El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno confirmó el rechazo del recurso de amparo presentado organizaciones ambientales y sindicatos vinculados a la pesca contra la prospección sísmica en aguas uruguayas, al considerar que la vía judicial elegida no era adecuada para tratar este tipo de conflictos de mucha complejidad técnica y con otros procesos ya en curso.
La Justicia confirmó el rechazo del amparo y habilitó la prospección sísmica offshore
El Tribunal de Apelaciones ratificó el cierre del recurso presentado para suspender las tareas de exploración frente a la costa uruguaya.
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La Justicia confirmó el rechazo del amparo contra la prospección sísmica offshore.
La resolución, dictada el 13 de mayo, ratificó el fallo de primera instancia que había desestimado la acción impulsada por colectivos ambientalistas que buscaban detener de forma inmediata las tareas de exploración sísmica para la búsqueda de hidrocarburos frente a las costas uruguayas. Sin embargo, el tribunal revocó parcialmente la sentencia original al entender que la demanda no había caducado, como había sostenido la jueza de primera instancia.
El recurso había sido presentado por las organizaciones Costa Viva Rocha, Mar Azul Uruguayo, la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y Acuicultura, el Sindicato Único de Patrones de Pesca del Uruguay y la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay, con el patrocinio de los abogados Juan Ceretta y Hoenir Sarthou.
Los demandantes reclamaban la suspensión de las actividades de prospección sísmica al considerar que la exploración petrolera offshore implica riesgos ambientales, sociales y económicos que podrían vulnerar derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente el artículo 47, que establece la protección del medio ambiente como un asunto de interés general.
Los fundamentos que habilitan la exploración offshore
En su fallo, el Tribunal de Apelaciones sostuvo que el recurso de amparo, por su naturaleza excepcional, requiere demostrar una “ilegitimidad manifiesta”, algo que de acuerdo a los magistrados no pudo acreditarse en este caso. La sentencia señala que no era posible determinar dentro de un proceso urgente si las medidas de mitigación aplicadas por el Estado y las empresas eran suficientes para evitar daños ambientales sobre la fauna marina y el ecosistema oceánico.
Además, el tribunal indicó que existen otras vías judiciales abiertas para discutir la legalidad de las autorizaciones ambientales y eventuales impactos de la actividad, incluyendo acciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y pedidos cautelares en otras sedes.
La discusión gira en torno a la campaña de adquisición sísmica 3D iniciada el 1° de marzo de 2026 por el buque BGP Prospector, contratado por la empresa CGG Services USA Inc (Viridien) en el marco de un acuerdo con Ancap. Las tareas se desarrollan entre 100 y 150 kilómetros de la costa uruguaya y buscan relevar información geológica para identificar potenciales reservas de hidrocarburos.
El impacto que denuncian ambientalistas
Los colectivos ambientalistas sostienen que las explosiones submarinas generadas por cañones de aire comprimido alcanzan entre 250 y 300 decibeles y pueden provocar daños severos sobre cetáceos, peces y otras especies que dependen del sonido para orientarse, comunicarse y reproducirse.
Como respaldo a la demanda, presentaron informes científicos elaborados por investigadores de la Universidad de la República y del Instituto de Ciencias Oceánicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre otros aspectos, los expertos cuestionaron los protocolos de mitigación implementados y advirtieron que el criterio de detener las detonaciones solo cuando se detectan animales a menos de 1.000 metros del buque no resulta suficiente para proteger especies marinas.
Desde el gobierno, en tanto, el Ministerio de Ambiente defendió las autorizaciones otorgadas y aseguró que se aplicaron controles “más exigentes a nivel nacional e internacional”. El ministro Edgardo Ortuño informó semanas atrás que se amplió el área de exclusión para la fauna marina, se limitó el período operativo y se prohibió repetir estudios en una misma zona antes de cinco años.
Otras acciones judiciales en curso
La controversia, sin embargo, está lejos de cerrarse. Además de este recurso de amparo, existen otras acciones judiciales promovidas por organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos e incluso por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que cuestionan las autorizaciones ambientales otorgadas para la exploración offshore.
El avance de la búsqueda de petróleo en aguas uruguayas se produce en paralelo con el interés de compañías internacionales por el offshore local. En los últimos meses se concretó el ingreso de gigantes energéticos como Chevron y QatarEnergy a bloques exploratorios operados por Shell, mientras APA Corporation prepara una perforación en aguas profundas prevista para el segundo semestre de este año.