El Tribunal de Apelaciones entendió que el Poder Judicial puede controlar los acuerdos cuestionados por organizaciones ambientalistas.
La Justicia dio luz verde a la causa que analiza los contratos de Ancap para la exploración offshore.
Las organizaciones Mar Libre de Petroleras y Socobioma confirmaron que habrá un juicio por los contratos firmados por Ancap con petroleras para la exploración offshore en aguas uruguayas, luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno entendiera que el Poder Judicial tiene competencia para controlar esos acuerdos y habilitara la continuidad del proceso impulsado por ambientalistas.
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El abogado de las organizaciones, Pedro Riera, señaló que la decisión del tribunal representa un avance para quienes cuestionan la legalidad de los contratos vinculados a la búsqueda de petróleo y gas en el mar. Según explicó, el fallo implica que el expediente volverá a primera instancia y que finalmente habrá una sentencia sobre el fondo del asunto.
En declaraciones a radio Monte Carlo, Riera recordó que las organizaciones presentaron en noviembre una medida cautelar de no innovar para intentar detener la actividad derivada de los contratos firmados por Ancap con las petroleras. El objetivo era frenar tanto la prospección sísmica como las perforaciones exploratorias hasta que la Justicia resolviera si los acuerdos son válidos o nulos.
“Vamos a tener en Uruguay un juicio contra las petroleras”, afirmó el abogado, quien sostuvo además que las actividades previstas en el marco de esos contratos vulneran distintas normas ambientales vigentes en el país.
De acuerdo con el planteo de las organizaciones ambientalistas, los contratos “van en contra del orden público ambiental” y son incompatibles con el artículo 47 de la Constitución, que establece la protección del medio ambiente como un interés general. También cuestionan que las tareas de exploración puedan afectar disposiciones de la Ley de Protección del Medio Ambiente y de la ley 19.121, que declara el mar territorial y la zona económica exclusiva de Uruguay como santuario de ballenas y delfines.
El proceso judicial había quedado frenado en febrero, cuando el juez de primera instancia resolvió declararse incompetente para intervenir en el caso. En esa resolución, el juez entendió que, debido a que los contratos estaban precedidos por actos administrativos, correspondía recurrirlos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Sin embargo, las organizaciones apelaron esa decisión y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno concluyó que el Poder Judicial sí puede controlar los contratos firmados por Ancap con las empresas petroleras. Para Riera, esto confirma que la causa debe continuar en el ámbito civil y abre la puerta a una futura sentencia sobre la legalidad de los acuerdos.
Además de habilitar la continuidad del proceso, el tribunal dispuso el apartamiento del juez que había clausurado las actuaciones. De esta manera, el expediente pasará ahora a la jueza letrada civil de séptimo turno, quien continuará con el análisis del caso como subrogante natural.
Las organizaciones ambientalistas esperan que, en el marco de la causa, la Justicia adopte medidas cautelares que impidan avanzar con la prospección sísmica y las perforaciones exploratorias hasta que exista un fallo definitivo.