Jubilaciones: evitar la bomba del plebiscito

El sistema de seguridad social exige cambios y mejoras permanentes, pero la reforma que impulsa el PIT-CNT es insostenible y -en lugar de avanzar- retrocede.

El sistema de seguridad social necesita cambios, pero la reforma impulsada por el PIT-CNT no es la respuesta.

Que hay miles de pasivos recibiendo muy poco monto por jubilaciones o pensiones es un hecho indiscutible, pero también es un hecho que los niveles de pobreza entre los más veteranos son los más bajos en comparación con el resto de la población. Se ha mejorado, aunque aún falta.

El sistema de seguridad social precisaba, precisa y precisará cambios. En la gráfica adjunta se muestran los ingresos/egresos del BPS actualizados a 2023. El déficit entre gastos y aportes jubilatorios es de 2.300 millones de dólares, a lo que hay que sumar diversos subsidios (desempleo, familia, salud), por otros 1.100 millones de dólares más. El déficit se cubre con Impuestos Afectados (IASS, 7 puntos de IVA) que aportan automáticamente unos 2.600 millones de dólares. Pero no alcanza y la tesorería tiene que poner 1.300 millones de dólares más.

El problema es que cualquier modificación que pretenda una mejora en su sostenibilidad financiera duele: alguien la paga. Por eso, políticamente, hay que tener cierta dosis de valentía: poner capital político en aras de que mejoren las cuentas y el sistema se sostenga a mediano y largo plazo. Y mantener la iniciativa a pesar de las protestas o maniobras evasivas. Es lo que hizo -guste o no- el Presidente Lacalle Pou, al ir adelante con la reforma que se aprobó en la reciente ley 20.130. No todos pensaban que lo haría, menos aún cuando se instaló la grave pandemia de Covid.

Sin embargo, se inició el proceso, con una intensa discusión en la interna de la coalición de gobierno. El proyecto aprobado tuvo modificaciones importantes respecto al enviado originalmente, pero resultó en una ley que mejoró el sistema en sostenibilidad y justicia, a varios planos. Lo unifica a largo plazo, mejora las jubilaciones bajas y mejora el cálculo para el salario básico jubilatorio, en el sentido de tomar más años (de 10 mejores o últimos, a 20). Esto estimula la formalidad y corrige la tendencia perversa a acumular aportes al final de la vida laboral, lo que era una implícita erosión a las finanzas del sistema.

Además, los cambios son muy graduales. Eso sí: hay que trabajar más años (la edad mínima jubilatoria pasó de 60 a 65). Desde el punto de vista de las tendencias demográficas, subir la edad mínima jubilatoria es inevitable. Podría graduarse distinto, o en otras dimensiones, pero la tendencia es clara. Es coherente con la demografía e inevitable si se quiere que el financiamiento sea más firme. Cada año más de trabajo, es un año más de aportes y uno menos de jubilación, es obvio; y para un sistema de reparto intergeneracional, de no tenerse en cuenta eso genera un “peso” insostenible e injusto con las nuevas generaciones.

El problema es el empleo: cumplir una trayectoria laboral con suficiente continuidad y -en consiguiente- suficientes aportes (densidad de aportación, su nombre técnico) es difícil para muchos trabajadores y trabajadoras, y allí hay un desafío. Porque discutir sobre seguridad social es discutir sobre trabajo y empleo, van juntos. Más aún: lo primero no tiene base sin lo segundo.

¿Habrá que hacer cambios? Seguramente, como sucedió en los 90 (sistema mixto, vigente) y luego en 2008. En el primer caso porque era financieramente insostenible luego de que se ató la jubilación al salario. En el segundo porque -en especial luego de la crisis de 2002- miles de trabajadores quedaban sin jubilarse, por falta de años de aportes. Así, en 2008 -primer gobierno del FA- volvieron los años mínimos de aportes de 35 a 30.

Entre medio (año 2007) se aprobó la Reforma Tributaria, que incluyó el impuesto a las jubilaciones de mayor monto, el IASS (originalmente era el IRPF, pero hubo una acción de inconstitucionalidad y se creó un impuesto específico, muy parecido). El IASS va entero, todo, al BPS (es uno de los impuestos afectados, además de 7 puntos del IVA). Obviamente, además de gravar a los que cobran más jubilación, el IASS compensa parcialmente el efecto fiscal del aumento encadenado de salarios y jubilaciones.

Años después (segunda presidencia de Vázquez), comenzó a verse que el sistema, con los nuevos parámetros, volvía a una tendencia de déficit creciente y no sostenible. Peor aún cuando “huyeron” los cincuentones. Había que cambiarlo, lo dijo claro Astori (Vázquez también, y dijo que el proyecto de cincuentones debía ser el último, sino vendrían cuarentones, y otros “tones” en secuencia). Pero los cambios quedaron para éste gobierno, que finalmente encaró.

