Paro en la salud privada en apoyo a trabajadores de la ex Casa Galicia

Este miércoles se llevará a cabo la Asamblea General donde se debatirá si se levanta o no el veto parcial impuesto por el Poder Ejecutivo.

Los trabajadores de la salud privada pararán este miércoles en apoyo a los trabajadores de la ex Casa Galicia.

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La Federación Uruguay de la Salud (FUS) estará de paro este miércoles en apoyo a los trabajadores de la ex Casa Galicia y el veto parcial que impuso Luis Lacalle Pou a la ley que garantiza que se les paguen los créditos laborales que se les adeuda.

En el marco de la sesión en la Asamblea General en el Parlamento para debatir si se levanta o no el veto pactado por el Poder Ejecutivo a la ley que asegura el cobro por parte de los trabajadores de la ex Casa Galicia a los créditos laborales, la FUS llevará a cabo un paro desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas.

La FUS, que reúne a los trabajadores de la salud privada, llamó a un concentración en el Obelisco para luego marchar hacia el Palacio Legislativo y esperarán en la barras mientras diputados y senadores toman una decisión. Además, llevarán a cabo un acto en las puertas del edificio público.

A esta medida también se le suma el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que convocó un paro de 12 a 15 horas con el objetivo de acompañar a los trabajadores afectados por el cierre de la mutualista por orden judicial en el año 2021. El SMU también se mostró en contra del veto a la ley.

Las claves de la sesión

La Asamblea General comunicó que llevará a cabo una sesión extraordinaria este miércoles con el objetivo de debatir el veto parcial impuesto por el Poder Ejecutivo a los artículos 1, 2 y 3 de la ley para cubrir los créditos laborales de los trabajadores de ex Casa Galicia.

Anteriormente, el Frente Amplio había elevado una moción presentada a la presidenta de la Asamblea General para que se realizara una sesión extraordinaria el 28 del mes corriente, una iniciativa que fue aprobada por varios senadores y diputados del Parlamento.

Esta decisión corresponde al artículo 138 de la Constitución que establece que, en caso de que un proyecto de ley haya sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones totales o parciales, “se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado".

Para que se levante el veto parcial, se necesitarán tres quintos del quorum presente al momento de la votación. "Eso genera algunos cálculos que son difíciles de poder prever sin conocer la asistencia de los legisladores. Pero entendiendo una cámara donde estén todos los legisladores se necesitan 78 votos para levantar el veto que ha ejercido el presidente de la República. Va a ser una votación ajustada", explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar.

En tanto, el exministro del Interior y actual senador, Luis Alberto Heber adelantó que estará del lado del Ejecutivo al momento de la votación. "El herrerismo va a respaldar la posición del presidente, siempre. Nosotros somos la principal fuerza de Luis Lacalle Pou, que es un gran presidente, y vamos a argumentar en Asamblea General", remarcó.

Las objeciones del Poder Ejecutivo

La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou definió el veto parcial para la ley aprobada en el Parlamento que establece la cobertura por parte del Estado para los créditos laborales de más de 1.000 extrabajadores de Casa de Galicia, que quedaron pendientes de pago tras el cierre del centro de salud.

La decisión de vetar parcialmente la iniciativa, resistida por los extrabajadores, se materializó el viernes pasado y tiene que ver con los artículos que refieren a los fondos previstos ya que la solución aprobada implica un desembolso de unos 30 millones de dólares, mientras la propuesta del gobierno planteaba un gasto de 8 millones de dólares.

En un encuentro con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, el mandatario analizó razones económicas y de justicia y definió el veto, al considerar que algunos de los extrabajadores ya consiguieron empleo o cobraron un subsidio por desempleo. Vale recordar que el proyecto del Frente Amplio fue validado por el Senado por 19 en 20 votos gracias a los apoyos de Cabildo Abierto, así como dos senadores del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.

El texto contempla a más de 1.000 personas despedidas y considera que el pago de los créditos laborales a los exfuncionarios debe financiarse con el fondo de insolvencia patronal, con un tope de 105.000 unidades indexadas, de cerca de 611.000 pesos. A la par, dispone la creación de una bolsa de trabajo a la que la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) y los prestadores privados de salud tendrán que acudir cuando deseen contratar personal.