Los extrabajadores de Casa de Galicia preparan sus juicios contra el Estado

De los 1.240 exempleados no técnicos que fueron dados de baja tras el cierre del año pasado, solo 745 lograron ingresar en alguna otra mutualista.

Los extrabajadores de Casa de Galicia preparan sus estrategias judiciales con el objetivo de cobrar sus despidos.

Captura: Subrayado

Luego de que en la Asamblea General no se alcanzaron los votos para lograr los 3/5 para dejar sin efecto el veto del presidente Luis Lacalle Pou sobre la ley que fuera aprobada para cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de la Casa de Galicia, ahora los trabajadores aceleran sus estrategias judiciales para demandar al Estado.

Tras conocerse la noticia el pasado miércoles, los extrabajadores de Casa de Galicia y sus abogados buscan volver a la carga contra el Estado con el objetivo de poder cobrar sus despidos.

De los 1.240 trabajadores no técnicos que fueron dados de baja tras el cierre del año pasado (1° de abril), solo 745 lograron ingresar en alguna otra mutualista, mientras que los otros 495 siguen sin poder acceder a prestar funciones en otro lugar, y de estos, unos 235 no cuenta con un ingreso de ningún tipo.

La representante de los exempleados de la mutualista, Flor Costanzo, manifestó a Telemundo ese mismo miércoles que "los juicios son un hecho" al referirse a la intención de los afectados por el veto presidencial al proyecto que proponía disponer de 30 millones de dólares, frente al fondo de 8 millones de dólares que pretendía imponer el Poder Ejecutivo.

"El Estado va a tener que pagar tres veces más"

"Hay muchos compañeros que los van a aceptar, otros que no, y van a ir a juicio. El Estado va a tener que pagar tres veces más de lo que tendría que pagar ahora", apuntó Costanzo.

La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, afirmó tras la sesión que "el Estado no puede salir a bancar a las empresas privadas que quiebran", por lo que "no tiene que responder" a los reclamos.

La causa por las irregularidades financieras de la Casa de Galicia es investigada por el fiscal Gilberto Rodríguez, tras una denuncia que fuera presentada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 3 de diciembre de 2021.