La elevada carga tributaria y el crecimiento del gasto público obstaculiza la capacidad de crecimiento económico a futuro.
Especialistas advierten que la elevada carga tributaria, sumada a un gasto público con problemas de eficiencia, condiciona la competitividad y las decisiones de inversión.
Uruguay recauda 27,1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a través del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (BPS), según el último dato cerrado de 2025, una cifra que está por encima del promedio de América Latina, que se ubica en 21 puntos del PIB, y se acerca más a la de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que rondan entre el 32% y el 34%.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El problema, coincidieron dos economistas consultados por Ámbito, no es solo el tamaño de esa carga impositiva, sino lo que el país obtiene a cambio de ella, ya que, mientras la presión fiscal se asemeja a la de las economías más ricas del mundo, la calidad de los servicios públicos está lejos de acercarse a esos estándares.
El economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ramiro Correa, explicó: "Tenés una presión fiscal que es más alta que el promedio del continente, que se acerca a los países de la OCDE, pero los servicios públicos que se perciben a cambio de eso están lejos". En ese marco, el CED identificó tres grandes anomalías en el vínculo entre lo que gasta el Estado y los resultados que obtiene, siendo la educación el caso más evidente, por ejemplo, en ese segmento comentó que Uruguay gasta más en términos presupuestales que Chile y que el promedio de la OCDE, pero la tasa de culminación de la educación secundaria está apenas en el entorno del 50%, muy por debajo del promedio latinoamericano de 65% y lejísimos del 80% que exhiben los chilenos.
El economista del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Nicolás Vidal, coincidió en el diagnóstico desde otro ángulo: el del gasto público por persona. Según sus cálculos, en el año 2000 el Estado gastaba unos 160.000 pesos anuales por habitante a precios de hoy, mientras que actualmente esa cifra trepó a 316.000 pesos. "No ha habido un proceso fuerte de revisión del gasto público y evaluación de resultados de la gestión", afirmó Vidal, quien remarcó que cuando Ceres consultó a legisladores de todos los partidos sobre qué afecta más a la eficiencia del Estado, la respuesta más repetida fue, precisamente, la falta de evaluación y control del impacto del gasto público.
Correa señaló que el patrón educativo se replica en seguridad pública, porque Uruguay destina en el entorno del 7% de su presupuesto total a seguridad y administración de justicia, una proporción mayor a la de Chile y a la de la OCDE, pero mantiene una tasa de homicidios de 11 personas cada 100.000 habitantes, casi el doble que la de Chile. "Ahí también hay un problema de priorización presupuestal y eficiencia del gasto en los resultados", sostuvo el economista del CED.
Vidal, en cambio, aportó una clasificación complementaria del gasto público, dividiéndolo en tres categorías: lo esencial (seguridad, defensa, justicia y los poderes del Estado), que representa apenas el 14% del gasto total; lo básico (salud, educación, niñez y vivienda), que llega al 35%; y lo complementario, que abarca el resto de las funciones estatales y concentra el 28% del gasto. Según sus datos, entre 2000 y 2024 lo que más creció fue justamente esta última categoría (lo complementario) con un aumento de 246%, muy por encima del 166% que creció el gasto básico. Como ejemplos de esa expansión discrecional del Estado, el economista de Ceres mencionó el dragado del puerto, que insumirá una inversión adicional de 63 millones de dólares en dragado propio y 52 millones de dólares en dragado tercerizado por acumulación de sedimentos; la fábrica estatal de Portland de Ancap, que perdió 31 millones de dólares el año pasado y unos 840 millones de dólares desde el año 2000, y el Instituto Nacional de Colonización (INC), cuyo costo administrativo por hectárea (32 dólares) es casi equivalente a lo que un productor gasta en salarios por esa misma superficie, 40 dólares.
Este cuadro fiscal tiene, para ambos economistas, una consecuencia directa sobre la inversión. Correa remarcó que la tasa de inversión sobre el PIB cerró en 15,8% en el último dato trimestral del Banco Central del Uruguay (BCU), cuando el país debería tener al menos 20 puntos para crecer a un ritmo anual de entre 2% y 3%. "Cuando uno toma datos de 15 años para atrás, el PIB (per capita) creció más o menos 150% en términos generales y la recaudación lo hizo a un ritmo muchísimo más alto", explicó Correa y contrastó esa dinámica con la de los países de la OCDE, donde el crecimiento de la recaudación fue mucho más parejo con el de la economía. "Esa concepción de que es necesario aumentar la carga impositiva para crecer más es absolutamente completamente errada", insistió.
Vidal ubicó el problema en la rentabilidad. Según sus cálculos, en la última década la inversión en Uruguay se mantuvo en torno al 16,8% del PIB, un nivel similar al de Argentina y Brasil pese a que Uruguay ofrece estabilidad y reglas de juego claras que esos países no tienen. La explicación, sostuvo, está en que los costos de producir en Uruguay crecieron más rápido que los ingresos: al comparar dos períodos con tasas de interés internacionales similares, 2007-2008 y el bienio actual, los costos aumentaron 2,7 veces mientras que los ingresos por unidad productiva lo hicieron apenas 1,7 veces. En ese sentido, agregó que sectores como el turismo, la soja y las tecnologías de la información crecieron en ingresos muy por debajo del aumento de sus costos, a diferencia de la carne, favorecida por buenos precios internacionales.
Pese al diagnóstico compartido, los dos economistas coincidieron en que el camino para reducir el déficit fiscal, que Correa calificó de "crónico" desde hace al menos 20 años, pasa por bajar el gasto público antes que subir impuestos. El economista del CED estimó que el ajuste necesario ronda los 1.500 millones de dólares, en el entorno de dos puntos del PIB, y advirtió: "No hay espacio para seguir generando más impuestos sin que tengan una consecuencia significativa en la tasa de crecimiento".
Vidal, por su parte, apuntó a la agenda de reformas "micro" que impulsa el Poder Ejecutivo, en particular la ley de competitividad enviada al Parlamento el 18 de junio, que incluye agilización de trámites, facilitación del comercio exterior y mayor promoción de la competencia. "Si de verdad se pretende mejorar la productividad, es inexorable que haya una revisión del gasto público", planteó.
Ambos descartaron, de todos modos, que la salida pase por privatizar empresas públicas, algo que Correa recordó que la ciudadanía rechazó en sucesivos referéndums, aunque sí abogó por eliminar la producción estatal de Portland por su carácter "sistemáticamente deficitario".
Sobre la política monetaria, Correa fue categórico al descartar que el objetivo de inflación del BCU, hoy en 4,5% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos, sea responsable de la debilidad del crecimiento: "Nosotros creemos que los problemas de crecimiento de Uruguay responden a problemas de falta de competitividad". Además. remarcó que la inflación anualizada se ubica en 3,8%, dentro del rango tolerado. Sobre el mercado laboral, el economista del CED advirtió que el ritmo de creación de empleo viene desacelerándose desde 2024 y que la regulación laboral uruguaya sigue basada en una ley de Consejos de Salarios de 1943 que, a su entender, requiere una actualización profunda para adaptarse a una economía completamente distinta.