La decisión de Oracle de despedir a 70 trabajadores reavivó los cuestionamientos sobre costos, reglas laborales y condiciones para atraer inversiones.
La reestructuración de la empresa Oracle reavivó el debate sobre la ley de despidos, la competitividad y las inversiones tecnológicas.
La reestructuración de la empresa Oracle y el cese de unos 70 trabajadores contratados en el país reavivaron el debate sobre la ley de despidos, la competitividad y las inversiones tecnológicas, ante cambios en las organizaciones dados por ajustes empresariales vinculados al avance de la inteligencia artificial.
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La multinacional, instalada en el pais desde 2018, redujo cerca de un 15% de su plantilla local como parte de una estrategia internacional más amplia. A nivel global, la empresa inició un recorte de entre 20.000 y 30.000 empleos —alrededor del 18% de su fuerza laboral— con el objetivo de redirigir recursos hacia el desarrollo de infraestructura en inteligencia artificial, en una apuesta por reposicionarse en un mercado cada vez más competitivo.
La mayoría de las desvinculaciones registradas en la sede local se concentraron en el área de consultoría, con 64 salidas, muchas de ellas en cargos semisénior, incluyendo desarrolladores. También hubo despidos en el equipo vinculado a NetSuite. Las comunicaciones fueron breves y sin aviso previo, en línea con un estilo que se replicó en otros países.
Desde la oposición, el caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el desarrollo de la industria. El diputado del Partido Colorado (PC), Walter Verri, advirtió que “el país pierde competitividad” y cuestionó el nivel de costos.
A su turno, desde el Partido Nacional (PN), el diputado Pedro Jisdonian, señaló a la diaria que no hay señales claras del gobierno para mejorar las condiciones que permitan retener inversiones. “Si Uruguay no hace un cambio en la política tributaria y en la posibilidad de facilitar que este tipo de empresas se instalen, lo que va a pasar es que se van a ir”, sostuvo. Ambos también insistieron en las diferencias con el gobierno sobre aspectos regulatorios como el proyecto de ley de preaviso en los despidos que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En cambio, el oficialismo sostuvo que estos movimientos responden a lógicas globales de este tipo de empresas. El diputado del Frente Amplio (FA), Daniel Diverio, sostuvo que son “una lógica que se da casi todos los años” por decisiones de “rentabilidad o de oportunidad” de las empresas, y planteó que el desafío del gobierno es “contrarrestar” estos impactos con políticas de incentivo a la inversión y el empleo.
En esa línea, a mediados de marzo cuando compareció ante la Comisión de Legislación del Trabajo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, señaló que las empresas de servicios globales, dedicadas principalmente a las tecnologías de la información, “responden a un modelo de negocios por el que una empresa deslocaliza actividades en el exterior mediante una subsidiaria, lo que se denomina offshoring de servicios, o indirectamente mediante la subcontratación de un tercero en el extranjero”. Este modelo, agregó, “tiene el propósito de reducir costos por definición y es uno de los desafíos que estamos teniendo”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, declaro ante Montevideo Portal que la cartera no estaba al tanto de los despidos hasta que trascendieron públicamente y que, por el momento, no habrá acciones inmediatas. El jerarca remarcó, además, que la ausencia de organización sindical en la empresa también limita la capacidad de respuesta institucional.
De este modo, la nueva reestructura de una empresa del sector servicios pone en debate la situación competitiva de Uruguay y abre un debate sobre la normativa para que los empresarios avisen al gobierno antes de avanzar con despidos, una iniciativa del propio Castillo.
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