Mientras desde el oficialismo buscan avanzar en la puesta en marcha de la norma, desde el Partido Nacional piden cautela y brindar garantías.
Luego de la histórica aprobación parlamentaria de la ley de eutanasia, que respeta la voluntad de mayores de edad psíquicamente aptos con patologías incurables o sufrimientos insoportables, el foco ahora se traslada a la reglamentación del Estado y la puesta en marcha de protocolos para la aplicación de la norma, lo que genera diferencias entre sectores del oficialismo y de la oposición.
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El gobierno dispone de un plazo de 180 días para dictar el reglamento que permita operacionalizar la ley: según el texto aprobado, una vez promulgada, el Poder Ejecutivo deberá fijar mediante decreto o regulación los pasos concretos para su aplicación. Dentro de ese marco, se prevén definiciones sobre protocolos médicos, plazos de evaluación, objeción de conciencia, y estructura institucional de supervisión.
Desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio (FA), Daniel Borbonet, aseguró que “esta ley no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa que hoy no hay”, y subrayó que el propósito es garantizar “la libertad, la dignidad y la autonomía de las personas”. Desde esa perspectiva, el Gobierno deberá asegurar que los prestadores de salud, públicos y privados, adapten sus servicios al nuevo derecho, y que los médicos cuenten con los protocolos adecuados.
Por su parte, la oposición expresó cautela y advertencias respecto de los tiempos y garantías. El senador del Partido Nacional (PN), Martín Lema, quien votó en contra del proyecto, sostuvo que el Gobierno está "más apurado por reglamentar la eutanasia que por reglamentar la ley de protección a la infancia, lo que es una contradicción de lo hablado en campaña electoral".
Lema señaló que "se han establecido prioridades en campaña electoral que no se dan ahora en la vía de los hechos a través del gobierno". En tanto su par, el senador blanco, Javier García, sostuvo que la norma “no ofrece garantías” ni para el paciente ni para los equipos de salud, y cuestionó los protocolos previstos para definir cuándo una vida pasa de ser valorada a “indigna”.
En ese sentido, planteó que la reglamentación debe precisar plazos, criterios de evaluación psiquiátrica y supervisión estatal, para evitar arbitrariedades. En cuanto al proceso que se avecina, los pasos fundamentales que deberán resolverse son los criterios clínicos y psíquicos para acceder al procedimiento; fijar los plazos máximos y mínimos para cada instancia de evaluación (primera consulta, segunda opinión médica, junta médica en caso de discrepancias, ratificación ante testigos) tal como lo exige la ley; establecer la comisión o comité de revisión que controlará los casos, informará al Parlamento y al Ministerio de Salud Pública, y garantizará transparencia.
La reglamentación deberá precisar cómo se protege la objeción de conciencia de profesionales e instituciones sin que ello impida el ejercicio del derecho de quiénes lo soliciten. El oficialismo confía en cumplir el plazo de seis meses sin mayores contratiempos: desde ese sector se afirma que el sistema de salud ya cuenta con experiencia en cuidados paliativos y que los ajustes institucionales son posibles en ese lapso.
El Senado aprobó la ley de eutanasia, también conocida como “muerte digna”, con 20 votos a favor en 31 tras un debate de casi medio día. Con esta decisión, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en habilitar la eutanasia por ley, marcando un precedente histórico en la región.
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