Comienza un nuevo gobierno en el Uruguay, encabezado por el profesor Yamandú Orsi, con desafíos importantes en varios planos, entre ellos el de la economía. Lo comentamos alguna vez y lo reiteramos: si no fuera por la pandemia, Uruguay habría transcurrido más de 20 años sin una crisis económica, algo a destacar. Evitar las crisis no es algo que tenga demasiada épica desde el punto de vista político, en campañas o discursos electorales, pero es un hecho esencial y valioso como base para el crecimiento económico y un mejor nivel de vida.
La economía y la nueva administración
El presidente Yamandú Orsi remarcó que la estabilidad macroeconómica es una política de Estado y no se van a ignorar las reglas de la economía. Un compromiso tan importante como desafiante.
El gobierno de Yamandú Orsi afrontará desafíos importantes en el plano económico.
Con esa base, Uruguay tiene el desafío de aumentar su tasa de crecimiento, para responder a las demandas sociales pendientes, así como a necesidades de infraestructura, seguridad y otras. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, tiene este asunto como prioridad: crecer más, manteniendo los equilibrios macro.
La gestión arranca con algunos ruidos. Oddone tiene como una de sus aspiraciones desindexar la economía (eliminar los ajustes inerciales, en contratos, precios…. y salarios). Esto es clave para consolidar la inflación en los bajos niveles actuales (o menores todavía, lo que sería mejor aún), y afirmar más una base que evite crisis. Al incluir los salarios (algo lógico) hubo cortocircuito: en el nuevo gobierno el equilibrio entre el MPP y el Partido Comunista es clave y la desindexación salarial no la llevan en el PC. El Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez (MPP), salió con dureza a descartar esa iniciativa.
En el gobierno se reconoce que ambos pronunciamientos no fueron felices; hubo llamadas y reuniones para zurcir el asunto y recomponer las posiciones, para arrancar la acción de gobierno con “pelota al piso”. Es que el tema salarial es delicado: en mayo será el Congreso del PIT-CNT y en el entorno de Orsi se están cuidando especialmente las relaciones con la central sindical, donde el Partido Comunista tiene fuerte incidencia.
En realidad, el Gobierno ya tiene una idea clara de sus objetivos en política salarial: mejorar los salarios más sumergidos y en el resto mantener el salario real. El propio Orsi así lo ha planteado durante la campaña electoral; no hay misterio, aunque tampoco muchos detalles. La desindexación es un tema más complejo y la propia palabra despierta suspicacias que hay que saber gestionar políticamente. Cabe recordar que el FA ya la planteó en su último gobierno.
Pero seguramente el desafío mayor para los próximos meses es el presupuestal. La situación fiscal no es buena: si bien la ministra Azucena Arbeleche al culminar su gestión afirmaba que no era necesario un ajuste fiscal para este año, en el nuevo equipo económico no lo ven igual, sobre todo si hay más cuentas por pagar de las previstas (ferrocarril, Caja Profesional, Arazatí, etc.).
Ven necesario achicar el déficit para una mejor posición financiera del país y hacer más sostenible la trayectoria de la deuda. De hecho, el último dato del déficit fiscal incorporó un ajuste que lo subió al 4,3% del PIB en el año 2024, exactamente el mismo porcentaje que se había registrado en el año 2019. De manera que no hubo mejora, como se había anunciado por parte del equipo económico saliente. Hay que ajustar las cuentas, a pesar de que esa palabra genere escozor.
En la medida que el compromiso electoral de Orsi fue no aumentar impuestos, el gobierno que comienza tiene puestas sus expectativas en lograr una mejora en el ritmo de crecimiento de la economía que -por la base- permita mejorar la situación fiscal a través de una mayor recaudación, conteniendo en la mayor medida posible los egresos; esto no será fácil, dada la inclinación de la izquierda a asociar buena parte de sus iniciativas políticas a aumentos del gasto. En su discurso de asunción el presidente Orsi remarcó explícitamente que la estabilidad macroeconómica es una política de Estado y no se van a ignorar las reglas de funcionamiento de la economía, que Uruguay mantiene desde la restauración democrática. Un compromiso tan importante como desafiante.
