El país tuvo pocos avances en acceso a la salud mental y al agua de calidad en una coyuntura que repite el aumento de los delitos violentos y las condiciones de reclusión inhumanas.
El sistema de garantías de los derechos de Uruguay sigue mostrando síntomas de debilitamiento, según advirtió Amnistía Internacional en su informe anual 2023/24. Además de situaciones en los centros de detención y de libertad de expresión, la dificultad de acceso a los servicios públicos de salud mental y la calidad del agua potable fueron puntos de particular preocupación en el país para el organismo.
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Las advertencias de Amnistía respecto de la situación carcelaria, así como de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura no son novedosas; pero en cada informe profundizan el escenario de alarma. Lo mismo sucedió respecto del uso indebido del aparato de seguridad del Estado, a partir del juicio contra el excustodio presidencial Alejandro Astesiano; y sobre la falta de “medidas eficaces para abordar los delitos violentos”, un tema que, además, se volvió central en épocas de campaña electoral.
Pero en el informe publicado el miércoles por la organización internacional —que hace un repaso del presente en el acceso a los derechos en todos los países del mundo durante el último año—, llamó la atención dos cuestiones relacionadas estrechamente con la coyuntura particular del país: el acceso a la salud mental, por un lado, y la calidad del agua potable, por el otro.
El 1° de marzo de 2023, en su discurso anual de Rendición de Cuentas ante el Parlamento, el presidente Luis Lacalle Pou anunció una inversión de 20 millones de dólares a programas de salud mental y prevención y tratamiento de adicciones. De hecho, fue la única partida presupuestaria nueva anunciada y habilitada durante el año, aunque poco más se haya hecho al respecto.
Sin embargo, el informe anual de Amnistía señala como uno de los grandes pendientes la persistencia de los obstáculos para acceder a los servicios públicos de salud mental “debido a la insuficiente disponibilidad de citas en un contexto de aumento de la demanda a nivel nacional”.
Al respecto, el organismo ejemplifica con cifras del Ministerio de Salud que, en 2022, registró “823 muertes por suicidio, lo que representaba una tasa de 23,2 suicidios por 100.000 habitantes, más del doble que en el resto de América Latina”.
La cuestión de las adicciones también influye en la seguridad y en los delitos violentos, donde el crimen organizado y el narcotráfico juegan un rol fundamental en la expansión de la violencia. Lejos de avanzar en un abordaje integral que trabaje no solo desde el punitivismo sino también desde la prevención y el acompañamiento, el gobierno recurre a caminos, en principio, polémicos: tal es el caso de la ley de obligatoriedad del Estado de asistir a personas en situación de calle que se votará en mayo en Diputados, la cual habilita a organismos a estatales a retirar contra su voluntad a estas personas.
La sequía histórica que experimentó Uruguay durante el año pasado dejó en evidencia el trabajo pendiente por hacer en materia de calidad del agua potable y de acceso a este recurso vital. Durante el primer semestre, parte del área metropolitana se vio afectada por la escasez de agua apta para consumo, no solo por la menor cantidad sino también por las condiciones en las que el líquido llegó a los hogares.
“En julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos instaron al gobierno a que priorizara el agua para el consumo humano. Según el organismo Obras Sanitarias del Estado y la información proporcionada por la Facultad de Química de la Universidad de la República, el considerable aumento de los niveles de salinidad llevaba tiempo afectando a la calidad del agua potable que consumía más del 60% de la población, especialmente los grupos más vulnerables”, expuso, a modo de resumen, Amnistía en su informe.
Al respecto, el gobierno trabaja en la construcción de una nueva planta potable en San José, conocida como el proyecto Arazatí —o Neptuno—, pero los avances llevan tiempo, así como una gran inversión. Se espera que las obras comiencen en el segundo semestre del año.
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