quienes "han tenido dificultades para acceder a este instrumento" y cuya inclusión está contemplada en la nueva iniciativa.

Del lado de los empleadores, la corrección apunta a las empresas más pequeñas. "La micro, pequeña y mediana empresa o el productor rural o las unipersonales muchas veces tienen oportunidad de desarrollar, de contratar, y no se dotaba de este instrumento. Por lo tanto esta iniciativa recoge esta demanda", explicó Castillo. El ministro se comprometió a dar más detalles sobre el alcance y el costo económico de la ley una vez que el texto tenga "luz pública" la semana próxima.

El acuerdo UE-Mercosur y China: oportunidad y riesgo

Castillo también vinculó la urgencia de la nueva herramienta con el impacto que podrían tener los grandes acuerdos comerciales que Uruguay firmó o ratificó recientemente. "A la luz de lo que va a ser el impacto que pueda estar generando el acuerdo Unión Europea-Mercosur o los acuerdos firmados con China, nosotros tenemos algunas expectativas a favor, de productos, de industrias o de mercado de trabajo, que entienden que va a ser una oportunidad, y hay otros que lo miran con preocupación porque pueden perjudicarlos", reconoció el ministro con una franqueza poco habitual en el discurso oficial.

La admisión de que algunos sectores podrían verse perjudicados por los acuerdos comerciales fue el trasfondo que le dio urgencia política a la presentación del proyecto. "Tenemos que hacer centro en cuáles son las oportunidades o herramientas que brindamos", dijo Castillo, en lo que fue una señal de que el gobierno no ignora los riesgos de reconversión laboral que traen aparejados los tratados de libre comercio. El ministerio trabajará además en un ámbito conjunto con el sector industrial, empleadores, trabajadores e instituciones del Estado para abordar estos temas de forma coordinada.