La oposición reflota la polémica en Colonización y señala inconsistencias en la compra de campos de Florida

Pedro Bordaberry presentó en la comisión de Ganadería del Senado uno de los tantos antecedentes que establecen la necesidad de cuatro votos del directorio.

La oposición cuestiona no solo el monto de la compra sino también el método de aprobación. 

Foto: INC

La polémica alrededor de la compra de los campos en Florida en homenaje al fallecido expresidente, José Mujica, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), no solamente cuestiona el monto que representa su adquisición sino también el método en el que se llegó a su aprobación, así es el que el senador del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, trajo a colación un antecedente que pone en evidencia irregularidades.

La pelea entre la oposición y el oficialismo comenzó con el cuestionamiento del valor que tienen las 4.400 hectáreas que adquirirá el Estado en el departamento de Florida, el cual representa un total de 32,5 millones millones de dólares y que ha sido rechazado fuertemente por la Coalición Republicana (CR). A esto, se le sumó el inesperado anuncio de la compra por parte del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien lo comunicó durante el funeral de Mujica.

Sin embargo, el monto millonario no es la única objeción por parte de la oposición, ya que en materia jurídica también ha sido cuestionado. Acorde a la CR, y basado en un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), se necesitan cuatro de cincos votos de los integrantes del directorio del INC.

La postura de Bordaberry

El senador colorado presentó en la comisión de Ganadería un informe sacado del Tribunal de Cuentas que confirma la irregularidad de la compra en relación a las aprobaciones necesarias. “Fui al Tribunal de Cuentas y pedí más antecedentes sobre si se necesitaban cuatro votos o alcanzaba con tres. Y me encontré con un informe del año 2018, realizado durante un gobierno del Frente Amplio y no de la coalición, siendo presidenta la ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez, designada por el oficialismo de ese momento", contó.

"Este informe, muy fundado, había sido contratado por el Instituto Nacional de Colonización y enviado al TCR. O sea que ya hay un informe diciendo que se necesitan cuatro votos. Es un tema técnico jurídico, pero de fácil entendimiento. Se dice que cuando hay una compra directa se necesitan cuatro votos. Y es lo mismo, jurídicamente, una compraventa en uso del derecho de preferencia o una compra negociada en base a una tasación. Esa es la opinión jurídica pedida y defendida por Jacqueline Gómez en ese momento", añadió el senador.

Las observaciones del Tribunal de Cuentas

A finales del mes de junio, el TCR emitió un documento en que ponía bajo la lupa las irregularidades que observaba en la compra de los campos en Florida. La primera y más grave observación del TCR apunta al corazón del proceso decisorio. Según la normativa vigente, al tratarse de una compra directa, la ley de Colonización establece de manera taxativa que la adquisición de tierras debe ser aprobada con los votos de cuatro de los cinco miembros del Directorio de Colonización. Esta exigencia legal no habría sido cumplida, lo que plantea interrogantes sobre la validez jurídica de la operación.

El segundo señalamiento del organismo contralor se centra en aspectos técnicos y financieros. Existe una prenda sobre el sistema de riego de la estancia adquirida, y el TCR manifestó su preocupación porque no está claro si dicha obligación está incluida en el precio pagado de US$ 32,5 millones. Aunque se presume que forma parte del monto total por estar establecida expresamente, la falta de claridad genera dudas sobre el verdadero costo de la operación.

La tercera observación revela una situación financiera compleja dentro del INC. El Tribunal determinó que el organismo no contaba con disponibilidad presupuestal suficiente para realizar la compra al momento de la operación lo que genera interrogantes sobre la planificación financiera y el manejo de recursos públicos por parte de la institución.

La cuarta y última observación señaló que el gasto de US$ 32,5 millones supera ampliamente la asignación anual del organismo. La compra de esta estancia ya venía generando controversias en el ámbito político y mediático. Las observaciones del Tribunal de Cuentas añaden una dimensión técnica y legal a un debate que trasciende lo meramente administrativo. La operación involucra una superficie considerable de tierra productiva en una zona estratégica del país, lo que amplifica el impacto de cualquier irregularidad detectada.