El 80% de las cargas totales se realizan en viviendas por lo que los operadores reclaman un esquema rentable para invertir en infraestructura.
El auge de los autos eléctricos impacta en las ventas de combustibles.
El avance sostenido de la recarga domiciliaria de autos eléctricos, que ya concentra cerca del 80 por ciento de las cargas totales, redefine el negocio energético y plantea un desafío para las estaciones de servicio, que enfrentan inversiones en infraestructura sin un modelo de rentabilidad claro mientras observan caídas de ventas en algunas zonas del país.
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El crecimiento del parque vehicular eléctrico dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad concreta. Durante 2025, más del 20 por ciento de los vehículos nuevos vendidos en el país fueron eléctricos, consolidando una tendencia que avanza e impacta en distintos eslabones de la cadena energética.
En este escenario, las estaciones de servicio deben acompañar la transición energética y, al mismo tiempo, sostener sus ganancias. Desde la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), su presidente, Daniel Sanguinetti, advirtió a Surtidores que el desarrollo de la infraestructura de carga todavía no ofrece un esquema atractivo para operadores privados.
Uno de los principales puntos de preocupación es la marcada preferencia por la recarga domiciliaria. Según datos del sector, alrededor del 80 por ciento de las recargas se realizan en hogares, mientras que solo el 20 por ciento ocurre en la red pública y comercial. Esta relación altera la lógica histórica del negocio: a diferencia de los combustibles líquidos, que dependen casi exclusivamente de la red de estaciones, el vehículo eléctrico traslada la mayor parte del consumo al ámbito residencial.
El impacto no se limita a la venta de energía. Menos visitas a las estaciones implican también menor movimiento en tiendas de conveniencia y otros servicios complementarios, que en muchos casos representan una parte sustancial de los ingresos.
Desde 2022, cuando el país fue sede de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, los operadores asumieron el compromiso de acompañar la transformación energética. Unvenu mantiene diálogo con el Ministerio de Industria y con UTE para avanzar en la instalación de cargadores en estaciones, pero el punto crítico continúa siendo el modelo económico.
Desden el sector aseguran que la inversión en infraestructura de carga exige equipamiento específico, adecuaciones eléctricas y, en algunos casos, importantes obras para garantizar potencia suficiente. El costo de hacer llegar energía de alta capacidad a determinados puntos puede resultar decisivo para evaluar la viabilidad del proyecto. Sin reglas claras y un esquema de recuperación de inversión definido, muchos operadores optan por la cautela.
La reconversión del sector apunta a consolidar a la estación como un centro integral de servicios, donde convivan combustibles tradicionales, energía eléctrica y nuevas propuestas comerciales. Sin embargo, en zonas de mayor poder adquisitivo, donde la adopción de la electromovilidad es más acelerada, algunas estaciones ya registran caídas de ventas superiores al 10 por ciento.
Desde la gremial aseguran que no cuestionan la transición energética, pero reclaman previsibilidad. Sostienen que, si bien los incentivos fueron clave en la etapa inicial, el mercado eléctrico ya muestra volumen propio y requiere ahora un marco que permita a los privados integrarse al nuevo esquema sin comprometer su sustentabilidad.
En paralelo al debate por la rentabilidad de los cargadores y la caída de ventas en algunas zonas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) avanza en la elaboración de un documento técnico que definirá los criterios que deberán cumplir las estaciones de servicio en el nuevo escenario energético. La ministra Fernanda Cardona señaló que el texto sintetizará la visión de la cartera sobre qué deben ofrecer estos establecimientos, que “no tienen que ser solo gasolineras”, sino espacios preparados para el abastecimiento de vehículos eléctricos e híbridos.
El trabajo forma parte de una revisión integral de la regulación sobre estaciones de servicio y la cadena de combustibles que llevan adelante el MIEM y la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). En junio de 2025 se conformó un grupo interinstitucional con participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, distribuidoras y transportistas, que en noviembre presentó un informe diagnóstico con recomendaciones técnicas. En diciembre, el MIEM exhortó a la Ursea a aprobar, en el plazo de dos años, una regulación integral alineada con esos lineamientos.
En ese marco también se prevé que en los próximos meses se otorguen prórrogas a estaciones mientras se define la nueva normativa, tras la suspensión transitoria de trámites de aperturas y traslados dispuesta en 2025. Además, la Ursea mantiene en curso una investigación administrativa para revisar procedimientos vinculados a habilitaciones y prórrogas desde 2021, al tiempo que ya aprobó nuevos instructivos internos. El objetivo oficial es ordenar el sistema y dar previsibilidad a un sector que, en plena transición energética, deberá reconvertirse para que las tradicionales estaciones pasen a ser vistas como verdaderas electrolineras.
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