Los cambios al secreto bancario vuelven a caerse en el Parlamento, esta vez en la Rendición de Cuentas

La Cámara de Diputados rechazó nuevamente las modificaciones al acceso a la información bancaria en una votación que resultó idéntica a la de 2025.

Los cambios al secreto bancario fueron rechazados en la Rendición de Cuentas.

La Cámara de Diputados avanza en la votación del articulado del proyecto de Rendición de Cuentas y, tras la primera victoria que supuso su aprobación en general en un escenario sin mayorías propias, el gobierno encontró algunos reveses ante el rechazo de iniciativas particulares: una de ellas fue un nuevo intento de modificar el secreto bancario.

Luego de que, en octubre del año pasado, los cinco partidos de la oposición rechazaran las modificaciones introducidas en el artículo 635 de acceso a la información financiera —cuando fue parte de la ley de Presupuesto quinquenal—, el gobierno buscó, una vez más, avanzar con los cambios en el secreto bancario, con el objetivo de alinear las disposiciones locales con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, el desenlace no fue muy diferente al de hace casi un año atrás.

De hecho, la votación resultó idéntica: rechazo por 51 votos contra 48, y fuertes críticas por parte de los legisladores opositores a la medida impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Un nuevo rechazo a los cambios en el acceso a la información de bancos y financieras

El artículo incluido en el capítulo correspondiente al MEF dentro del proyecto de Rendición de Cuentas habilitaba a que las entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) puedan “suministrar información protegida por normas de confidencialidad o secreto bancario a sus casas matrices, sucursales, subsidiarias u otras entidades del grupo económico, tanto en Uruguay como en el exterior, quedando relevadas de dichas obligaciones”, a efectos de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Esta disposición responde a recomendaciones de la OCDE, y el gobierno insistió en varias ocasiones respecto a la exposición a "sanciones de terceros" para el país en caso de no avanzar en esta flexibilización del secreto bancario que, como contracara, tiene una regulación más estricta sobre determinados movimientos de dinero. Pero, a diferencia de la iniciativa original que se buscó aprobar el año pasado en el marco del Presupuesto, en esta ocasión no se habilitaba a la Dirección General Impositiva (DGI) a solicitar dicha información, sino que se trataba de movimientos internos a cada entidad bancaria.

Desde la oposición, sin embargo, se opusieron rotundamente, considerando la modificación pretendida como "una nueva violación al secreto bancario sin participación de la garantía de un procedimiento judicial", tal y como señaló el diputado del Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, en redes sociales. Asimismo, en el reciento, señaló que la iniciativa es "sumamente grave", porque "no está definido cuáles son las otras entidades del grupo económico”. Y esa indefinición de los destinatarios, "incluso la falta de posibles sanciones a aquellos que revelen la información de manera que vaya por fuera de la normativa, establece una violación a un derecho que es de raigambre constitucional y que nos parece a nosotros que es de suma gravedad”.

Por su parte, el también diputado pero del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, explicó el rechazo del artículo "inconveniente": “Las explicaciones que nos dieron alimentaron nuestras dudas a este respecto, porque se nos dijo que esto se aplicaría exclusivamente en caso de operaciones especiales o de actuaciones por lavado de activos o de lucha contra el crimen organizado; sin embargo, no es lo que dice el artículo”, cuestionó respecto de la "preocupante amplitud" de la iniciativa.

El Frente Amplio logró la creación de una nueva agencia pese al rechazo opositor

Por otra parte, y pese a que los partidos de la Coalición Republicana (CR) también votaron en contra debido a constituir "una inconstitucionalidad mayúscula", en palabras de Abdala, el oficialismo logró aprobar la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales para “recibir, administrar, gestionar y disponer los bienes de carácter inmueble, que el Estado le transfiera a cualquier título”, entre otros cometidos.

La iniciativa, que contó con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto (CA), fue defendida por el oficialismo como una continuidad de la racionalización del uso de bienes inmuebles estatales; mientras que la oposición acusó al gobierno de crear una "super inmobiliaria del Estado" y una "estructura paralela" a la normativa del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) bajo la órbita de Presidencia.

En contrapartida, la creación de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (Onadu) —también en el ámbito de Torre Ejecutiva y con el propósito de encargarse "de la prevención, control, educación y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte”—, fue postergada para el final del tratamiento en particular de la Rendición de Cuentas ante la postura de la CR, contraria de "seguir creando personas públicas no estatales".