Hay otro capítulo a resolver en los próximos meses y es el Diálogo sobre Protección y Seguridad Social, que el FA se comprometió a convocar para cambiar aspectos del régimen vigente. Equilibrar ese compromiso de cambio con el mantenimiento de los equilibrios macro a largo plazo no es sencillo. El hecho de que se haya designado a la economista Jimena Pardo como presidente del BPS (una de las firmantes del “No al Plebiscito”) y que el Diálogo se conduzca desde la OPP (lo coordinará el economista Hugo Bai, ex Cuesta Duarte -PIT-CNT) es visto como una señal de fuerza desde el MPP al PC, en una discusión que ha seguido estos meses y hay que ver dónde termina.
Es posible que -dentro de lo razonable e incorporando la visión de izquierda del nuevo gobierno- haya aspectos del régimen actual a corregir. Pero en sus pilares fundamentales, la reforma aprobada en el gobierno anterior le ha dado mayor sostenibilidad a largo plazo a un régimen de seguridad social que -de no ser por la ley 20.130- estaría ya rumbo al colapso.
De lo macro a lo micro
Más allá de las importantes cuestiones de la macroeconomía, buena parte del clima de negocios y de actividad se juega a nivel “micro”, entendiendo esto como las reglamentaciones, normas, regulaciones que se aplican a las empresas. En este plano, un ámbito clave es el laboral. La designación de Juan Castillo (PC) en el MTSS causó cierta preocupación en ámbitos empresariales, al considerar que no tiene una visión equilibrada. Dadas las circunstancias políticas, tengo una mirada distinta; en un nuevo gobierno del FA, es lógico que la cartera la encabece una persona de su perfil. La eventualidad de que se hubiera designado a alguien más “cercano” a las posiciones empresariales, corría el riesgo de entrar en una entelequia, en un tire y afloje permanente que desgastara al ministro, al gobierno y complicara las propias relaciones laborales.
A Castillo le sobra experiencia política y no es afín a las estridencias. Su desafío es responder a las aspiraciones de su fuerza política en momentos en que tanto el salario como el empleo están en niveles máximos, y es más difícil seguir avanzando. Como el propio ministro ha dicho, hay situaciones diversas sector a sector y hay que atenderlas. Están emergiendo problemas laborales en algunos sectores (lo de Yazaki fue un duro alerta) y equilibrar salario y empleo es clave.
Hay otros aspectos “micro” que, además de los laborales, pueden ser igual de relevantes. Por un lado, Uruguay precisa mejorar su inserción internacional y el panorama está hoy enredado como hace tiempo no se veía. El FA se propone reforzar los vínculos con la región, lo que depende en buena medida de la actitud de Brasil. Pero las discrecionales políticas de Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, hacen todo esto muy impredecible. Razón de más para cuidar lo macro y lo laboral. Y dado que hay pocas perspectivas de acuerdos macro, los detalles “micro” pueden ayudar (o complicar) mucho. Aduanas, certificaciones, regímenes especiales, etc., estarán en juego.
Finalmente, también inciden las políticas ambientales. En el agro, el turismo, la industria, etc., las disposiciones ambientales son trascendentes y pueden viabilizar un crecimiento sostenible… o dificultar la actividad empresarial hasta casi paralizarla. El desafío es que no se oponga una cosa con la otra. Es un plano que no se menciona habitualmente en las discusiones sobre clima de negocios, pero puede tener alto impacto. Se precisa “buen ambiente”, desde el punto de vista empresarial, con un sano equilibrio entre cuidado y crecimiento. Todas estas cuestiones hacen, en definitiva, al objetivo de fondo, que es crecer más.
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