20 de mayo 2023 - 10:28

Ley de crédito: buenas intenciones, malas herramientas

Se estima que cerca del 90% de las familias toman crédito, tanto directo de empresas como a través de tarjetas. 

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El partido Cabildo Abierto presentó un nuevo proyecto de ley para resolver la situación de miles de pequeños deudores familiares que han quedado en cesación de pagos e impedidos de recomponer su situación financiera ante el mercado. Es un buen punto de partida para profundizar en la situación del crédito y los desafíos que se plantean para mejorar el acceso al mismo, tan importante para tantas familias. Desde ya podemos decir que el proyecto tiene buenas intenciones pero malas herramientas propuestas.

El mercado de crédito de las familias es masivo y ha crecido en los últimos años, si bien la pandemia y ya previamente las dificultades de crecimiento de la economía había moderado sus impulsos. Se estima que cerca del 90% de las familias toman crédito, tanto directo de empresas como a través de plásticos (tarjetas).

Según datos de la consultora Exante el stock de crédito a familias al mes de marzo de este año superaba los 9.700 millones de dólares, de lo cual casi 3.400 millones de dólares corresponden a crédito hipotecario, casi 500 millones de dólares a crédito automotor y más de 5.800 millones de dólares a crédito de consumo, tanto de préstamos personales como tarjetas de crédito. Las cifras abarcan tanto bancos como empresas de crédito.

La crítica al crédito se vuelca muchas veces a cuestionar las altas tasas de interés, pero esto puede ser engañoso: las tasas efectivas anuales (TEA) son cálculos financieros que suponen que se reinvierten los saldos a la misma tasa, lo cual es teórico. Está muy bien informar la tasa (es obligatorio) y cuanto menor sea mejor, pero para evaluar mejor la dinámica de préstamos hay que incorporar montos y plazos. Y no cabe duda que los préstamos han resuelto problemas a miles de familias.

Siempre es deseable que los costos del crédito bajen y todo indica que hay niveles de competencia suficientes para que eso tienda a suceder. Los problemas parecen ser más relevantes en el plano regulatorio: una familia que toma un crédito y que -por cualquier circunstancia- tiene un problema de pago, queda morosa y la regulación del Banco Central del Uruguay (BCU) obliga a la empresa de crédito a previsionar y bajar categoría.

Es lógico que la regulación actúe así, pero hay que adaptarla porque la mayoría de los deudores que tiene un problema circunstancial tiene voluntad de repago y muchas veces logra recomponer la situación. Asimismo, varias de las empresas que trabajan hace años en este mercado incorporan eso y buscan mantener la relación de crédito, que en definitiva es su negocio.

De hecho, el año pasado el BCU cambió una norma “de arrastre” que tiene las calificaciones crediticias de las personas. La norma establece que si el deudor es categoría 5 (la más baja) en un banco, no puede tener calificación mejor en otros. A partir del año pasado las deudas pequeñas quedaron excluidas de esta normativa (límite de $ 10.000) y eso mejoró la posición de muchos deudores.

Eso -obviamente- no “borra” la deuda, pero permite mantener acceso al crédito en otros bancos. Es un ejemplo de que hay cambios posibles para mejorar la situación sin ir a leyes que subviertan los contratos. La regulación bancaria tiene que ser robusta, pero no es lo mismo un préstamo hipotecario o empresarial, que un crédito al consumo mensual.

Otro asunto particularmente vidrioso es el rol de las empresas que compran cartera deudora (obviamente a precio descontado), para luego ir por el cobro de una manera agresiva y sin mayor regulación. Esto también hay que resolverlo: el acoso al deudor resulta chocante, más allá de que los tomadores de crédito tienen que enfrentar responsabilidades.

Para resolver las deudas, el proyecto de Cabildo Abierto va por otro lado. Establece un mecanismo en dos etapas, por un lado una etapa de conciliación a nivel de la Unidad de Defensa del Consumidor, y luego una instancia judicial si no hay acuerdo en la primera.

Desde mi punto de vista esto no resuelve el asunto, y puede llegar a complicarlo: se sabe -por antecedentes previos- que cualquier deudor que haya ingresado en una reconsideración judicial de su deuda (que en este caso sería obligatoria por ley) queda afectado en su capacidad de tomar crédito por mucho tiempo. Pasó a nivel empresarial hace décadas con las grandes refinanciaciones, y pasaría nuevamente ahora.

Así las cosas se abre una oportunidad de mejora en un asunto clave como es el crédito, que puede asociarse a una mejor inclusión financiera de las personas y por lo tanto un mayor bienestar, siempre que se respeten los contratos, se mantengan los principios de un mercado abierto y las regulaciones se actualicen para ayudar en lugar de complicar. No hay que equivocar el camino.

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