Los nuevos datos de las Cuentas Nacionales muestran una baja preocupante de la formación de capital fijo.
La inversión cae 16% por debajo del PIB en Uruguay.
La economía creció 0,8% en el inicio del año, en comparación con el trimestre anterior (dato desestacionalizado) y 0,9% respecto al mismo período del año anterior, informó el Banco Central del Uruguay (BCU). Las cifras no se apartan sustancialmente de las proyecciones de los analistas y de lo que el propio BCU proyectaba para el arranque del año.
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En el análisis sectorial interanual, industria y comercio crecieron levemente por encima de 1%, mientras que los servicios financieros avanzaron 3,1% y el sector de informaciones y comunicaciones subió 2,2% interanual, por mayor actividad en telecomunicaciones y exportaciones de software y tecnología al exterior.
Contrariamente, el agro cayó 3,7%, cifra esperable por el impacto de la sequía y la menor faena. Lo que puede haber sorprendido más es la caída en la construcción: 3,4% interanual, por la menor inversión en infraestructuras. Aquí es donde las Cuentas Nacionales encienden una luz amarilla.
Una economía puede tener avances más o menos significativos en su PIB, o eventualmente tener dificultades y hasta una recesión, por factores transitorios y/o externos. Pero a la larga, su capacidad de crecimiento de largo plazo y de mantener un crecimiento económico bueno y consistente depende de la inversión, es decir de la acumulación de capital productivo. En las Cuentas Nacionales del BCU se mide la creación de capital fijo (fábricas, infraestructuras, vivienda, etc.); también hay inversión que podemos denominar “blanda”, más difícil de medir pero igualmente importante, caso de la inversión en formación y educación, capacidad tecnológica e innovación, entre otras.
El dato preocupante del último informe de Cuentas Nacionales es que la inversión (formación de capital fijo) tuvo una caída interanual significativa (3,1%) y quedó por debajo del 16% del PIB.
Para que un país tenga un crecimiento básico razonable es necesario que la relación entre inversión y PIB se acerque al 20%. En las últimas décadas, Uruguay lo ha logrado solo en los años de la gran expansión (entre 2008 y 2014) cuando se acumularon no sólo inversiones en el sector de la celulosa, sino también en proyectos energéticos, hoteleros y de infraestructura. Luego la inversión cayó, volvió a subir con el proyecto de UPM 2 (gráfica) para luego tener un descenso paulatino, amortiguado por la interesante dinámica de la inversión inmobiliaria de los últimos años; pero no ha sido suficiente para sostener la tasa entre inversión y PBI, que ha seguido bajando y en el último dato quedó en 15,6%.
En el informe del Banco Central se señala que la principal causa en la caída interanual de la inversión es la menor ejecución de proyectos de vialidad, obras portuarias —las tareas en TCP estuvieron detenidas, ahora retomaron— y en líneas de comunicación, y también por la reducción de la inversión en maquinaria importada para la industria forestal y de vehículos utilizados para el transporte público. También bajó la inversión en nuevos edificios, que —como decíamos— venía con una dinámica fuerte, que ahora bajó. Todo esto incide en la mencionada caída en la construcción, sector particularmente relevante en la dinámica de empleo.
Obviamente, esto no quiere decir que las inversiones se detengan; solo que son menores que hace un año. El gobierno actual ha continuado con obras viales iniciadas en la administración pasada y ha agregado nuevas, más enfocadas en ruta secundarias. De manera que —a los efectos de la actividad— hay un descenso en la inversión.
Más allá de los ciclos de la economía y del impacto de los grandes proyectos, la predisposición a invertir por los diversos agentes depende de las condiciones de competitividad y —por tanto— de las proyecciones de retorno de dichas inversiones. Uruguay allí tiene una doble cara, lo que hace bastante difícil el análisis y muchas veces confunde la percepción de los distintos agentes sobre la situación.
Por un lado, es un país que —institucionalmente— tiene indudable fortaleza: una democracia bien arraigada, sana división de poderes y respeto por los contratos. Pero por otro lado, los costos del país, el peso del Estado en términos de presión impositiva y carga burocrática, y problemas específicos en áreas clave, como energía y relaciones laborales, hacen particularmente dificultosa la dinámica de inversiones. De tal manera que —en muchísimos casos— hay recurrir a regímenes especiales con exoneraciones, para impulsarlas y concretarlas.
El equipo económico se ha dispuesto impulsar una ley de competitividad y reducción del costo de vida. Como el propio ministro Oddone ha dicho, se trata de avanzar —aunque sea modestamente— en la reducción de costos en diversas áreas, para promover la inversión y la innovación; esto implicará —dice el ministro— sacar de su zona de confort a algunos actores; de eso se trata para abrir espacios de competencia e innovación.
Allí aparecen iniciativas como el “silencio positivo” (si la administración no responde un pedido de autorización, este se otorga automáticamente vencido el plazo); las importaciones múltiples de un mismo producto; el fortalecimiento de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (que además tendrá más autonomía); una plataforma unificada de BPS y DGI para información y trámites, y otras iniciativas.
Sin embargo, en las grandes cuestiones que hacen el costo país aún quedan cuentas pendientes. En el tema laboral, en estos últimos días la OIT ha vuelto a reclamarle a Uruguay que modifique la ley de negociación colectiva para que las negociaciones laborales sean bipartitas; la novedad es que ahora le ha puesto un plazo, y en setiembre deberá elevar un informe de avance. Aunque parezca un tema aparte, lo laboral es clave para la inversión: sin negociaciones laborales equilibradas y que apunten a defender el empleo con mayor productividad, es difícil generar un clima propicio para nuevas inversiones, en especial aquellas con alta creación de puestos de trabajo, que son las más necesarias.
En cuanto al costo del Estado, parece claro que el gasto estatal ha adquirido una inercia que sigue complicando, tanto desde el sistema de seguridad social como en el área de la salud; mientras, a nivel educativo es prácticamente imposible instrumentar cambios significativos. También entran en este capítulo las dificultades para generar cambios y mejoras en las empresas energéticas estatales. Con este panorama, no es extraño que caiga la inversión y la economía crezca poco.