El sindicato de aduaneros de Uruguay reclama mejores condiciones laborales.
El comercio exterior de Uruguay se vio paralizado ayer por la noche cuando la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) llevó a cabo medidas de fuerza y anunció otras tantas para la semana próxima, las cuales afectarán la operativa en el Aeropuerto de Carrasco y en receptorías del litoral del país.
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Fueron solo cuatro horas, de 19 a 23, pero el comercio exterior uruguayo —que no atraviesa su mejor momento, al menos, en comparación con un gran año previo— estuvo paralizado por el comienzo del plan de lucha que los aduaneros planean llevar a cabo durante toda la semana. Según expresó el presidente del gremio, Roberto Valdivieso, a Subrayado, las acciones serán “sorpresivas y en lugar a determinar”, con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector.
La AFA reclama por mejores condiciones de trabajo y que éstas estén ajustadas a la normativa, sobre todo en cuestiones como el pago de nocturnidad al amparo del Estatuto del Funcionario Público, compensación salarial para tareas de vigilancia, concursos de ascenso y respeto a la carrera administrativa, ingreso de personal, destope salarial y reducción de la jornada de trabajo.
Valdivieso afirmó que los reclamos de los trabajadores vienen desde que, en 2013, el gobierno de José Mujica aprobó el decreto 204 que establecía la reestructura organizativa de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y otorgaba al director nacional la potestad de realizar hasta 80 designaciones directas de personal sin tener en cuenta el escalafón administrativo.
El sindicato recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y en 2016 el TCA le dio la razón al gremio. Ese año, la administración de Tabaré Vázquez emitió un nuevo decreto, el 256, que también fue recurrido y resuelto en favor de la AFA en 2019. El gobierno publicó entonces el decreto 315, también impugnado. Actualmente, rige el decreto 217 de 2022, en el cual se establece que el director nacional pueda realizar hasta 14 designaciones directas y que 56 cargos sean por concurso.
Valdivieso calificó las negociaciones entre la AFA y la DNA como “el emporio de las buenas intenciones, pero hasta ahora no se ha concretado nada”. “Las señales son paupérrimas, estamos cediendo como sindicato”, sostuvo, y reclamó respuestas del gobierno.
La idea del gremio con las medidas es “hacer sentir el paro” y no descarta acciones en conjunto con los aduaneros argentinos, pero reivindica el “camino del entendimiento” para arribar a una solución a sus reclamos.
La conflictividad laboral fue uno de los ejes que marcó el mercado de trabajo durante el primer semestre del año, según el Boletín Económico de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), al punto de duplicar el promedio total del año pasado.
La CCSUy publicó el Boletín Económico sobre el Mercado de Trabajo en el país correspondiente al primer semestre del 2023, y el nivel de conflictividad laboral fue uno de los puntos más llamativos en lo que va del año en este ámbito. Al respecto, y a partir del Índice de Conflictividad Laboral Global (ICLG) elaborado por el Departamento de Psicología Social y Trabajo de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), se observó un importante aumento de las problemáticas en el ámbito de trabajo.
Este índice relaciona los días y horas de trabajo perdidos por conflictos con los días y horas de trabajo que normalmente se habrían podido trabajar. Asimismo, incluye los conflictos sectoriales de rama y de empresa, y los paros generales.
De esta forma, el ICLG correspondiente al primer semestre del año fue más del doble del promedio del 2022, y casi diez veces mayor que el promedio del 2020, el primer año del actual gobierno —si bien hay que tener en cuenta que fue el año más marcado por la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Según la CCSUy, la conflictividad laboral es una tendencia marcada de los últimos meses.
El aumento del índice se debió mayormente a los paros generales convocados por el PIT-CNT, que en lo que va del año ya fueron cuatro. Considerando estos paros, entre el 1 de enero y el 30 de junio, se registraron 60 conflictos con interrupción de actividades por los que se perdieron 1.063.914 jornadas laborales. En estas medidas se involucraron 1.198.385 trabajadores.
Mientras tanto, no se espera que la tendencia cambie para la segunda mitad del año. Más bien, todo lo contrario: al escenario ya marcado de partida por ser una año preelectoral, se suman varios conflictos que actualmente se llevan a cabo, así como situación potencialmente conflictivas del ámbito laboral.
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