La oposición le puso un freno a los cambios en el secreto bancario, que vuelve a foja cero

Los cinco partidos opositores se alinearon detrás del rechazo a las modificaciones introducidas en el artículo 635, y se negó también su regreso a comisión.

La oposición le puso el freno a los cambios en el secreto bancario, que vuelve a foja cero.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Presupuesto este jueves, pero no todos los artículos lograron conseguir los votos para ser aprobados: uno de ellos fue el polémico 635, que buscaba la modificación del secreto bancario.

Mientras que otras modificaciones tributarias como la implementación del Impuesto Mínimo Global (IMG) y la aplicación de de IVA a las compras realizadas en el exterior bajo el régimen de franquicias —para abordar el llamado "efecto Temu" en el comercio local— fueron aprobadas durante el debate en particular del articulado en la Cámara baja, los cambios en el acceso a la información financiera, o el secreto bancario, unificaron a la oposición en la posición de rechazo.

Pese a que el Frente Amplio (FA) postergó lo más posible su tratamiento, con el objetivo de ganar más tiempo en la negociación y presentar una nueva redacción, finalmente no obtuvo el acompañamiento de ninguno de los legisladores de los partidos de la oposición, en tanto la votación resultó 48 —la totalidad de la bancada oficialista— a 51.

"Si bien logró determinados objetivos que nosotros lamentamos mucho, como el establecimiento de los impuestos, no los logró todos. Por ejemplo, en el último tramo de la sesión fue rechazada la propuesta de eliminar el secreto bancario. Los cinco partidos de la oposición nos alineamos y dijimos 'no'. Creo que en algún sentido lo que demuestra es que la democracia funcionó", expresó al respecto el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.

Asimismo, destacó también el "freno" que pusieron al gobierno respecto de modificaciones en la ley Cristal, referidas a la competencia de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep). "Hubiera sido muy grave que eso se terminara aprobando sin análisis, sin discusión, y solo con los votos del Frente Amplio. Allí también los partidos de la oposición acordaron, se alinearon, votaron juntos y, por lo tanto, con la mayoría que en principio tienen, resolvimos todos que este tema vaya a comisión para que se analice, y no se aprobó en el Presupuesto", señaló.

Por otra parte, en el recinto también fracasó una moción posterior que buscaba desglosar el artículo 635 en cuestión para un estudio más detenido en la Comisión de Hacienda, en tanto fue rechazado con contundencia por 96 votos negativos, con apenas 3 positivos.

En contrapartida, la Cámara baja sí aprobó la Hoja Aditiva número 3, una modificación incluida en el artículo 398 que autoriza al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), al Banco República (BROU) y al Banco de Seguros del Estado (BSE) a intercambiar información y datos personales.

Polémicas y cambios insuficientes

La modificación al secreto bancario generó polémicas desde el momento en que el Poder Ejecutivo presentó la redacción del proyecto de ley de Presupuesto, al punto que el equipo económico debió presentar un artículo alternativo para calmar las repercusiones negativas que se generaron.

De esta manera, la nueva versión —que habría sido la votada en la Cámara de Diputados este jueves— establecía que la Dirección General Impositiva (DGI) debía presentar un reclamo formal ante la Justicia cuando pretendiera acceder a información financiera de una empresa. En dicho planteo, el organismo debería fundamentar por qué la medida resultaba necesaria para el cumplimiento de sus tareas de fiscalización tributaria.

En la redacción previa, la DGI tenía la posibilidad de levantar el secreto bancario sin necesidad de contar con una autorización judicial, lo que había generado críticas de parte de legisladores de la oposición y de algunos sectores empresariales.

Sin embargo, las modificaciones sobre la marcha tampoco dejaron satisfechos a los legisladores opositores. Las discrepancias tuvieron que ver, principalmente, con que la modificación establecía "un procedimiento previo con intervención del juez pero a través de un mecanismo muy sumario en el ámbito de la Justicia civil, no en el ámbito de la Justicia penal, como está previsto hoy en la legislación”, según señaló Abdala.

Esta situación hacía que la DGI pudiera pedir "en cualquier momento" y con un plazo de diez días la información financiera en cuestión ante el "silencio positivo de la Justicia"; porque si ésta "no se pronuncia en ese plazo, se entenderá que hay una aprobación tácita", explicó. Una situación que implicaría "el levantamiento de cualquier cuenta bancaria, de cualquier persona, de cualquier empresa”; por lo que, “más allá de ese barniz”, se trataba de la pérdida del secreto bancario.