OSE presentará la semana próxima el recurso de apelación al fallo contra el proyecto Arazatí dispuesto por el juez Alejandro Recarey, que dispone la suspensión de las obras para la construcción de una planta potabilizadora, por detener la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo.
OSE apelará la semana próxima el fallo contra el proyecto Arazatí
La empresa estatal esperará el fin de la feria judicial para pronunciarse contra la medida cautelar dictada por el juez Alejandro Recarey.
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La Justicia ordenó a OSE no firmar el contrato para construir la planta de Arazatí
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El proyecto Arazatí es "fundamental" para el país, sostuvo el presidente de OSE tras el fallo en contra
El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, confirmó que la empresa estatal acudirá a la Justicia “después de la feria judicial”, mientras advirtió que desde su cartera continúan avanzando “los estudios ambientales”, ante la posibilidad de que genere decenas de impactos.
A su vez, según consignó Telenoche, Bouvier apunta a “poner el foco y ser lo más amplios posibles” en el proyecto de la Cuenca del Río Santa Lucía, que busca robustecer el sistema de alerta temprana frente a eventos climáticos extremos.
El juez Recarey hizo lugar hace dos semanas a los planteos de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la agrupación Tucu-Tucu, admitiendo una medida cautelar de “no innovar”, lo que implica que se detengan las obras.
La posibilidad de “un proceso de privatización parcial”
Recarey consideró en su sentencia que existen “bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable", deslizando que el proyecto que el gobierno impulsa como "fundamental" para prevenir los efectos de una nueva sequía infringiría el artículo 47 de la Constitución.
El texto de la Carta Magna establece que "será el privado el que diseñe, construya y mantenga la infraestructura de toma de agua bruta del Río de la Plata”, incluyendo “su análisis inicial, su potabilización, y finalmente su traslado a Melilla (en Montevideo)".
Para Recarey hay "extremos indiciarios serios de que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana de agua de menor calidad a la que podría disfrutar (proveniente de otras fuentes más limpias)".
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