La dificultades del PIT-CNT

El FA no acompañó la ley; hubo críticas, aunque también coincidencias parciales. Pero, afirmados en la crítica al gobierno, muchos -entre ellos técnicos referentes en el área económica- no vieron venir la avanzada del PIT-CNT, con una propuesta de Reforma Constitucional imposible. Como quien esperaba la tormenta desde el Oeste, y llegó por el Este.

De aprobarse la reforma que impulsa la central sindical, anularía cualquier capacidad de mejora en el Estado y seguramente lo dañaría seriamente, al quitarle recursos y prioridades. Y lo que es peor, las perspectivas de las nuevas generaciones de trabajadores y empresarios se complicarán gravemente por la nueva imposición; el propio futuro del país se compromete. No dudo de buenas intenciones en parte de la propuesta, pero sin sostén económico, las buenas intenciones se vuelven oportunistas, irresponsables y demagógicas.

La propia gestación de la propuesta fue intrincada, con dos rondas de votación y aprobada por minoría mayor en la Mesa Representativa del PIT-CNT. En el FA solo la apoya una minoría. Sin embargo, la oposición no actuó en bloque, hubo discursos contradictorios y se abrió espacio para que la propuesta avanzara en ciertos sectores.

Es que la discusión sobre los sistemas de reparto intergeneracional puede volverse perversa: para los ciudadanos adultos o veteranos, los cambios no son fáciles de digerir y una propuesta para dar mayor sostenibilidad que exija algo más de esfuerzo, puede derivar en reacciones del tipo “que se arregle el que viene…”. La solidaridad intergeneracional tiende a perderse. Y los niños y adolescentes no votan. Recientemente, la consultora Equipos presentó datos sobre el grado de información sobre el plebiscito que impulsa el PIT-CNT, según la edad de los consultados. Los resultados son contundentes (cuadro): entre los que tienen 18 a 29 años solo el 20% tiene idea clara del tema, mientras que un 54% ni escuchó hablar; en cambio, entre quienes tienen 50 a 64 años, el 48% tiene una idea clara y solo 19% no escuchó hablar. Pero los que pagarán el costo son los primeros.

Por todo esto, también ha sido un acto de valentía política la iniciativa de 112 economistas de izquierda de rechazar la propuesta del PIT-CNT. El asunto tuvo ingredientes de cálculo político en la interna del FA, pero eso no le quita relevancia a la iniciativa.

Los expertos señalan -ni más ni menos- que de aprobarse la propuesta del PIT-CNT “tendría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”. Casi nada. Critica la reforma que aprobó el gobierno, pero remarca que es “una promesa cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro”.

Específicamente, dice que la disposición de llevar todas las prestaciones al Salario Mínimo Nacional (SMN) “generará una injusticia entre pasivos, ya que aumentará cada una de las pasividades hasta el nivel del SMN, sin tener en cuenta el ingreso total de la persona (...) Muchos pasivos recibirán aumentos sólo por el hecho de cobrar más de una pasividad, aunque cobren globalmente más que el SMN”. Este es un buen ejemplo de cómo un eslogan puede tener una aplicación muy distinta (en este caso opuesta) a lo que enuncia. El documento agrega que “otros pasivos, por el contrario, aún ganando menos, no recibirán ningún aumento. Causará una injusticia entre los propios pasivos y generará, principalmente por esta disposición, un costo adicional inmediato de 1.500 millones de dólares por año, que crecerá todos los años”.

El documento es particularmente claro en el golpe que implicaría eliminar las AFAPs: “El BPS, a cambio del dinero que recibiría de las cuentas de ahorro individual, quedará obligado a pagar pasividades mayores a las que se pagarían por el sistema actual. Pero el BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”.

Seguramente el pronunciamiento de los economistas incidirá en la intención de voto. Son opiniones de peso. A su vez, la suerte de los plebiscitos depende mucho de cuántos y cuáles partidos ensobren la papeleta con la lista, y en el caso que nos compete solo lo harán algunos sectores del FA. Por eso, la central sindical la tiene difícil, aunque el desenlace se conocerá en octubre.

La propuesta del PIT-CNT rompe con una trayectoria de modificaciones en la seguridad social que gobiernos de distinto signo han ido procesando. Es una bomba en el cerno del sistema y -por tanto- en la capacidad del Estado de conducir las principales políticas. Fortalecer la seguridad social (en especial para los uruguayos más vulnerables), es tarea pendiente. La propuesta que se plebiscita en octubre está lejos de ser una respuesta y, en realidad, va en sentido opuesto.