La Justicia ratificó la legalidad de la compra de las patrullas oceánicas, resaltó Javier García

El ministro de Defensa destacó la "transparencia" de la operación con el astillero Cardama y advirtió que "ahora vienen las etapas de ejecución".

La Justicia se pronunció a favor de la transparencia en el proceso de compra de dos buques OPV por parte del gobierno.

Captura: @MDN_Uruguay

El ministro de Defensa, Javier García, consideró que el fallo del Tribunal de Cuentas dio por zanjada la polémica sobre la adquisición de dos patrullas oceánicas, al considerar que la Justicia ratificó “la legalidad del proceso y la transparencia” con la que actuó el gobierno.

La polémica se dio por la elección del astillero español Cardama, lo que motivó quejas explícitas desde China, con la empresa estatal China Shipbuliding Trade (CSTC) cuestionando la desprolijidad de la licitación, que le impidió cerrar el negocio.

Lejos de hacerse eco de esa teoría, García señaló: "El pronunciamiento del Tribunal habla de la legalidad y de la transparencia legal que tuvo este proceso como siempre lo planteamos”. Por eso, planteó mirar a futuro y resaltó que “ahora vienen las etapas de ejecución".

El ministro celebró la llegada de los buques y contrapuso su visión: "Estuvimos 20 años discutiendo y mientras tanto hubo robos naturales, robo de la pesca, pesca ilegal y crimen organizado, que muchas veces transcurre por el mar y no tenemos como controlarlo”.

El jerarca consideró que eso ocurría “porque nos faltan barcos”, teniendo en cuenta el amplio territorio marítimo de Uruguay, y sacó pecho de la compra al señalar: “Vamos a cerrar estos 20 años de indefiniciones, de mucho debate, pero no concreciones". Las patrullas que construya el astillero, por un valor de 82 millones de euros, serán entregadas recién en 2025.

Las quejas de China y el fallo de la Justicia

Desde China Shipbuilding Trade enviaron una carta al Senado donde argumentaron que el pasado 6 de marzo enviaron una nueva propuesta, “manteniendo las características técnicas principales del buque original, pero deduciendo algunos equipos y servicios accesorios con el fin de rebajar el precio”, llegando a la cifra de 131.980.000 dólares.

No obstante, aseguran que la única respuesta de parte del Ministerio de Defensa fue el acuse de recibo. CSTC participó del segundo llamado a licitación, aunque aseguró que “los requerimientos de esta nueva propuesta nunca estuvieron bien definidos”. “Pasamos de un pliego de 89 folios con requisitos, garantías, factores de ponderación, puntajes de evaluación, etc., a recibir los requisitos por teléfono o por una nota de menos de media carilla”, cuestionaron desde la firma.

Por esta situación, el expresidente José “Pepe” Mujica consideró que “en parte es un error diplomático, una falta de conocer cómo proceden los chinos”, por lo que aconsejó: “Si fuera el presidente, pediría disculpas”.

Para colmo, en medio de la polémica, el contralmirante Gustavo Musso, jefe de Estado Mayor de la Armada, presentó su renuncia. Musso fue el encargado de analizar las diversas ofertas y fue el autor del informe que desaconsejó la compra al astillero Cardama, ubicándolo como la última de las opciones, superada por el astillero Gondan (España), Cotecmar (Colombia), Kership (Francia) y Hyundai (Corea del Sur).